La bancada de diputados del Partido Por la Democracia (PPD), que integran militantes de la colectividad e independientes, anunció que acudirá a la Contraloría General de la República para que se revise la legalidad del acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio, anunciado este 31 de mayo.
Para Cristián Tapia, miembro de la Comisión de Minería de la Cámara Baja, «es inmoral este negocio, que Codelco le ha fallado a todos los chilenos y chilenas, porque a Soquimich le cuesta cero pesos poder invertir en este proyecto».
«Solamente Soquimich va a tener utilidades por 30 años porque tiene el 49,9% de las utilidades que va a generar este proyecto. Son cerca de 13 billones de dólares que como Estado le vamos a entregar a esta empresa. Y así como es inmoral, inclusive creemos que es hasta ilegal, raya en la ilegalidad», acusó.
Según Raúl Soto, militante del PPD y extimonel de la Cámara, «nos oponemos rotundamente al acuerdo trucho, espurio, construido entre cuatro paredes y entre gallos y medianoche por el gobierno, a través de Codelco con SQM. Por mucho menos, quienes hoy somos oficialistas, en su momento, cuando éramos oposición a Piñera, levantamos la voz en esta sala de la Cámara de Diputados cuando se anunció una negociación vía licitación».
«No sólo vamos a recurrir a la Contraloría General de la República, sino que a todas las instancias recursivas dentro de los procesos de evaluación que continúan, porque yo también lamento que acá se haya establecido un mínimo tan bajo en torno a la exclusión de la familia Pinochet. Chile teniendo una de las mayores reservas del mundo, debiera garantizarse que llegue a todos los chilenos y chilenas aquellos recursos», sumó la diputada independiente Camila Musante, también parte de la bancada PPD.
CONSEJO MINERO
La noticia del día es el acuerdo que se firmó entre Codelco y SQM hace poco para crear una megaempresa que transformará a Chile en el primero productor de litio, la empresa más grande del país.
Al ser consultado sobre cómo se ve desde la industria esta asociación pública-privada en la que el Estado va a tener, a partir del 2031, el control de la empresa, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, señaló que “no cabe ninguna duda de que esto es un triunfo para el Gobierno y la política nacional del litio que ha liderado este Gobierno”.
“Lo que quería era tener un acceso rápido a la utilidad proveniente de la exportación del litio. Si hubiera esperado la constitución de una empresa nacional del litio y comenzar con una nueva explotación, se habría demorado entre 5 y 8 años, que es lo que se demora en obtener todos los permisos para una nueva explotación”, agregó.
En ese sentido, el presidente ejecutivo del consejo minero indicó que “la firma del acuerdo hoy día, sin lugar a dudas, le apunta a un éxito en la línea que ha planificado el Gobierno para la explotación, especialmente del carbonato de litio. Esto significa un incremento de producción para SQM inmediatamente. Evidentemente, esto es un muy buen negocio”.
Cuando se presentó la estrategia nacional del litio y se estableció que el Estado, en el caso del Salar de Atacama, siempre iba a ser el controlador de las sociedades que estuviesen explotando este mineral, hubo mucha crítica del sector privado. Sobre este tema, Villarino afirmó que “la política nacional del litio implicaba una empresa nacional del litio y eso con el tiempo se ha ido desfigurando. Hoy en día la mayoría de los expertos y parte del mundo político dan por descartado la creación de una empresa nacional del litio“.
“También ha evolucionado las apreciaciones originales de que el Estado iba a controlar todas las nuevas explotaciones de litio. Hoy en día, en algunos salares, el Estado va a tener el control, en otros va a tener participación, pero no necesariamente mayoritaria. Es decir, se ha abierto la puerta porque la realidad pesa mucho más que algún voluntarismo que uno pueda tener de hacer las cosas”, agregó. (Cooperativa-Pauta)
