El asesinato de los dos agricultores en la comuna de Malloa, en la Región de O’Higgins, por parte de cuatro sujetos –sobre quienes se investiga si son miembros de “Los piratas del Tren de Aragua”–, vuelve a remecer la agenda de seguridad del Gobierno. Durante diciembre y enero se ha visto un aumento de homicidios y, con este caso, se activaron los gremios de agricultores y transportistas, exigiendo medidas a corto plazo para controlar los crímenes. La oposición, naturalmente, respaldó a estos gremios. Sin embargo, la demandas en orden a que se acelere la tramitación de la ley sobre infraestructura crítica, que habilita el uso de contingente militar sin la necesidad de la dictación de un Estado de Excepción Constitucional, esta vez tienen respaldo desde las filas del propio oficialismo.
En este, por cierto, no desconocen el problema. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusó recibo de la crisis y por ello ayer dijo que “al 21 de enero de 2024, por supuesto que veo que en la Región Metropolitana en particular hay una mayor cantidad de homicidios que en los primeros 21 días de 2023”. Sobre estos casos, adelantó que un 37% de ellos podría estar vinculado al crimen organizado.
Como ofensiva, Monsalve informó que se instalarán 50 puntos de control en 15 comunas que “tienen el 60% de los homicidios de la Región Metropolitana”. Son lugares “estratégicos” y por eso el subsecretario decidió no adelantar las locaciones, pero sí informó que en estas se instalarán 11 funcionarios de Carabineros, entre personal del GOPE, COP y Radiopatrullas.
El subsecretario del Interior añadió que la fecha de implementación sería durante “los próximos días” y también detalló que se invertirán 6.600 millones de pesos en equipamiento y tecnología para la policía. Monsalve aseguró, además, que se encuentra en curso el proceso de compra de 26 vehículos blindados y 30 drones.
Dicho anuncio, sin embargo, no logró satisfacer las exigencias del mundo de la agricultura, pues al mediodía de ayer representantes de gremios agrícolas llegaron al Palacio de La Moneda. “Trajimos una carta al Presidente de la República, no solicitándole medidas, sino exigiéndole, en un plazo de 48 horas, que convoque al Consejo de Seguridad Nacional, que cierre las fronteras, que respalde todo lo que tiene que respaldar a las familias de los agricultores, ya que hemos visto ausencia del Gobierno”, dijo Marcelo Fuentes, presidente de la Federación de Agricultores de la Región de O’Higgins.
Fuentes aseguró que pertenecía a “un gremio dialogante” y que “no vamos a romper la institucionalidad, tampoco vamos a caer en hacer algunas acciones que no corresponda”, sin embargo, advirtió que, en caso de no ser atendidas sus demandas, “estaremos en libre disposición de conversar con todas nuestras bases y poder manifestar mayor fuerza”.
No descartó –precisó– “medidas que endurezcan el recibimiento de nuestro petitorio como gremios”, al tiempo que solicitó, particularmente, “más presencia policial en los terminales hortícolas” y “que se establezca un Estado de Excepción, para que las Fuerzas Armadas controlen la seguridad en las carreteras y en la infraestructura crítica”.
Flanqueando al dirigente gremial estaba el diputado Diego Schalper (RN), quien aseguró que “tal como se hizo en la macrozona norte, le exigimos al Gobierno que supere sus traumas y que esté disponible para que los militares puedan custodiar la infraestructura crítica, los lugares de venta, los caminos”.
Por su parte, el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, si bien declaró su empatía “ante lo que ocurre” y aseguró que “la principal preocupación del Gobierno es la seguridad”, no acusó recibo del ultimátum: “Un mejor Chile no se construye a través de ultimátums, sino que a través del diálogo y, por tanto, lo que necesitamos es diálogo”.
PARLAMENTARIOS
“La forma no son las amenazas ni los ultimátums”, coincidió el diputado Raúl Soto (PPD). Sin embargo, sí sostuvo que comparte “el fondo de las medidas planteadas”. Además, agregó que “hay que utilizar contingente militar para complementar los esfuerzos de las policías en materia de seguridad”.
Soto, de hecho, propuso “una operación rastrillo para atrapar a los delincuentes extranjeros” y, con ello, “cerrar la frontera o al menos robustecer el control policial y militar en la zona”.
El diputado Raúl Leiva (PS) pertenece a la Comisión de Seguridad de la Cámara y sostuvo que la situación es “muy compleja en materia de seguridad y hay que abordarla en su mérito, entender que no existen soluciones mágicas o balas de plata que permitan solucionar una problemática profunda multifactorial y que se arrastra desde muchos años”.
A su juicio, el Gobierno “ha desarrollado todas las políticas y los ejercicios necesarios para combatirlo claramente en el Congreso Nacional”. Ahí, Leiva dijo ver en la diversidad de las posiciones oficialistas “matices respecto de muchos temas que se han votado”. Sin embargo, a propósito de la crecida de la crisis, afirmó que “esas personas que manifestaban algún tipo de matiz o reticencia a algunas formas de persecución criminal, han ido modificando o moderando su posición”.
El parlamentario socialista hizo hincapié en que “el crimen organizado no se combate solo con eventualmente (tener) militares en la calle y colocarlos en distintas funciones liderando funciones policiales”, sino que –señaló– hay que entender que en el crimen organizado “hay un verdadero modelo de negocio y ese es el que es necesario atacar, con nuevas formas, con mayor inteligencia y con técnicas especiales investigativas mucho más intrusivas, que permitan develar este tipo de organizaciones”.
A pesar de aquello, el diputado Leiva sí reconoció que “está pendiente el resguardo de la infraestructura crítica”, pues aseguró que “está dando resultados” en el norte. Al consultar en el Ministerio del Interior por este proyecto, que según Schalper “duerme en el Senado”, señalaron que ya le pusieron suma urgencia a la Cámara Alta y que el proyecto se renovó el 16 de enero.
Otro miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Jaime Araya, independiente PPD, aseguró que “entiendo y empatizo con la preocupación (del gremio transportista). Yo vivo en el centro de Antofagasta, que es tierra de nadie, donde hay mínimos controles, por lo que siento la misma rabia e impotencia que los camioneros, pero tengo claro que un paro no arregla el problema, al revés, lo agrava”.
Araya dijo no tener dudas respecto a “los esfuerzos por parte del Gobierno”, pero añadió que “este problema es muy complejo y multidimensional, quizás hay que volver a repensar cómo sumar nuevas acciones y nuevas voluntades”.
En ese sentido, el parlamentario planteó que el Ejecutivo debería enfocar su legado en la tarea de seguridad: “Debe convencerse de lo importante que resulta dejar como legado un país cuya democracia no está amenazada por el crimen organizado, narcotráfico, corrupción ni terrorismo, creo que eso le da sentido de misión a los dos años que tenemos por delante”.
Sobre el uso de contingente militar en la RM, aseguró que “quizás fui uno de los primeros en solicitar que, en vez de Estado de Excepción, se evaluara aplicar infraestructura crítica en diversos puntos del país”. Esto, explicó Araya, es porque la medida “es mucho más flexible y permite operaciones combinadas entre policías y Fuerzas Armadas y no se suspenden garantías fundamentales”.
Desde el Ejecutivo no ha habido definiciones sobre el uso de contingente militar para enfrentar la crisis de seguridad, pero fuentes de Palacio señalan que no dan por descartada ninguna herramienta que tengan a la mano y que se encuentran en estado de evaluación al respecto. (El Mostrador)
