Mientras la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, y el director (s) de Educación Pública (DEP), Rodrigo Egaña, se trasladaron este miércoles a Atacama intentando atajar una incipiente nueva crisis en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) homónimo, a casi 840 kilómetros de distancia las oficinas del SLEP Colchagua, que administra la educación de las comunas de San Fernando, Chimbarongo, Nancagua y Placilla en O’Higgins, eran allanadas por funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), donde el Ministerio Público investiga presuntos desvíos y mala utilización de dineros de la educación pública.
El allanamiento a las oficinas del SLEP y la confiscación de computadores, entre otras cosas, en todo caso no fueron las únicas diligencias realizadas por la PDI, toda vez que además de la acción en calle Chillán, San Fernando, también se allanaron los domicilios particulares de los mismos tres funcionarios del SLEP Colchagua que están siendo motivo de la investigación que indaga la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de O’Higgins y que está siendo encabezada por el fiscal jefe de Alta Complejidad, Carlos Fuentes, quien solicitó al tribunal las órdenes de entrada y registro.
“Tenemos unas denuncias de algunos funcionarios y también dos informes de la Contraloría que dan cuenta de posibles irregularidades en el manejo de los dineros. En virtud de aquello y de las diligencias que incorporó la PDI en la carpeta de investigación se solicitó una orden de entrada y registro de incautación, la cual fue otorgada, por los antecedentes que ya teníamos en la investigación y se procedió a la ejecución de aquellas incautaciones”, explicó el fiscal Fuentes, quien añadió que el posible delito que están investigando es el de malversación de caudales públicos, sin registrar por ahora detenidos.
La investigación se lleva a cabo luego de que Contraloría revelara irregularidades en dicho SLEP (que ya estaba en crisis porque su director enfrentaba un proceso de remoción después de que se empezaran a conocer estas situaciones), lo que incluso ha amenazado con repetirse en otros servicios del país. En concreto, la Contraloría Regional había auditado los fondos transferidos al SLEP y sus rendiciones y detectó que el servicio pagó indemnizaciones a profesores y asistentes de la educación por más de 2 mil 200 millones de pesos antes de que fueran aprobados por la Dipres y entregados al SLEP. Así, acorde a la pesquisa del ente contralor, para pagar las indemnizaciones el SLEP sacó dineros de otras fuentes de financiamiento, mayoritariamente desde el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19. Básicamente, lo que se investiga son desvíos de recursos, malversación de fondos y fraude al Fisco.
El subprefecto Jorge Zapata, del Equipo de Investigación Preferente de Alta Complejidad de la PDI, detalló: “Concurrimos con personal de nuestro laboratorio de criminalística que procedió a revisar algunas incautaciones, pericias al interior que consistían efectivamente en la recopilación de evidencias, correos electrónicos, incautaciones de almacenamiento de información como computadores y teléfonos”.
Así, de golpe y porrazo, aunque a sabiendas del delicado momento del SLEP colchagüino, a la DEP y el Ministerio de Educación se les abre, por lo mediático y llamativo que supone ser un allanamiento, un nuevo foco de conflicto de un proceso de desmunicipalización que este gobierno abraza con fuerza y ha defendido sistemáticamente, a pesar de los golpes en contra y a pesar del afán de una parte del Congreso por ponerle una pausa total a los traspasos hasta que, según ha argumentado, se corrijan todas las falencias antes de seguir creando SLEP.
Y si bien el hecho de este jueves es parte de una investigación que ya se conocía, hoy cobra relevancia toda vez que Colchagua fue uno de los ejemplos que parlamentarios pro ponerle freno a la desmunicipalización utilizaron para graficar que a la nueva institucionalidad aún le faltan pasos de maduración.
Una vez conocido el informe de Contraloría que derivó en estas diligencias, el SLEP Colchagua emitió un comunicado en el que recordaban su propio proceso investigativo y de remoción del hasta ese entonces director ejecutivo titular, Óscar Fuentes. “Esta etapa indagatoria se extenderá hasta que el fiscal (de la DEP) dé por cerrada la investigación, previo a la eventual formulación de cargos, momento en el cual el expediente sumarial dejará de ser secreto para el inculpado y su abogado”, decían.
“En caso que la indagatoria constate hechos constitutivos de delito, el fiscal de la DEP que realiza el procedimiento administrativo deberá solicitar en su dictamen que los antecedentes sean remitidos a la justicia ordinaria. Junto con instruir el procedimiento de remoción, la DEP ha realizado un acompañamiento permanente al SLEP Colchagua y a la gestión que realiza el director ejecutivo subrogante, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del servicio por el bien de sus funcionarios, funcionarias y de todas las comunidades educativas”, sumaban.
Desde la DEP reseñan que fue el Juzgado de Garantía el que ordenó el ingreso, registro e incautación de computadores y celulares (también correos electrónicos y documentación) de tres funcionarios en sus residencias personales, así como el mismo proceso en el SLEP Colchagua, y que esta orden se da “debido a acusaciones de fraude al Fisco, cohecho y falsificación de instrumentos públicos y de instrumentos privados, causa que se inició por informes de la Contraloría General de la República sobre posibles irregularidades durante el traspaso de la administración y recursos de la Corporación Municipal de San Fernando al SLEP Colchagua”.
“El Servicio Local de Educación Pública Colchagua está colaborando y colaborará en todos los procesos y acciones requeridas por la justicia”, cierran. (La Tercera)
