La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó esta mañana el frustrado viaje que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, pretendía hacer con destino a Venezuela.
Fue el miércoles en la noche cuando el jefe comunal llegó hasta el Aeropuerto de Santiago para embarcar en un vuelo Copa que lo llevaría a Caracas, previa escala en Panamá. Sin embargo, la Policía de Investigaciones, luego de comunicarse con la Fiscalía Centro Norte, frenó su viaje.
La fiscal Giovanna Herrera alertó que el alcalde está a un mes de su formalización por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
Más tarde, el propio Jadue explicó que había recibido una invitación del gobierno de Nicolás Maduro para participar de una instancia organizada por el Ministerio de las Comunas de ese país. Esto, con el fin de “presentar un programa para administración de los fondos que desde los niveles centrales llegan a los municipios”.
Jadue acusó una “abierta acción de discriminación y un “abuso de poder”. Asimismo, anunció acciones legales. Por su parte, militantes del Partido Comunista acusaron “una persecución política” contra el alcalde.
“No existe ninguna medida en su contra y este apremio es del todo ilegal”, dijo, por ejemplo, la diputada Nathalie Castillo.
En entrevista con radio Duna, Vallejo se refirió al caso de Jadue en la misma línea que ayer lo hicieran el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el ministro de Justicia, Luis Cordero. Esto es, afirmando que la investigación está a cargo del Ministerio Público. “Tenemos una institucionalidad que tiene que funcionar”.
“En todo momento nosotros no solo respetamos la autonomía y las definiciones que tiene el Ministerio Público, sino que también las atribuciones y facultades que tienen los propios implicados o imputados para para defenderse”, agregó.
Respecto a la defensa que hizo el PC por Jadue, partido también de la vocera de gobierno, Vallejo dijo: “Los partidos tienen su autonomía y su derecho a poder defender a los suyos en base a las herramientas que dispone la constitución y las leyes”.
Finalmente, consultada por el supuesto “atentado contra la democracia” y la “persecución” que alegó Jadue, señaló: “No me voy a pronunciar sobre las percepciones de cada quien, cada uno tiene sus propias razones. En este sentido, el gobierno toma distancia de las interpretaciones políticas y lo que hace básicamente es poder respetar las facultades que tienen tanto el alcalde como la fiscalía para proceder en estos casos”.
«GESTO DE DEFERENCIA»
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, afirmó que la llamada de la Fiscalía a la defensa del alcalde Daniel Jadue en relación al intento de viaje a Venezuela, fue un “gesto de deferencia” al haberle avisado que de no desistir de su periplo, se cursaría una orden de detención en su contra.
Las declaraciones del secretario de Estado se dieron luego de que la noche del miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI) impidió a Jadue concretar su subida a un avión que tenía como destino Venezuela por una “alerta preventiva”, que obligaba a dar aviso a la fiscal Giovanna Herrera por su presencia en pasos fronterizos.
Consultado Cordero respecto si tal accionar era un “abuso” como lo catalogó el militante comunista, el ministro Cordero señaló en entrevista con CNN Prime que “los antecedentes que tengo yo son los mismos que tiene todo el público. Entiendo que es una llamada telefónica que realiza la fiscal (Giovanna Herrera) al abogado del alcalde Jadue (Ramón Sepúlveda). Yo creo que pocas personas tienen ese gesto, entiendo que dada la conversación que tuvieron, el alcalde toma la decisión de retirarse del aeropuerto”.
“Yo tengo la impresión de que sí”, dijo el titular de Justicia consultado sobre si la comunicación entre la Fiscalía y el jurista Sepúlveda se trató de un “gesto de deferencia” hacia la autoridad comunal.
Y recalcó: “Yo lo entiendo como un gesto de deferencia… para que el alcalde tomara voluntariamente la decisión de continuar con su viaje o abandonar el lugar”.
En ese sentido, añadió que “en cualquier caso, el alcalde está en su legítimo derecho de evaluar esta conducta del Ministerio Público y eso explica la razón de su amparo de garantía de este viernes, que probablemente se va a debatir qué es lo que genuinamente pasó ese día”.
Cordero valoró la audiencia de garantías cautelares requerida por la defensa del alcalde y que quedó fijada para este viernes en el Tercer Juzgado de Garantía, “porque va a permitir discutir la situación cómo fue y permitir argumentar al Ministerio Público qué es lo que genuinamente ocurrió”.
La autoridad explicó que “en otras condiciones probablemente, hubiese sido o no hubiese tomado ninguna decisión el Ministerio Público o bien hubiese solicitado una orden de detención como ha sucedido en el pasado”.
“Efectivamente el alcalde no estaba con arraigo”, señaló Cordero y agregó que “me parece que el Ministerio Público por la información que recibió de la PDI tomó la decisión de tener esa conversación”. (La Tercera)
