Finalmente, el Presidente Boric hizo su anuncio electoral sobre el CAE. Como era de esperar, no hay una condonación de la deuda, imposible de financiar, sino una reprogramación de costo aproximado a los 1.000 millones de dólares, equivalente a un 70% del gasto en Carabineros (podría ser mayor por el incentivo a no pagar que introduce el “reparto” en el financiamiento de la educación superior que explicaremos más adelante). Le cambia el nombre de CAE (crédito con aval del Estado) a FES (financiamiento de Educación Superior), pero sigue siendo un crédito. El proyecto no se justifica porque el interés del CAE es apenas 2% anual y contingente al ingreso (se paga sólo un porcentaje del ingreso). Pero se trata de favorecer a un grupo de interés, los estudiantes universitarios, que no son los más necesitados de Chile, pero sí los más cercanos al Presidente y su partido político.
Sin embargo, el proyecto, inspirado por aires octubristas, no se queda ahí sino que introduce de contrabando un sistema de financiamiento de educación superior controlado por el Estado. Así, para los beneficiarios (cualquiera que no esté en el 10% de mayores ingresos) se elimina la posibilidad de que su familia aporte con un copago (lo mismo hizo Bachelet en educación escolar lo que restó 500 millones de dólares anuales que explican en parte el deterioro de la educación escolar). Para hacerlo funcionar introduciría aranceles de referencia fijados por el Estado, que serán inferiores al costo de las carreras como ocurre ahora con la gratuidad (que se posterga). Con esto, además de desfinanciar a las instituciones, se atenta contra la autonomía universitaria pues las universidades no podrán crear carreras nuevas o aumentar vacantes sin autorización estatal. También se afecta la calidad de la educación, la creatividad propia del quehacer universitario; en fin, la esencia misma de una universidad.
Lo probable, entonces, es que los planteles que aspiren a la excelencia se marginen de este sistema y renuncien a sus beneficios con tal de mantener la libertad para crear y hacer universidad.
El reparto universitario nace porque el crédito universitario nuevo que se crea no será pagado por el que lo recibe, sino sólo por quienes pertenezcan a hogares de altos ingresos. Algunos profesionales egresados tendrán que destinar hasta 8% de sus ingresos a servir un crédito por un período de 20 años, pagando el doble de lo que recibieron. Un verdadero impuesto encubierto a personas que tendrán que destinar 10% a pensiones, 7% a salud, otro 6% a pensiones, si se aprueba, y este 8% a educación superior. Un total de 34% sin considerar todavía el impuesto a la renta.
Es decir, se reemplaza un crédito por un impuesto, perjudicando cada vez más a quienes hoy estudian y trabajan, dañando la calidad y segregando la educación superior. (La Tercera)
Luis Larraín
