Si se hubieran hecho las cosas de otra manera, la campaña por el voto el 17 de diciembre pudo haber sido con todos los protagonistas del proceso constitucional llamando a votar a favor. Tendríamos el desafío de entusiasmar a nuestros adherentes políticos con un texto distinto del que soñaban, pero en el que aún podrían reconocerse. Estaríamos explicando que tuvimos que ceder para incluir a quienes piensan distinto y que eso no implica claudicar convicciones ni amenazar nuestras formas de vida. Quizás hasta habría cierta épica en el relato de haber logrado acuerdos transversales en tiempos de polarización política.
Así trabajamos en un comienzo, pero luego cambió el escenario. Se olvidó el propósito del proceso, para transformarlo en una plataforma para ganar la carrera presidencial. Volvimos al principio del camino, solo que más cansados y más heridos.
Todos queremos cerrar el tema constitucional. Algunos piensan que eso se logra aprobando la propuesta del Consejo. Yo no veo cómo un texto que nos tiene tan enfrentados puede traer la estabilidad que se espera de ese cierre. Los abogados sabemos que las normas necesitan cierto grado de reconocimiento y adhesión para que funcionen. Especialmente una constitución requiere el sustento de una visión compartida, de lo contrario, la interpretación de sus cláusulas será permanentemente desafiada tanto en el Congreso como en tribunales. Cuando la Constitución no refleja los acuerdos básicos sobre nuestra vida en común, deja de ofrecer contención y el litigio constitucional pasa a ser otro terreno en el que se busca vencer al adversario político o defender intereses privados a costa del interés general. Eso ocurre con la Constitución de 1980, aunque respecto de ella ya tenemos trazado el mapa de sus posibles interpretaciones y sabemos navegarlas.
La aprobación del texto abrirá nuevos conflictos interpretativos, como han anticipado diversos juristas. Además del sesgo ideológico y moral de la propuesta, esta crea extensas áreas de incertidumbre. Cambia la forma en que se entiende la potestad regulatoria y sancionatoria de la administración, poniendo en riesgo la capacidad del Estado para actuar eficazmente en mercados sensibles a la incerteza jurídica; eleva las exigencias para la tipificación penal, pudiendo favorecer la impunidad (reconozco que este error viene del anteproyecto); contiene beneficios tributarios y normas sobre responsabilidad estatal cuyos costos para el fisco son imposibles de anticipar; abre la posibilidad de incumplir las leyes aludiendo a objeciones de conciencia; crea instituciones costosas sin respaldo en la evidencia, como la defensoría de las víctimas, o cuyas atribuciones se traslapan con las de otros órganos, como la agencia nacional contra la corrupción; dificulta la protección de niños vulnerados en sus familias al supeditar condicionalmente su interés superior a la apreciación de los padres; y crea incertidumbre sobre la constitucionalidad de normas vigentes como el aborto en tres causales, el empaquetamiento de cotizantes de AFPs; el sistema de admisión escolar, entre otras.
Aprobar un texto que favorece la confrontación solo prolongará la discusión constitucional, esta vez en tribunales. Busquemos persistentemente espacios de diálogo más modestos, pero honestos para ir dando respuestas paulatinas a las necesidades de la ciudadanía. Cada logro puede reconstruir la confianza necesaria para intentar el siguiente. (La Tercera)
Verónica Undurraga
Ex presidenta de la Comisión Experta
