El país está conmocionado por los diecisiete homicidios del fin de semana pasado. Estamos en la peor crisis de inseguridad desde el retorno a la democracia. ¿Pero es solo un problema del ámbito de la seguridad pública, una crisis que debe resolverse entre policías, gendarmes y fiscales, en mesas de coordinación sobre recursos y procedimientos contra el crimen? ¿Es un problema de políticas públicas, que es necesario abordar con un listado de medidas y expertos? Es evidente que no; pero, una vez más, la mayoría adopta la cómoda actitud de intentar convertir las dificultades en una cuestión de gestión, como si la solución la fuéramos a encontrar entre gráficos, curvas de eficiencia y gerentes públicos, ojalá ascépticos de cualquier idea que confronte nuestras diferencias y nos obligue tanto a señalar responsables, como a tener que asumir opciones políticas.
Lo que Chile vive es una crisis del Estado de Derecho, una degradación gravísima del imperio de la ley, es decir, de nuestra capacidad hacerla cumplir. Lo que nos sucede no es algo desconocido, es sencillamente que cuando la ley no tiene fuerza, la fuerza es la única ley. Las mafias del crimen organizado no llegaron producto de una migración de la naturaleza, no las trajo el clima, sino el incentivo que les provocó un país crecientemente anómico, con un sector político que llamaba represión a cualquier esfuerzo por imponer el orden jurídico, con un discurso que concebía los espacios públicos como tierra de nadie, en que se podía hacer cualquier desmán y defenderlo como “manifestación”.
Una sociedad sin un sistema de normas sólido, es una sociedad sin seguridad jurídica, de la que arrancan los inversionistas formales, que producen empleo y desarrollo, mientras llegan los “inversionistas” del crimen, los que traen violencia, inseguridad y corrupción. Frenar esto requiere un cambio que tiene que partir desde arriba, mientras sigamos teniendo un sistema político que funciona privilegiando sus objetivos ideológicos por sobre el respeto a las reglas no habrá solución.
Qué esperanza podemos tener de volver a vivir en un país en que exista seguridad jurídica, si el gobierno está preocupado de cambiar las reglas del juego electorales a tres meses de las elecciones y saltándose la Constitución. Qué policía va a imponer la ley y el orden si a un carabinero -el cabo Zamora- que hacía su trabajo lo dieron de baja y lo persiguieron judicialmente por años. Los que llamaban a refundar Carabineros y los definían como una organización criminal, ahora se justifican diciendo que les han comprado radiopatrullas.
Los que creían que la anomia octubrista, los aplausos a la “primera línea”, el fraude a la Constitución para autorizar retiros de fondos previsionales, la destrucción de la autoridad policial, el llamado a la inmigración sin reglas, la idolatría del perro “matapacos” y un largo etcétera, no tendrían consecuencias permanentes, deberían haber descubierto el fin de semana pasado, con diecisiete muertos, que estaban en un error. (La Tercera)
Gonzalo Cordero
