Esta semana, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio el visto bueno a la privatización de la seguridad. Esto, a propósito de la decisión de la Dirección del Trabajo (DT) de cancelar las operaciones de una farmacia en la comuna de La Cisterna, luego de que los empleados –y la instalación– fueran víctimas de dos “turbazos”.
De acuerdo a la reseña de Emol, publicada el 3 de septiembre de 2024, Marcel dijo: «O sea, tiene que ver (la decisión de la DT) con cómo se distribuye la responsabilidad por la protección de los trabajadores entre sus empleadores y el Estado. Entonces, me imagino yo que uno tampoco llevaría la argumentación al extremo de decir que los empleadores tienen que desentenderse totalmente de la situación de seguridad de sus trabajadores, porque eso no es lo que uno espera ni lo que la legislación contempla».
Ante estas declaraciones, se hace imprescindible decir: el Estado no puede desatender su
obligación frente a la situación de criminalidad más violenta que vivimos hoy en Chile. Se vuelve improcedente traspasar la responsabilidad a través de sanciones, multas o clausuras mediante la Dirección del Trabajo por lo que esto puede significar a corto, mediano y largo plazo para la industria, las PYMES y para la economía en general.
Ciertamente, la ola delincuencial que estamos viviendo, desde hace poco más de dos años, es mucho más recurrente y violenta. Nos tomó desprevenidos y nos empuja a tomar cartas en el asunto. Hasta el 31 de agosto pasado, se registró un promedio de 13 robos con violencia cada sesenta minutos y no contamos con policías suficientes para combatir esta situación crítica. Eso está claro desde hace rato, sólo que esta vez el Gobierno lo asume, pero traspasando responsabilidades que no corresponden.
Y sí, efectivamente, se hace indispensable recurrir a la autogestión de la seguridad, o a la
seguridad privada preventiva, pero con responsabilidad. No se trata de contratar guardias
armados, o de comprar armas para tenerlas en casa, o de ocupar guardaespaldas y autos
blindados. ¡No! Con eso, solamente se agravaría el problema, tal y como ocurrió en países como Venezuela. Allá, la sociedad civil se llenó de armas, cada región y municipalidad creó sus propias policías y, sin embargo, la impunidad reinó y la criminalidad se disparó.
No hubo un planeamiento bien pensado y planificado desde el sector privado.
La estrategia debe ser estructurada, estudiada y adaptada a cada realidad. Hay que ser más inteligentes. Por eso, nuestra propuesta pasa por buscar expertos que sepan capacitar a guardias para que la presencia de ellos garantice la seguridad de quienes protegen; de ocupar tecnología de punta junto a un recurso humano altamente entrenado para establecer dinámicas que apunten a la prevención; y, por último, capacitar –con personal altamente experimentado– a gerentes, ejecutivos, trabajadores y colaboradores para entender el problema de la criminalidad que hoy día nos aqueja; saber por qué y cómo podemos, o no, ser víctimas de estos delincuentes y ocupar estrategias preventivas para evitar incidentes. También, entender cuándo utilizar tácticas reactivas y responsables frente a algún suceso.
Esto se aprende y existen empresas que lo reúnen todo con sello de excelencia. A esas, debemos recurrir.
Sin embargo, hay dejar claro que la seguridad privada ofrecerá acciones preventivas, pero no asumirá la responsabilidad del Estado en materia de seguridad. No tienen por qué hacerlo y ahí, es donde se marca la diferencia. (Red NP)
Gonzalo Cornejo
CEO Insight Security
