Durante todo el año pasado, el gobierno y el propio Ministro Eyzaguirre aseguraron que la promesa de gratuidad para los estudiantes de educación superior tendría como único criterio rector “la vulnerabilidad de los alumnos”.
Sin embargo, esas palabras se las llevó el viento. La Presidenta Bachelet el pasado 21 de Mayo anunció que tal gratuidad partiría el próximo año hasta el 60% (hoy el sistema de becas y créditos alcanza al 70% pero las ayudas no son integrales, es decir, los estudiantes deben “completarlas” con recursos propios).
¿Dónde radica la “letra chica”?
En que arbitrariamente excluyó a los estudiantes de las universidades privadas y estableció requisitos para los Institutos Profesionales (IP) y los Centros de Formación Técnica (CFT) que hacen elegible apenas al 12% de la matrícula para optar a la gratuidad.
El caso de las universidades es elocuente: En las universidades CRUCH están matriculados (según la última encuesta CASEN) 152.094 proveniente del 60% más vulnerable y en las NO CRUCH, es decir las privadas, están matriculados 170.106. De acuerdo al gobierno, los primeros tendrán acceso a la gratuidad y los segundos no.
Absurdo, injusto y discriminatorio.
El sacerdote Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado, a quien nadie ha osado imputar que es una institución que “lucra” lo ha señalado con todas sus letras: “Me parece arbitraria y no tiene como primer criterio a la gente que más lo necesita”. Y ha ido más lejos: “me cambian las reglas del juego. Tengo más del 60% de alumnos de los primeros quintiles y si a esos muchachos les ofrecen otra parte gratuita, se van a ir aunque nuestra universidad sea mejor. Están jugando con fuego. ¿Por qué les cortan las alas a estudiantes más pobres?
No hay razón alguna para que el gobierno persevere en una medida de esta naturaleza.
