Este fin de semana la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), estuvo trabajando en los detalles que contendrá su contestación a la acusación constitucional en su contra levantada por la bancada de diputados del Partido Republicano.
Con la ofensiva, la tienda presidida por Arturo Squella busca que la jefa del gabinete del gobierno del Presidente Gabriel Boric sea destituida de sus funciones y, al mismo tiempo, quede inhabilitada por cinco años para ejercer otros cargos políticos. Por ello, la ministra Tohá ha estado trabajando minuciosamente en los detalles de su respuesta al libelo acusatorio de 91 páginas, en conjunto con su abogado, el expresidente del Consejo de Defensa del Estado Juan Ignacio Piña.
Parte de la estrategia de Tohá es que, pese a tener 10 días para responder de forma presencial o por escrito ante la comisión revisora de la acusación, el trago amargo pase lo más rápido posible y su contestación ingrese a inicios de esta semana. Con una acelerada discusión del tema, además, La Moneda podría aprovechar el desorden que se ha generado en la oposición con la ola de acusaciones constitucionales, que incluyó una fallida arremetida de RN en contra del propio Presidente Boric.
La contestación de Tohá se centrará en los dos capítulos del libelo acusatorio. El primero apunta a Tohá por supuestamente haber “infringido gravemente la Constitución y las leyes, y haber dejado estas sin ejecución, al omitir adoptar medidas más eficaces para resguardar a la población de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, en medio de la crisis de seguridad pública más grave de nuestra historia reciente”. El segundo, en tanto, la acusa por haber “infringido la Ley de Migración y Extranjería, y haber dejado leyes sin ejecución al omitir adoptar medidas más eficaces para prevenir la vulneración de nuestras fronteras en medio de la crisis de migración ilegal más grave de nuestra historia reciente”.
Ante estas acusaciones, hay personeros en La Moneda que consideran que la mejor forma de defenderse es exponiendo los datos en el manejo de la crisis de seguridad por parte del gobierno de Boric, tal como ocurrió cuando la misma Tohá fue interpelada en el Congreso por el diputado de RN Andrés Longton, a mediados de mayo de 2023.
Este mismo diagnóstico es compartido al interior de los partidos del oficialismo, en donde consideran que aquella interpelación a Tohá, en vez de ponerla en jaque, fortaleció su figura.
En el diseño de Tohá para enfrentar la acusación en su contra de forma rápida, la ministra del Interior cuenta con la ventaja de que la comisión de diputados está integrada por una mayoría de cuatro parlamentarios oficialistas en contra de un congresista de oposición. Además, el presidente de dicha instancia es el independiente -cercano al PPD- Jaime Araya, quien coincidió con la jefa política del gabinete de Boric el pasado jueves en Calama.
Sin embargo, en la región de Antofagasta ninguna de las dos autoridades conversó sobre el tema. Si bien la comisión está citada para sesionar este lunes -en principio a las 11.00 en el ex Congreso-, sus integrantes saben que sin la contestación formal de la ministra Tohá los parlamentarios no pueden discutir el fondo de la acusación constitucional.
De hecho, el jefe de bancada de los republicanos, Luis Sánchez, solicitó que este lunes asista a la comisión el profesor de Derecho de la Universidad de Santiago (USACH), Felipe Lizama, quien expondría, a modo de contextualización, respecto de las implicancias de un libelo acusatorio.
AC ESTANCAN PROYECTOS DE SEGURIDAD
Ayer domingo, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, volvió a afirmar que la acusación constitucional en contra de Carolina Tohá carece de “fundamentos”.
Se trata de una tesis con la que las autoridades del gobierno han insistido durante estos días. De hecho, el propio Elizalde ha puesto el foco en que ni siquiera toda la derecha está cuadrada detrás del libelo impulsado por los republicanos, y que la arremetida parlamentaria intenta marcar un hito político previo a las próximas elecciones regionales y municipales del 26-27 de octubre.
Esto genera la preocupación del Ejecutivo ante la tramitación de proyectos en materia de seguridad, ya que la acusación en contra de Tohá se suma a otros tres libelos acusatorios que se van a discutir durante octubre, en contra de tres ministros de la Corte Suprema: Angela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz.
En La Moneda existe temor ante la posibilidad de que estas acusaciones sean solo para marcar puntos políticos, lo que ha sido transmitido por los ministros a los partidos del oficialismo, a quienes les advirtieron que deben revisar bien los antecedentes jurídicos de dichas arremetidas.
Frente a esto, el mismo Elizalde abordó este domingo la posibilidad de realizar sesiones adicionales en la Cámara de Diputados, con el fin de poder discutir los proyectos de seguridad.
En concreto, dentro del Congreso se llegó a un acuerdo para que los días 14, 15 y 16 de octubre se voten las acusaciones contra los jueces de la Suprema, lo que implica tres días menos de sesiones. “Queremos establecer las coordinaciones para poder tener sesiones adicionales que permitan recuperar el tiempo de manera tal que las legítimas atribuciones que tenga la Cámara de Diputados para fiscalizar, obviamente a través de las acusaciones constitucionales, no signifique que se detenga el trabajo legislativo”, dijo Elizalde.
“Todas las leyes que todavía no se aprueban, van a demorar en ser aprobadas porque el sistema político se concentra en la acusación constitucional, se distrae y se deja de hacer el trabajo legislativo”, agregó el titular de la Segpres. (La Tercera)
