La negociación del reajuste salarial para el sector público es una de las discusiones políticas económicas más complejas que deben enfrentar los ministros de Hacienda. Los plazos para lograr acuerdo son siempre estrechos, puesto que esta discusión se topa de alguna manera con las últimas semanas de la discusión del proyecto de ley de presupuestos. Y este año no será la excepción.
Lo habitual es que esta discusión entre la mesa del sector público integrada por 16 organizaciones de trabajadores con Hacienda, Dipres y el Ministerio del Trabajo comience formalmente a mediados de noviembre, pero la idea de los funcionarios del Estado es adelantarla, para poder tener más plazo para generar el acuerdo. Este reajuste salarial debe ingresar como proyecto de ley al Congreso y estar aprobado antes de 1 de diciembre, sin embargo, en varias oportunidades se aplica su vigencia con retroactividad.
Precisamente para abordar cómo enfrentaran la negociación, la mesa del sector público tuvo su primera reunión de coordinación entre las 16 asociaciones de empleados fiscales. En el encuentro, que se desarrolló durante la mañana de este jueves, hubo una exposición de los asesores técnicos del escenario macroeconómico del país. Esto les servirá de base para comenzar a afinar la propuesta que le deben presentar a Hacienda.
Lo que se estableció en la reunión es que cada organización deberá entregar su propuesta de reajuste salarial en cinco días más, es decir, a mediados de la próxima semana. Con eso en mano, ya comenzará a delinear el petitorio final
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), José Pérez, afirma que “lo primero es que se debe recuperar el poder adquisitivo, y ese cálculo considera la inflación de noviembre 2023 y noviembre de 2024. Y a esa cifra le agregamos un extra sobre la inflación para que sea un reajuste real positivo. Eso es lo que debemos definir desde la próxima semana. Pero el piso para comenzar es el IPC anual”.
Gabriela Flores, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) refuerza la visión entregada por Pérez. Por ello plantea que en este reajuste se debe “recuperar el poder adquisitivo y le agregamos un reajusté sobre ese nivel. Ahora, el cuánto más es lo que debemos definir todavía en las reuniones que tenemos agendadas para las próximas semanas”. Flores menciona eso sí que el reajuste debe ser parejo para todos y no escalonado.
En este escenario, si se miran las expectativas inflacionarias que tiene la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de 0,6% para octubre y de 0,3% para noviembre, la inflación anual llegaría a 3,8% en noviembre, por lo que ese sería el piso al cual se le agregarán un porcentaje que busque un reajuste real sobre el IPC.
El reajuste beneficia a unos 800 mil trabajadores directos e indirectos en el sector público y contempla diversas materias tales como, aguinaldos, pensionados, bono de invierno, entre otros.
40 HORAS PARA EL SECTOR PÚBLICO
Fue un tema que se empezó a hablar en la negociación del reajuste salarial de 2022. En ese protocolo se estableció formar una mesa de trabajo para comenzar a planificar cómo se podría implementar la reducción para los trabajadores públicos. Y en la negociación del año pasado se avanzó fijando plazos.
“El compromiso del Ejecutivo es que durante el primer semestre de 2024 se ingresará un proyecto de ley para abordar la reducción de la jornada laboral”, dijo en diciembre del año pasado el José Pérez. Sin embargo, nada de eso se ha concretado, porque ya entrado octubre todavía no hay señales de parte del gobierno de que ese proyecto vaya a ingresar pronto al Congreso para su discusión legislativa.
Por lo mismo, en esta negociación, la mesa del sector público se lo exigirá al gobierno. “Lo que nos ha dicho el gobierno es que todavía están procesando la información interna de las jornadas de trabajo que existen en el sector público. Esto porque en el Estado hay trabajadores que tienen jornada ordinaria y otros con jornadas de turno y eso es lo que están analizando para impulsar una propuesta”, explica Pérez.
No obstante, el dirigente afirma que lo que espera es que el gobierno “responda pronto a ese compromiso y que lo ingrese antes de esta negociación. Eso ya se lo hemos hecho saber a la Subdirectora de Racionalización y Función Pública, Tania Hernández, porque en eso no se ha avanzado. Es una deuda que tiene el gobierno y por ello ahora se lo vamos a exigir en esta nueva negociación”, asevera Pérez. (La Tercera)
