Frase muy escuchada estos días dirigida a quienes se oponen a la eliminación o disminución de la multa por el voto obligatorio que se ha querido imponer desde el gobierno. El diputado Winter la llamó la ley “anti pobres”; la ministra Tohá se refirió a los opositores: “Se nota que no tienen problemas de bolsillo”.
La congruencia política es escasa cuando la argumentación utilizada se manipula a conveniencia.
La reflexión serena y crítica sobre los efectos de una legislación solo será posible si se asume una responsabilidad objetiva y se admite el convencimiento moral y político de las propias acciones.
Quienes llevan las riendas del país deben actuar con congruencia política y trabajar por el beneficio de toda la nación.
Una acción vale más que mil palabras. Respecto el voto y la pobreza: Movilización gratuita el día de las elecciones, preferencia en la fila para adultos mayores y enfermos; preferencia para embarazadas. Facilitar que la gente vote. Quienes estén impedidos por causas justificadas no pagan multa. Eso resuelve la discusión de la multa y nutre la democracia.
Es esencial preocuparse por todos los que tienen “problemas de bolsillo” en todas las áreas que influyen en la situación social. Esto requiere de congruencia política.
Un auténtico servidor público se conduce con ética y compromiso, condiciones que también son parte de la congruencia política y de la búsqueda del mejor bien posible para la ciudadanía.
Contradicciones no sólo argumentativas asoman en el seno del gobierno en distintas materias ante la dificultad económica de la gente.
¿Habrán pensado en el costo que tiene para el país y cada ciudadano, el no haber actuado antes y con firmeza en materia de seguridad? ¿Sabrán que la inseguridad aumenta la desigualdad? Cuando apoyaron la política de retiros ¿tomaron conciencia del impacto negativo que tendría para la economía y el mercado de capitales que hasta hoy dificulta el acceso a hipotecas? ¿Les duele el caso Fundaciones que en nombre de lo social esfumaron dineros hacia otros objetivos?
La migración es muy positiva si es controlada y cuidada. La migración descontrolada y delictiva es costosa para el país en varias áreas. ¿Cuántos extranjeros ocupan lugares en las cárceles de Chile? Qué diferente hubiera sido si al asumir como gobierno hubieran tomado con decisión y sin tanta duda ideológica la problemática migratoria. Personas que aportan al país esperan años para obtener su residencia. Migrantes que delinquen se cuelan por las fronteras.
Cuando se decide postular para ser gobierno y se asume la tarea de ejercerlo ya se conoce el estado del país. El argumento “la culpa fue del gobierno anterior” no exime de la propia responsabilidad.
La violencia y la criminalidad limitan la libertad de movimiento, afectan el desarrollo económico y merman la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el Estado de Derecho. Los costos de la inseguridad ascienden a nueve mil millones de dólares según el Ministerio Público. La evidencia señala que la delincuencia genera grandes costos a la sociedad. El gasto en prevención, los daños causados por los crímenes, los costos de oportunidad de las inversiones que debe hacer el gobierno y los cambios en el comportamiento de las personas. Las inversiones que emigran o no vienen al país. Se frena el desarrollo y crecimiento económico porque se asocia con más incertidumbre, mayor ineficiencia en la asignación de recursos, y una menor inversión de largo plazo. Esto afecta la economía y el bolsillo de todos perjudicando siempre a los que menos tienen aumentando la inequidad.
Quienes cuentan con mayores recursos se pueden proteger con más recursos y vivir en entornos seguros, contratar vigilancia, cámaras, asistencia psicológica, circular más protegidos, cosa que los que menos tienen no pueden hacer. El bolsillo no se los permite.
Es tan grave la inseguridad que los otros temas que deben resolverse y que atañen y preocupan a todos los ciudadanos pierden relevancia frente a ella.
Las Fundaciones pensadas teóricamente para el bien social durante el actual gobierno, derivaron los fondos asignados para los posibles beneficiados “sin plata en el bolsillo” a fines lejanos al bien social y están bajo estudio de la justicia.
Fondos fiscales que hubieran sido necesarios para resolver problemas serios. Escandaloso como lo es todo tipo de corrupción o mala gestión de fondos públicos. Un ejemplo son los municipios en que se han detectado demasiados focos de corrupción y mala gestión.
La Constitución propuesta en el año 2022 y apoyada por todos quienes hoy nos gobiernan, hubiera tenido un costo de implementación de hasta cuarenta y cinco mil millones de dólares por año según un serio estudio realizado por economistas reconocidos. ¿Cómo lo hubieran financiado? Chile estaría pasando graves momentos económicos.
Existen líneas que no deben cruzarse.
Utilizar argumentos sobre la pobreza de la gente a conveniencia política es poco ético y escandaloso.
Acciones, no argumentos acomodaticios.
Se cruza una línea roja.
La política ha caído a estos niveles.
Reconocer que Chile tiene cosas muy buenas aún es importante. Reconocer que la mayoría de ellas se llevaron a cabo durante los esplendorosos treinta años. Bajó la pobreza del 40% al 8%, se estabilizó la inflación en niveles mínimos anuales, se aumentó la matricula educativa y tantos otros logros que consolidaron al país. Con mucho por delante por hacer aún.
A pesar del octubrismo que los quiso denostar con el famoso mote «no son treinta pesos, son treinta años», justificando la quema del Metro, no lo lograron.
Existe un deterioro en estos últimos años en materias sensibles. Contradicciones ideológicas, convicciones tambaleantes y la dificultad del gobierno actual para resolver las problemáticas ciudadanas.
Seneca decía: “No hay viento favorable para el que no sabe adónde va”.
Orden, congruencia política y económica para construir el futuro es imprescindible. Es una oportunidad para quienes aspiran a conducir municipios y gobernaciones.
Ya cerca la contienda política para gobernar Chile a partir de marzo de 2026 se le debe ofrecer y garantizar a la gente un proyecto país que resuelva ordenadamente las problemáticas ciudadanas.
La esperanza es el motor de la vida.
El foco de quienes gobiernan debe estar en lo realmente urgente ejercitando a conciencia la debida priorización. Esto se logra escuchando al ciudadano.
No hay más tiempo que perder. (El Líbero)
Iris Boeninger
