Hasta hace algunos días, la discusión en torno a la reforma previsional se concentraba exclusivamente en la distribución del 6% adicional de cotización.
La nueva fórmula, impulsada por el Ejecutivo, propone dividir ese porcentaje en un 3% para reparto, un 2% para la cuenta individual y un 1% para apoyar el empleo formal de mujeres.
De pronto, sin embargo, la atención se orientó hacia otro aspecto clave: la licitación del stock de afiliados, que ya está recibiendo algunas críticas.
La iniciativa del Gobierno plantea lo siguiente: cada año habrá una licitación del 10% del stock de afiliados al sistema de pensiones al Inversor de Pensiones (IP), privado o estatal, que oferte gestionar los ahorros previsionales con la comisión más baja.
Esto quiere decir que, transcurrida una década, la totalidad de las personas, nuevas y antiguas, habrán sido licitadas alguna vez.
El proyecto, en relación a esto, establece una restricción. Ningún inversor de pensiones que ya tenga un 30% del mercado podrá participar de las licitaciones de stock, lo que no implica que el inversor no pueda seguir captando a más afiliados por otras vías.
Por otra parte, quienes, tras el proceso de licitación, quieran rechazar que sus ahorros sean traspasados al inversor que gane, pueden efectivamente hacerlo. Sin embargo, dicha voluntad debe manifestarse de forma expresa, lo que pocas personas hacen.
Los cuestionamientos que han surgido en relación a la propuesta del Ejecutivo subrayan, fundamentalmente, una eventual «estatización» de los fondos, que los expertos apuntalan en distintos grados y que tendría como pilar una ventaja del IPE a la hora de competir en la licitación con las entidades privadas, debido a que el respaldo fiscal le aseguraría ofrecer comisiones más bajas.
En estas condiciones, han señalado algunos, al menos las primeras 3 licitaciones terminarían con los afiliados en el Estado. Y si bien algunos son incisivos a la hora de señalar que luego, a través de distintos mecanismos -como la utilización del Banco Estado- el Estado seguiría aumentando su cartera, otros señalan que esto en realidad no será posible. Y que el tope de 30% del mercado constituye una garantía.
La atribuciones y regulaciones del Inversor Previsional Estatal (IPE), como sea, ya fueron aprobadas en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, con ocho votos a favor y cinco en contra.
Pero desde la oposición han advertido que, incluso, estarían evaluando la posibilidad de rechazar la idea de legislar.
ESTADO «PODRÍA CONTROLAR 60% DE LOS FONDOS»
Entre quienes son más críticos con esta parte de la reforma se encuentra Karol Fernández, académica de la Facultad de Economía y Gobierno USS. La investigadora señala que «eventualmente, el Estado podría controlar un 60% de los fondos: un 30% por medio del IPE y otro 30% si la Administradora General de Fondos del Banco Estado decidiera participar del negocio».
Y es que según Fernández, el diseño de la licitación anticipa que habrá poco interés de los privados. Esto porque deberán mantener fija la comisión por 10 años, mientras que el IPE estaría subsidiado por el Estado, lo que le permitiría ofrecer comisiones bajas, incluso si ello les genera pérdidas.
Una valoración similar es la que tiene el ex subrecretario de Hacienda de Sebastián Piñera, Alejandro Weber, quien en una carta a El Mercurio da su parecer. A su juicio, al hacer el ejercicio, las tres primeras licitaciones las ganaría el IPE, «pues por ley le bastará repetir el precio».
«Al alcanzar el IPE la cuota del 30% -añade-, probablemente los únicos inversores privados que existan derivarán de las actuales AFP, pero como el precio de la oferta afectará a toda su cartera, tendrán menos incentivos para ser agresivos en precio. Entonces el nuevo IPE filial del Banco Estado correrá con ventaja».
Con esto, recalca, el Estado «controlará el mercado de capitales con los recursos de los afiliados: podrá financiar créditos, elegirá a los directores de las empresas privadas y será, por lejos, el principal inversionista institucional de Chile».
«EL LÍMITE DE 30% ES BUENO»
El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, y doctor en economía por el MIT, Salvador Valdés, es crítico de la reforma que propone el Ejecutivo. En entrevista con El Mercurio señala, por la licitación del stock, que «el Gobierno lo que ha hecho es generar una licitación con una serie de problemas que le quitan fuerza y utilidad. Entonces, el Gobierno está hundiendo la licitación y hay maneras de rescatarla«.
De todos modos, discrepa de los planteamientos de Weber y Fernández en relación al porcentaje de control del que podría hacerse el Estado. «El límite de 30% yo creo que es bueno -plantea-, porque aquí hay varios riesgos. Uno es que haya un grupo económico que a lo largo de varias licitaciones se vaya quedando con el 80%, el 90% de todos los cotizantes, y eso significaría terminar con la competencia».
«Otro riesgo -dice- es que una AFP del Estado haga lo mismo. Lo que se ha hecho en Chile en mercados como el de los puertos, y hay más ejemplos, es poner un tope a los postores. No puedes tener demasiada participación. A mí me parece una medida de cautela importante, porque no queremos concentrar el mercado de capitales en la parte financiera».
Bajo esas premisas, Valdés no cree que el Estado podría avanzar en tener más del 30% de los fondos en la propuesta del Gobierno.
«Cuando hablamos de un grupo económico -explica- significa que cualquiera sean sus vehículos, pueden ser varias empresas, el tope de 30% tiene que aplicarse al grupo como un todo. Lo mismo vale para el Estado: si el Estado tiene dos AFP, una como filial del Banco Estado y otra un inversor de pensiones como empresa separada, la suma de los dos no puede exceder 30%».
Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes coincide con esto último. A su parecer, «el tope de 30% es bueno, pues en los procesos de fusión de compañías, usualmente parte de las sinergias se traspasan a los clientes, pero eso tiene un límite. Cuando la concentración de los negocios es mayor a ese límite, normalmente el beneficiado es quien administra el negocio».
Desde esa perspectiva, plantea que el riesgo del Inversor Público más que ser monopólico, es de competencia desleal, «pues a los administradores de las AFP se les pedirá cuentas que seguramente no se les puede pedir al IP, dentro de otras cosas, por límites en renta para contratar a administradores experimentados».
«INTENCIÓN FINAL DE LA LEGISLACIÓN NO ES CLARA»
Otro de los académicos que se ha mostrado crítico con la propuesta que se discute es David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC.
El también ex presidente de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones reprocha que «el proyecto del Gobierno quiere hacer todo junto: la separación de funciones, la licitación de fondos y la entrada de un actor estatal«.
Subraya, teniendo en cuenta lo anterior, que «los riesgos son enormes y corresponde a un acto imprudente y exagerado. En ese contexto, no queda claro cuál es la intención final de esta legislación».
Por último, indica que «si uno mezcla el actor estatal con la separación de funciones y la licitación de stocks, no se puede garantizar igualdad de condiciones«.
Para algunos, en todo caso, parece haber en la reforma un fin más o menos claro. Fernández, de la USS, señala que «creo qué hay un objetivo por entregarle cada vez más poder al Estado en el sistema Previsional: el Estado no solo administraría parte importante del ahorro, sino que también nombraría a los consejeros que gestionarían el Fondo Integrado de Pensiones y elegiría a través de licitación al administrador Previsional».
Desde la industria, en tanto, la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, indicó en un seminario organizado por la UDP que «si antes había un riesgo de estatización, ahora es mayor«.
