Insulza denuncia que Chile no está expulsando a venezolanos ilegales

«La principal población extranjera que ha ingresado de manera irregular a Chile es de nacionalidad venezolana y para poder cruzar a ciudadanos venezolanos a Venezuela, se requiere necesariamente la coordinación con el gobierno venezolano. Sino, no es posible».

Con esas palabras el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó la situación migratoria del país, así como a la decisión del Ejecutivo de no cortar relaciones diplomáticas con Venezuela, en medio de diversas tensiones en la materia.

Esto, a raíz de los nuevos antecedentes relacionados con el secuestro y posterior homicidio del ex teniente venezolano Ronald Ojeda, que se conocieron luego de que el fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, informara que ya habrían sido desechadas las hipótesis vinculadas al crimen organizado, apuntando a un crimen ordenado desde su país de origen.

«Se ha hablado mucho de terminar las relaciones diplomáticas», dijo Monsalve a «Mesa Central» de T13, y luego profundizó: «Si termináramos las relaciones diplomáticas hoy día, les estaríamos regalando la impunidad a los dos venezolanos que participaron en el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda. Estaríamos desahuciando la posibilidad de que Chile accediera a tener justicia».

En ese contexto, diversas figuras del mundo político han alertado por la gran de cantidad de expulsiones pendientes, asimismo como por la falta de voluntad del gobierno Venezolano al respecto.

«A Chile en general no le sirve tener estas relaciones con un Gobierno que es una dictadura. Los aviones que se han enviado, poquititos, los últimos que ha tratado de enviar este Gobierno, no funcionan», señaló al respecto el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

CÁRCEL PARA EXTRANJEROS Y CENTROS PROVISORIOS

En esa línea, en diálogo con Radio Universo Kast propuso cortar relaciones diplomáticas con el país y fue más allá: «cortaría (relaciones con Venezuela) y aquí construiría cárceles segregadas para los extranjeros y esos extranjeros como no tienen familia acá tampoco vamos a permitir que sus familiares vengan a saludarlos ni a visitarlos, ni que los carteles ni que las bandas tengan este flujo de visitas permanentes».

«Una cárcel sólo para extranjeros», insistió, añadiendo que «los extranjeros no tienen porqué estar mezclados con los chilenos. Si nosotros fuéramos gobierno los regímenes serían iguales para todos. Todos tendrían su uniforme, bien limpios, todos tendrían certeza de que en la cárcel no los van a violar, no los van abusar, no van a tener que pagar por su seguridad. Hay un dicho muy claro y sencillo que dice ‘el que maneja la cárcel maneja la calle’, eso estaba pasando en Ecuador, está empezando a pasar en Chile y eso tiene que terminar».

«De todas maneras el régimen penitenciario tendría cambios, pero para llegar a los cambios tenemos que también hacer cambios en el tipo penal, en la facultad de investigación que puedan tener las policías, etc. Pero de todas maneras Chile necesita nuevas cárceles o mejorar las que tenemos», agregó.

Con lo anterior, Kast también aseguró ser partidario de la creación de un centro de detención provisoria, mientras que se mostró a favor de la instalación de puntos de control en los megacampamentos, con el fin de concretar detenciones y deportaciones.

«Hungría también tiene un centro de detención provisoria, porque cuando las personas cuando superan las zanjas entran y lo que hay que evitar es que lleguen, en este caso, a Iquique, a Antofagasta y que después se desplieguen por todo el país. Esas personas tienen que tener un centro donde puedan estar provisoriamente hasta que sean deportados y la deportación no necesariamente a Venezuela, es a Bolivia, si los bolivianos tienen que hacerse cargo del flujo de personas que circulan por su país. Ellos tiene que frenar la migración que viene de Perú a Bolivia y los peruanos tendrán que evitar la de Ecuador a Perú y los ecuatorianos la de Colombia a Ecuador. Nosotros no tenemos porqué asumir la responsabilidad de todo el flujo migratorio», sostuvo.

En tanto, afirmó que en los megacampamentos, como en el caso de la comuna de Cerrillos, «se requiere una intervención policial para poder requisar todo el armamento ilegal que existe en esos lugares. No son todos los vecinos de los campamentos los que están en esta situación y ellos también viven atemorizados por estas pandillas. Hay que hacer una intervención. O se revisa al salir y nadie sale sin revisión o se revisa al entrar. Puntos de control con refuerzo. Si hay personas con antecedentes hay que encerrarlos. A otros habrá que deportarlos y a otros habrá que llevarlos a lugares provisorios».

EXPULSIONES PENDIENTES

Por otro lado, quien también se refirió a lo anterior fue el senador José Miguel Insulza (Partido Socialista), quien alertó por las expulsiones pendientes, señalando que muchas de ellas no se concretan porque «nosotros no los mandamos».

«Lo que queremos es tener puentes. Estamos en una situación difícil, es un problema grave. Además no estamos haciendo todas las cosas que tenemos que hacer, yo tengo entendido que el último avión que se fue a Venezuela con gente expulsada de Chile eran bastante pocos los que iban arriba del avión, entonces mi pregunta es ¿Por qué no se está acelerando eso?», sostuvo el parlamentario en conversación con radio Pauta.

Así, recordó por ejemplo el caso de los responsables del crimen del mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez. «Esta gente que estaba con orden de expulsión…. ¿Por qué no se fueron arriba de ese avión por ejemplo? Me he enterado en los últimos días de que este tema de que no estemos expulsando, no es sólo que los venezolanos no los reciban, sino que nosotros no los mandamos», concluyó.

THAYER RESPONDE A INSULZA

El director nacional del Servicio de Migraciones, Luis Thayer, salió rápidamente a contradecirlo. “El gobierno de Chile todas las semanas expulsa personas a Venezuela a través de vuelos comerciales. En lo que va de año, se han expulsado 52 hacia ese país, y el año pasado un tercio de las expulsiones, 343, tuvieron ese destino”, sostuvo.

En el mismo tono, Thayer agregó: “Es importante señalar que se ha avanzando en la implementación de los vuelos chárter, tenemos un trabajo en curso que depende, en parte, de la autorización que debe realizar el gobierno venezolano”.

Las demás gestiones, aseveró, dependen de las labores que están desplegando como servicio y de los diálogos que ha seguido sosteniendo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Conforme al detalle entregado por el Servicio Nacional de Migraciones, 2023 fue el año en que más ciudadanos venezolanos fueron expulsados del país. Según los registros, en dicho periodo salieron 343, mientras que en 2022 fueron 65.

Expulsión ciudadanos venezolanos:

De igual forma, desde la entidad encabezada por Thayer hacen presente que se ha aumentado el número de decretos de expulsión.

Si en 2022 se firmaron 930 decretos de expulsión, en 2023 fueron 1.462, y en lo que va de 2024 ya suman 1.160.