Una extensa jornada de debate vivieron este jueves las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y de Constitución de la Cámara de Diputados, a fin de despachar la ley que establece las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las Fuerzas Armadas y cuerpos de orden mientras cumplen labores de orden público.
En la instancia, los legisladores aprobaron la polémica indicación que busca devolver a la justicia militar los casos en que militares o policías incurren en un delito vinculado con las RUF. En principio, su admisibilidad se visó por 14 votos a favor y 12 en contra; y luego se aprobó el contenido de la norma por el mismo resultado.
En concreto, la controvertida indicación señala que «durante la vigencia de los estados de excepción constitucional, la protección de la infraestructura crítica, el resguardo de áreas de zonas fronterizas y el resguardo del orden público en relación a los actos electorales y plebiscitarios a que se refiere la Constitución Política de la República, los delitos imputados a militares en actos de servicio militar, en cumplimiento de sus labores o con ocasión de ellas, serán siempre conocidos por los tribunales señalados en el artículo primero del Código de Justicia Militar».
«En ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenidos en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares«, agrega.
La idea de involucrar a la justicia militar en este aspecto del proyecto había sido duramente criticado por el Ejecutivo en la antesala de la votación de hoy, al considerarlo un «retroceso» democrático.
De hecho, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, anunció reserva de constitucionalidad en caso de que la norma avanzara en las comisiones. Según el secretario de Estado, «siempre el autor, el mocionante o el Presidente de la República cuando presenta mensaje, son los que determinan cuáles son las ideas matrices de un proyecto de ley, y el sentido de las ideas matrices es muy relevante, ya que permite que no se aborden materias que no han sido objeto del debate parlamentario con la suficiente acuciosidad y con el tiempo necesario».
«Por lo tanto, nosotros hacemos la reserva de constitucionalidad en la eventualidad de que esto tenga que ser resuelto por el órgano jurisdiccional correspondiente», acotó Elizalde. (Emol)
