Desde que el Presidente adelantara detalles del nuevo proyecto que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) reemplazándolo por un nuevo instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), se han escuchado voces advirtiendo sobre algunos aspectos importantes que merecería la pena que el Gobierno tuviera en cuenta, por el bien de los miles de jóvenes que estudian en las universidades chilenas.
Según el Presidente, “con el fin del CAE ganan los jóvenes y sus familias, quienes verán que desaparece o se alivia de manera significativa su deuda, lo que contribuirá directamente al presupuesto familiar. Ganan también los futuros estudiantes, quienes, gracias al FES, podrán estudiar en mejores condiciones y con más tranquilidad, sin el agobio del endeudamiento”.
¿Sucederá esto realmente? ¿Ganarán los estudiantes?
El proyecto considera que quienes estudien con este nuevo sistema cursarán la carrera sin pagar aranceles, “solo pudiendo existir un copago para aquellos que estén en el 10% de mayores ingresos”. La idea de impulsar un sistema de financiamiento estudiantil que permita a los jóvenes estudiar en la universidad sin realizar pagos en ese momento —y financiar sus estudios después— parece a primera vista muy positiva.
Sin embargo, este sistema significará una gran disminución de los recursos de que disponen las instituciones de educación superior para la formación de sus estudiantes. El nuevo modelo implicará privar al sistema de educación superior de un aporte significativo de las familias chilenas, el que ha tenido un impacto muy positivo en los pasados 35 años. Parece bastante claro que el Estado no será capaz de suplir lo que las familias y los privados dejen de aportar. Las universidades chilenas necesitan esos recursos para ofrecer una educación de calidad.
Los aranceles regulados implican una fijación de precios que no alcanzan para cubrir los costos reales de las instituciones, especialmente en el caso de las universidades con mayor investigación, cuyo desarrollo y quehacer científico se verá muy afectado. En este sentido, la promesa de que los recursos para la investigación serán provistos por el Estado a través de otros canales parece ilusoria: el Estado tiene otras prioridades en estos tiempos. Por tanto, la pérdida de recursos en el sistema de educación superior impactará muy negativamente la calidad de la oferta educativa actual.
Por otra parte, la eliminación del copago generará incentivos negativos que llevarán a que las universidades con presupuestos altos de investigación se concentren en estudiantes que puedan costear sus estudios —y que, por lo tanto, no están sujetos a la regulación de aranceles—, lo que inevitablemente aumentará la segregación en el sistema.
También parece evidente que el nuevo sistema de financiamiento generará una mayor dependencia del Estado de las universidades, que pasaría a ser prácticamente el único “empleador” de las mismas. La falta de autonomía en este sentido limitaría la capacidad de innovación y la diversidad de proyectos educativos, que hasta ahora han sido parte de la riqueza de nuestro sistema.
Si bien el diseño del sistema de financiamiento actual requiere ajustes, sobre todo en lo relacionado con la merma progresiva de la viabilidad financiera de las instituciones adscritas a la gratuidad, el sistema de educación superior chileno ha sido hasta ahora capaz de proveer las necesidades de cobertura de una matrícula creciente, ha asegurado tasas de graduación razonables, junto con buenos niveles de empleabilidad y salarios. Las universidades, por su parte, han llevado a cabo investigación de gran calidad, lo que las ha situado en lugares destacados en el espacio internacional.
Estamos a tiempo de encauzar el camino para no afectar el funcionamiento de un sistema, que tiene defectos, que dista de ser perfecto, pero que es un orgullo para nuestro país y nuestros estudiantes. (El Mercurio)
José Antonio Guzmán Cruzat
Rector Universidad de los Andes
