Aunque el Gobierno está impulsando una agenda para reducir los tiempos de tramitación administrativa para los proyectos de inversión, la «permisología» ligada a la reclamación judicial de los proyectos no ha mejorado en los últimos años.
De acuerdo al balance periódico que realiza la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), con base en los proyectos de inversión que tienen causas en trámite en los Tribunales Ambientales, el «stock» de reclamaciones esperando una sentencia ha ido en progresivo aumento desde el cierre de 2022, pasando de 32 causas a un total de 46 al cierre del primer semestre del este año. Por el lado de los montos también se constata un incremento.
Al cierre de junio pasado, el monto de la inversión relacionada con las causas acumuladas en los tribunales ambientales sumó US$9.833 millones, más que el semestre pasado y muy por encima de los US$3.245 millones que estaban en trámite hace doce meses.
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