En una columna que tituló “Crisis del Estado” el rector Carlos Peña indaga sobre el grave problema por el que atraviesa actualmente la sociedad chilena: “La incapacidad del Estado para imponer el orden”. En ese ejercicio arriba a la conclusión que durante demasiado tiempo se ha restringido al Estado a su labor redistributiva, minimizando “esa otra tarea para cuya consecución es insustituible: apagar el miedo al otro”, a través del empleo de la violencia legítima -haciéndolo en base a reglas-, para controlar la violencia que los ciudadanos ejercen entre sí.
Se pregunta el columnista: “¿Qué ha podido ocurrir en la sociedad chilena para que ese principio fundamental que legitima al Estado parezca haberse olvidado?”. Una respuesta a esta interrogante estaría en el error de suponer que la agresión violenta sería consecuencia de la injusticia y la desigualdad, y que el amplio acceso a bienes materiales y de servicios -que se produjo en los años de crecimiento sostenido en Chile- mitigaría el uso consuetudinario de la violencia para procurarlos.
En otras palabras, la reducción de la pobreza -y la superación de la indigencia-, en la que el Estado chileno ha sido un actor relevante durante más de tres décadas, aliviaría esa otra tarea en la que su acción es imprescindible: la de velar por la seguridad de las personas allí donde éstas no pueden hacerlo por sí mismas. La sola aparición de una extendida y vibrante clase media llevaría -pensaban algunos- a un mejoramiento de la civilidad y, por ende, a eximir al Estado en el cumplimiento pleno de esa función. Que haya ocurrido precisamente lo contrario, como estaba a la vista desde hace suficiente tiempo en Chile, revela la envergadura del error en el que ha incurrido el sistema político en todos estos años.
Carlos Peña considera que ese error lo ha cometido, ante todo –“no vale la pena ocultarlo”, nos dice– una parte de la izquierda chilena. Y es que sobran acciones y omisiones de ese sector político durante la última década como para asignarle una parte relevante de responsabilidad. Las mismas medidas e iniciativas en materia de seguridad que ha impulsado ahora que ejerce el gobierno, fueron rechazadas de plano cuando la nueva izquierda, casi siempre acompañada de la centroizquierda, se constituyó en una férrea oposición al gobierno de Sebastián Piñera.
Si a ese error político se añade el no menos grueso de haber contribuido a la pérdida de impulso que ha experimentado la economía en la última década, se está en presencia de ineludibles responsabilidades sobre el estado de situación en el que se desenvuelve actualmente el país, espantado con los niveles que ha alcanzado la delincuencia y el crimen organizado, y notoriamente descontento con el estancamiento de una economía que no tiene visos de recuperar su dinamismo de otrora.
La izquierda suele ser eficaz para presentar a sus actuales adversarios políticos -Chile Vamos y Republicanos- como responsables de paralizar las reformas que reclama la sociedad chilena en materia de pensiones y de salud, entre otras. Pero raramente se hace cargo de su propia responsabilidad histórica respecto a las graves carencias en materia de seguridad ciudadana y crecimiento económico que ha contribuido a agravar. De paso, ha dejado en manos de la derecha las banderas que justo ahora se convierten en ventajas políticas significativas para competir por el poder en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.
Errores de esta envergadura se pagan caro y la moneda de cambio son los votos del electorado, como lo comprobó la izquierda con su extraviada propuesta constitucional en el plebiscito de salida de 2022. (El Líbero)
Claudio Hohmann
