En la historia, personajes como Joseph Fouché, descrito por Stefan Zweig como un «genio tenebroso», encarnan la corrupción y el cálculo frío en la política, operando bajo la convicción de que «todo hombre tiene un precio, la pregunta clave es saber cuál». En el Chile de hoy, esta visión no parece tan lejana. Lo que Fouché representaba en su tiempo, el uso del poder para manipular y corromper se refleja en los casos de corrupción que hoy afectan a nuestras instituciones.
Claramente, la corrupción no es un fenómeno nuevo, pero lo que resulta preocupante es cómo se ha normalizado en algunos sectores, donde los intereses personales prevalecen sobre los valores y principios que deberían guiar la conducta de quienes están en posiciones de poder. Los hechos revelados por los audios del abogado Luis Hermosilla y los registros de conversaciones por whatsapp, nos muestran hasta qué punto la ambición puede corromper el sistema, afectando tanto a instituciones públicas como privadas. Fouché, que no dudaba en traicionar a sus aliados o manipular a quienes estaban a su alrededor para mantener su poder, habría encontrado en estos escándalos un terreno fértil para su forma de operar.
La gran pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar la corrupción en todas sus formas? La evidencia sugiere que la sociedad chilena ha tolerado durante demasiado tiempo la impunidad en casos de corrupción, lo que ha erosionado la confianza en las instituciones y en la justicia. Esta aceptación tácita ha generado una cultura de desconfianza y cinismo, donde el descontento con el sistema es palpable, pero las acciones para combatirlo eran insuficientes.
Este ciclo de corrupción y falta de accountability no solo afecta a quienes están directamente involucrados, sino que debilita el tejido social en su conjunto. Los chilenos enfrentamos desafíos reales en nuestro día a día, y la percepción de que la corrupción es un mal menor comparado con otros problemas más urgentes ha permitido que esta plaga siga expandiéndose.
Pero a diferencia de la Francia de Fouché, en Chile nos encontramos en un momento crucial donde la historia nos brinda la oportunidad de redefinir nuestro futuro. La nueva Ley de Delitos Económicos y Atentados Contra el Medioambiente se presenta no solo como una herramienta jurídica, sino como un llamado profundo a la conciencia colectiva. Es una invitación a establecer límites morales que vayan más allá de la mera legalidad, sancionando con firmeza a quienes desvíen su conducta del sendero de la ética y el bien común.
Sin embargo, la auténtica transformación dependerá de la profundidad con la que se asuma este desafío. La eficacia de la ley no radicará únicamente en su existencia, sino en la convicción y el rigor con los que se aplique, sin sesgos ni excepciones. Es imperativo que tanto el sector público como el privado comprendan la trascendencia de esta normativa, adoptándola no solo como una obligación legal, sino como un compromiso ético ineludible hacia la sociedad y las generaciones futuras.
No debemos perder de vista que la corrupción no es solo un delito; es una herida profunda que lacera la confianza social, pervierte las relaciones humanas y deja cicatrices difíciles de borrar. En este Chile que amamos, donde la sombra de la corrupción ha oscurecido tantos rincones, se hace urgente que cada ciudadano asuma la responsabilidad de rechazar este mal en todas sus manifestaciones. Solo así podremos aspirar a construir un país más justo, más honesto y verdaderamente transparente, donde la integridad sea el pilar sobre el que se edifique nuestro porvenir.
José Ignacio Camus
Founder Partner
Admiral Compliance
