La tarde de este jueves, las directivas de Chile Vamos ingresaron ante Contraloría un escrito en el que solicitan que la entidad instruya un sumario por las presuntas irregularidades que habría cometido Manuel Monsalve en medio de la denuncia por violación en su contra. La exautoridad está en la mira de la Fiscalía Centro Norte por obstrucción a la justicia luego de que, tal como dio a conocer La Tercera, se confirmara que ordenó diligencias para revisar las cámaras de seguridad en el hotel donde habría ocurrido el ataque sexual. Además de este antecedente, en la audiencia de cautela de garantía el persecutor Xavier Armendáriz reveló que también habría instruido a la PDI para que contactara a la víctima antes de que ingresara la denuncia.
Otro de los cuestionamientos que dejó la salida de Monsalve fue el uso de una avioneta de Carabineros para trasladarse a la Región del Biobío a comunicarle a su familia sobre la denuncia, que acorde al Ejecutivo, la instrucción fue dar aviso a sus cercanos, pero no disponer a su disposición el vehículo fiscal.
Con estos antecedentes la colectividad llegó ante el ente fiscalizador –al igual que La Moneda que pidió al organismo dirigido por Dorothy Pérez llevar las indagatorias de Monsalve– para determinar responsabilidades administrativas en las presuntas gestiones de Monsalve para activar la ley de inteligencia con fines no previstos en la norma. Así como también apuntan que el mismo procedimiento se aplique en el alto mando de la PDI, institución que habría llevado cabo las órdenes de Monsalve.
Tras ingresar el escrito, el timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI, Guillermo Ramírez señaló: “Sobre el tema de la violación a la ley de inteligencia que pudo haber cometido el Ministerio del Interior, también que pudo haberlo cometido la PDI. Por eso pedidos que propósito de las cámaras de seguridad, que se investigue acerca del uso del avión, que se investigue eventuales usos de fondos reservados, en fin, hay un sinnúmero cosas que hemos acompañado en el escrito de tal manera de asegurarnos de que la Contraloría frente a esta noticia, a partir de la petición del gobierno, va a poder investigarlo todo y no solamente una parcialidad de este caso que todavía mantiene muchas preguntas y de las cuales tenemos pocas respuestas”.
El presidente de la UDI, añadió que “como nosotros no estamos para más sorpresas ni manipulaciones comunicacionales, hemos venido a presentar un escrito para asegurarnos que la investigación que haga la Contralora sea sobre todos los efectos en que hay duda”.
La secretaria general de RN, Andrea Balladares, sostuvo: “Lo que venimos a pedir es que la Contraloría pueda tomar, de manera diligente y con la celeridad que corresponde, esta investigación porque necesitamos aclarar cuánto fue la intromisión de la autoridad, qué leyes fue infractor y cuántos recursos públicos pueden estar involucrados en la obstrucción a la justicia o en los privilegios del exsubsecretario”.
La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, en tanto, afirmó que “necesitamos que un órgano independiente despeje todo los ámbitos de los cuales nos vamos enterando cada día”.
Este tipo de ofensivas dicen relación con el diseño que están concretando desde los partidos opositores de esperar a las elecciones municipales y de gobernadores de este fin de semana para endurecer el tono y empezar a pedir renuncias, además de activar alguna acusación constitucional en sede legislativa.
En ese marco es que dichos comicios podrían llevar al gobierno a hacer un cambio de gabinete. Por lo mismo, es que desde la oposición se han concentrado en criticar a las ministras Tohá y Orellana. Los socialcristianos, por ejemplo, han criticado a la jefa de gabinete y han pedido la salida únicamente de la titular de Mujer.
“Los hechos que rodean el caso del exsubsecretario Monsalve son muy graves. La audiencia de cautela de garantías complica aun más las versiones entregadas por el gobierno. Desde el Partido Social Cristiano ya hemos pedido cambio de gabinete y la renuncia de la ministra de la Mujer. Y estamos evaluando otras acciones”, dijo la jefa de bancada, la diputada Muñoz (PSC).
“Vamos a estar atentos al curso de la investigación por si se activa más adelante. Pero queremos estar coordinados como oposición”, dijo la diputada Concha (PSC), quien agregó que “por ahora estamos evaluando cuál acción vamos a tomar (…). Una acusación constitucional es algo que, eventualmente, tendremos que evaluar en su momento”.
LOS DETALLES DE LA FISCALIZACIÓN
Este miércoles 23 de octubre, la Contraloría General de la República instruyó un sumario administrativo en el Ministerio del Interior -y otras dependencias que eventualmente podrían estar involucradas- en torno al caso del exsubsecretario Manuel Monsalve.
En paralelo, el Gobierno solicitó -luego de la negativa de dos subsecretarías a encargarse de la investigación- al ente fiscalizador realizar lo mismo. Primero, la responsabilidad se le entregó a la subsecretaria de la Subdere, Francisca Perales, sin embargo, se consideró que la partición pertenece al Ministerio del Interior, apuntando rápidamente su cercanía a la subsecretaría que lideraba Monsalve. Luego, se designó a la subsecretaria de Minería, Suina Chahúan, desde donde también se habría manifestado una incomodidad por llevar el caso.
Así, la acción terminó en manos de la CGR. Sin embargo, al haber comenzado previamente un sumario, los antecedentes entregados por el Ejecutivo se sumaron a los ya recabados por la institución. Este sumario de Contraloría había comenzado ayer y se notificó hoy a La Moneda.
Al ser un organismo autónomo, el ente fiscalizador no aceptó o acató una orden por parte del Gobierno, sino que su actuar se basó en una serie de denuncias que recibió el ente fiscalizador, entre ellas de parlamentarias. No se descarta que la acción que se inició contra Interior se extienda a otros servicios.
Además del sumario, la CGR está desarrollando una auditoría. Este lunes el organismo autónomo solicitó tanto al Ministerio del Interior como a Carabineros y la PDI los antecedentes del caso, quienes tienen hasta el próximo viernes 1° de noviembre para responder a lo solicitado.
En cuanto a la duración de estas investigaciones, explicaron a Emol que depende de cada caso y proceso. Sin embargo, aseguraron que la auditoría es más breve que el sumario administrativo, ya que esta establece las irregularidades administrativas del caso. Mientras que lo solicitado por el Gobierno determinará la participación y responsabilidad de quienes hayan podido resultar involucrados. De esta manera, todos los antecedentes que se presenten en el informe, servirán como insumo para el sumario administrativo.
En paralelo, de presentarse irregularidades administrativas, esto podría desencadenar una serie de trámites. Por ejemplo, si la Contraloría descubre que hay hechos que podrían ser constitutivos de delito, el informe tendrá que ser enviado al Ministerio Público.
Por otro lado, el sumario tiene otro cronograma. Primero se realiza la investigación, luego la formulación de cargos. Esto último es lo que establece la responsabilidad de los funcionarios que habrían permitido que ocurrieran irregularidades, eventualmente. Después vendría la etapa de defensa de aquellas personas contra las que se formulen cargos.
Al consultar nuevamente por la duración de todo este proceso, sostuvieron que sin existir un determinado plazo, esta última etapa -defensa- es muy extensa, además de depender de la cantidad de antecedentes recopilados y cómo avanza la investigación. Sin embargo, no se descartó que pueda durar años, inclinándose porque el sumario no se conocerá antes del 2025. (La Tercera-Emol)
