El 31 de diciembre de 2022, último día de ejecución presupuestaria de ese año, el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso transfirió $401 millones y $380 millones, respectivamente, a las corporaciones Fiscalía del Medio Ambiente (Fima) y Encuentro Permanente de Mujeres por la Salud (Epmusa). De acuerdo con la Contraloría Regional, cada traspaso fue en una única cuota y no conforme a avances efectivos de las actividades comprometidas en sendos convenios.
Por ello, se obligaban a efectuar capacitaciones para el acceso a formación ciudadana para el medioambiente (Terram) y en el acceso a la justicia ambiental (Fima); y a brindar talleres de promoción de los derechos sexuales y reproductivos de «adolescentes y transgéneros» a 240 alumnas de sies colegios de la provincia de Valparaíso (Epmusa).
Tales actividades, según el ente fiscalizador, «fueron planteadas de forma genérica sin ningún tipo de detalle técnico, mostrando, en general, costos globales», sin que el Gore «haya solicitado antecedentes para evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de sus costos», cuestionó la Contraloría Regional tras una auditoría a recursos otorgados por asignación directa a entidades privadas sin fines de lucro de enero de 2021 a mayo de 2023.
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