La polémica que se abrió la semana pasada luego de que Colbún anunciará la suspensión del megaproyecto de central Paposo en Antofagasta y de que producto de ello se removiera de su cargo al director regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de esa región, Ramón Guajardo, no parece terminar.
Y es que ahora al menos dos ONG’s ambientales entraron a la controversia y deslizaron duras críticas en contra del Gobierno por cómo se abordó la situación. En específico, las organizaciones dicen estar preocupadas por la «influencia de las empresas» y las decisiones que ha tomado el Ejecutivo.
Una de ellas fue Greenpeace. En una declaración pública, la organización sostuvo que es necesario recordar que la «misión del SEA es garantizar la protección del medio ambiente y resguardar el bienestar de las personas por medio de la administración de procedimientos de evaluación ambiental, no siendo parte de sus funciones el hecho de atraer o asegurar inversiones en los territorios, a costa del daño medioambiental que estas puedan provocar».
En esa misma línea, aseguró que pese a que existen estándares claros para las evaluaciones ambientales, en reiteradas ocasiones, las empresas presentan información deficiente en estos procesos, lo que sumado a la baja capacidad que tienen los equipos responsables, muchas veces no permite hacer una evaluación ambiental adecuada, afectando por sobre todo a los territorios. Pareciera lógico que, para remediar esto se debe fortalecer a los equipos técnicos, no descabezarlos».
«Adicionalmente -agregó-, nos preocupa que se instale una nueva forma de chantaje, donde las industrias puedan, estratégicamente, amenazar con la cancelación de proyectos para lograr reducir los estándares de evaluación, que en nuestro país ya son básicos».
Asimismo, destalló que «el hecho de que la decisión de remover al director regional se tomara un día después de que la empresa energética anunciara la suspensión del proyecto genera, al menos, interrogantes sobre la influencia de las empresas y de las inversiones de capital en los procesos de toma de decisiones, tanto del SEA como de otros organismos del Estado».
Por último, cerró indicando que «nos preocupan las decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo, sobre todo considerando que vienen desde un gobierno que se auto declaró ‘ecologista’ en el fragor de sus campañas». Pero no fue solo desde Greenpeace de donde aparecieron críticas.
El abogado Ezio Costa Cordella, director ejecutivo de Fima Chile, organización que trabaja por la justicia ambiental, también tuvo palabras para lo que ocurrió con el caso de Colbún en Antofagasta. A través de su cuenta de X, calificó la semana pasada la salida de Ramón Guajardo como una «muy mala señal».
«Además nos recuerda por qué el proyecto de reforma a la (ley) 19300 es tan malo, pretendiendo darle más poder al SEA para ‘despolitizar'», agregó. «Esta es una muestra de que con la reforma se reforzaría el control político centralizado. Pierde el medio ambiente y las regiones», puntualizó también. Costa también tuvo palabras para los dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel. El titular de la cartera aseveró la semana pasada -en relación a la dificultad que acusó Colbún para llevar adelante el proyecto- que «ocurre que a veces hay funcionarios, unidades, etcétera, que se les pasa un poco la mano en estos procedimientos».
El director de Fima escribió: «Creo que al que se le pasa la mano es al ministro Mario Marcel, llevado por antiguos dogmas económicos y un marcado sesgo a favor del discurso empresarial y en contra de la protección ambiental». (Emol)
