Por cierto, Chile no tiene los niveles de gasto público europeos, pero cada vez le cuesta más cuadrar sus cuentas, quizás apostando a un nuevo “empujón” tributario. Sin embargo, son diversos los estudios que sugieren que los ciudadanos, a pesar de empatizar con la posibilidad de nuevos gastos públicos, tienen pocas ganas de contribuir a su financiamiento. Así, no hay apoyo en la población para contribuir a fondos solidarios de pensiones o pagar mayores impuestos personales. Y estos elementos son los que estuvieron a la base de mayores redistribuciones en Europa.
Mientras tanto, entre 1990 y 2013, ambos años incluidos, solo hubo siete períodos de déficit fiscal. El fisco ahorró en ese lapso sumas importantes de dinero. Entre 2014 y 2024 habrá 10 años de déficit y solo uno de superávit. La deuda pública aún es manejable, pero estas cifras demuestran incapacidad de priorizar gastos públicos o quizás una confianza, difícil de comprender, de que los ciudadanos cambiarán inesperadamente la opinión antes indicada.
Entre 1990 y 2013 el ingreso per cápita chileno convergió con el de Estados Unidos para situarse, ajustado por poder de compra, en un 42,4% (PWT 10.01). Desde entonces hay divergencia, reduciéndose esa proporción en casi siete puntos porcentuales (proyecciones propias a partir de 2020). El desempleo más bajo en los últimos 25 años se registró en Chile el segundo semestre de 2013: 5,8%. Desde ese entonces, y más allá de la pandemia, esa tasa —salvo dos años más tarde en que, por un breve lapso, se acercó a este guarismo— ha ido al alza. En 2024 promedia 8,6%.
Además, la tasa de empleo aún no recupera los niveles previos a la pandemia. Solo dos países de los 38 integrantes de la OCDE están en una situación más desmejorada. Si volviésemos a ella podríamos sumar otras 370 mil personas ocupadas. Este contexto se da, además, con una tasa de participación laboral muy baja (cinco puntos porcentuales inferior al promedio de la OCDE para el grupo de 25 a 64 años; solo tres de los 38 países tienen una tasa menor y otro una equivalente). Sabemos que tenemos una regulación laboral muy disfuncional que ayuda a entender esta realidad, pero no se corrige y no es solo una fuente de ineficiencia económica, sino de inequidad e informalidad.
Esa regulación tan inefectiva difícilmente acomodará los cambios tecnológicos que están ocurriendo y su interacción con las deficientes competencias lectoras y numéricas de nuestra fuerza de trabajo. El 58% tiene educación secundaria o menos. En este grupo, el Programa de Evaluación Internacional de Competencias de Adultos, aplicado por la OCDE, concluye que un 64% tiene competencias lectoras de nivel 1 (son cinco niveles) o inferior, es decir, no tienen competencias o son apenas básicas. En competencias numéricas un 75% se encuentra en esta situación.
Hace un buen tiempo se vienen notando las falencias de nuestro sistema de capacitación. Poco o nada ha cambiado. Los resultados para quienes cursan estudios superiores son mejores, pero no muy distintos a los de las personas con estudios secundarios o menos en la mayoría de los países europeos. Esta gran desventaja no la compartían.
Asimismo, el estancamiento en nuestra productividad no se puede desligar del entusiasmo desbordante con regulaciones cuyos costos son evidentes, pero los beneficios difusos, dificultando la reasignación desde sectores menos productivos hacia aquellos que tienen los espacios para acumular ganancias en productividad. Si ese flujo virtuoso no ocurre es muy difícil asegurar mayor productividad para la economía. Desde luego, la innovación, una fuente insustituible de esas ganancias, se frena.
No es solo un problema de permisos —muchos de ellos no debieran existir—, sino de falta de visión respecto del equilibrio regulatorio apropiado para una economía que tiene enormes desventajas. Además de las ya señaladas, lejanía de los principales mercados, dificultades para el intercambio comercial con países cercanos y una infraestructura, en varios ejes, insuficiente para la vocación exportadora del país.
La Chilesclerosis, entonces, parece una realidad. Las reformas necesarias para superarla no están tan alejadas de nuestro conocimiento, pero requiere de liderazgo político gestionarlo. (El Mercurio)
Harald Beyer
Escuela de Gobierno UC
