El congreso atraviesa un apocalíptico minuto de credibilidad que se ha ido condimentando con al menos 15 parlamentarios envueltos en procesos judiciales que incluyen desafueros, formalizaciones, querellas e investigaciones por delitos como cohecho.
Es así como este martes el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara Alta, Hernán Larraín, anunció que todos los senadores investigados por el Ministerio Público deberán entregar los antecedentes de sus casos antes del 1 de julio. Específicamente, las investigaciones que están más avanzadas y que involucran a los gremialistas Jaime Orpis –bajo la lupa de la Fiscalía que investiga posible cohecho por pagos mensuales de Corpesca antes y después de ser reelecto en el cargo en 2009–, Iván Moreira –ad portas de ser formalizado, en el marco del caso Penta, por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña–, al independiente Carlos Bianchi –desaforado y formalizado por negociación incompatible y fraude al fisco, por el arriendo irregular de una oficina a familiares– y el PPD Eugenio Tuma –investigado por la denuncia de una ex asesora que lo acusó de haber dado mal uso a asignaciones parlamentarias–.
No son los únicos senadores que enfrentan líos con la justicia.
Jacqueline van Rysselberghe (UDI) está siendo investigada por la Fiscalía luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querellara en su contra por un supuesto uso indebido de fondos municipales mientras era alcaldesa de Concepción, entre 2006 y 2010.
En tanto, los senadores Fulvio Rossi (PS), Jorge Pizarro (DC) y Ena von Baer (UDI) enfrentan una querella por el delito de cohecho interpuesta por la Fundación Ciudadano Inteligente, en el marco del caso Penta-SQM. Los tres forman parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía, en torno al financiamiento irregular de campañas.
La misma situación que enfrentan los diputados Ernesto Silva (UDI) yRoberto León (DC).
En tanto el diputado Felipe de Mussy (UDI) será formalizado por el Ministerio Público el próximo 22 de junio por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña, en el marco del caso Penta.
Fuera de los temas relacionados con financiamiento de campañas, está el caso del diputado Rosauro Martínez (RN), desaforado y procesado por el homicidio de tres miristas en 1981, mientras era oficial del Ejército.
Por su parte el diputado Cristián Campos (PPD), luego de ser formalizado se acogió a la suspensión condicional del procedimiento tras restituir dineros y reconocer la obtención fraudulenta de más de 4 millones de pesos al cobrar horas extraordinarias improcedentes en la Municipalidad de Hualpén en 2010, mientras realizaba labores como administrador municipal.
Mientras, el diputado Christian Urízar (PS) fue formalizado por supuesto fraude al Fisco por su rol como consejero regional de Valparaíso por la aprobación de fondos abultados para ciertos proyectos regionales.
El honorable Marcelo Chávez (DC) fue formalizado en abril por manejo en estado de ebriedad y haber huido del lugar sin dar aviso a Carabineros, lo que está en investigación.
ENTRE LA JUSTICIA Y LA ÉTICA
El sociólogo Alberto Mayol considera que el hecho de que haya al menos 15 parlamentarios vinculados a procesos judiciales es una señal de “una crisis mayúscula. Si no fuera porque el Gobierno importó la crisis para adentro, sería mayor. Tener 15 parlamentarios más o menos involucrados en casos que se investiguen y la posibilidad de que haya más que puedan llegar a esa condición, hablamos de que 10% o 15% del Congreso está siendo impugnado. Es para cerrar el Parlamento y llamar a elecciones anticipadas”.
En medio de este complejo escenario judicial, los dichos del renunciado ministro Jorge Insunza, apuntando a que “muchos” parlamentarios reciben ingresos extra a su dieta, complican más el asunto.
Para el analista político de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzman, “no cabe duda de que la principal institución democrática está en proceso de deslegitimización: los parlamentarios no tienen credibilidad ante la opinión pública, se cuestiona su representación y ahora ponen en riesgo todo lo que puedan hacer. Cuando queda en evidencia la falta de ética más allá de los elementos legales, el proceso de falta de credibilidad tiene un impacto político que se traduce en que se cuestionan las leyes aprobadas”.
