Obedeciendo a su estilo y a pocos días de ser ratificada como contralora general de la República, las primeras decisiones que ha tomado Dorothy Pérez en el cargo ya han generado revuelo e incluso han sido objeto de críticas por parte de algunos sectores.
Es que tras 10 meses como contralora subrogante, Pérez ha puesto énfasis -de acuerdo sus primeras palabras- en que la «institución colabore decisivamente en la prevención y sanción de la corrupción, mantenga su alto estándar y se reconozca siempre su gran capacidad y total autonomía».
Con ese objetivo mente, la nueva autoridad ha fijado algunos criterios que han causado polémica y varios resquemores. Ejemplo de aquello es el pronunciamiento emitido respecto a la confianza legítima en los funcionarios a contrata del sector público, el cual establece que tras una serie de renovaciones de contrato, la administración solo puede poner término al vínculo a través del sistema de calificaciones o sumario administrativo.
Sin embargo, indicó que la decisión sobre el plazo para generar la confianza legítima en los funcionarios públicos y su posterior reclamación es de competencia de los tribunales de justicia y no de la Contraloría.
Aquello causó molestia en las organizaciones que representan a trabajadores y funcionarios como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la mesa de trabajadores del sector público.
Desde la ANEF calificaron el criterio como un «retroceso», mientras que desde la CUT y otras organizaciones del sector público dijeron ver con preocupación «como se le quita a los trabajadores un beneficio al que podían optar para no ser despedidos despiadadamente«, acotando que un cambio de autoridades se puede «volver en una carnicería para los trabajadores y trabajadoras».
OFICIO AL MOP
Junto a lo anterior, la contralora también ha llevado adelante acciones en otras materias. El organismo anunció a través de redes sociales que oficiaron a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para que en un plazo de 10 días hábiles, informe respecto de los problemas ocurridos en el aeropuerto Nuevo Pudahuel de Santiago durante este 2024.
Esto, aclararon, respeto al «ingreso de viajeros provenientes del exterior y salida de pasajeros hacia embarques de vuelos nacionales e internacionales, entre otros». De este modo, pidieron al servicio, «informar si los inconvenientes correspondieron a la responsabilidad que le compete a la sociedad concesionaria y/o a otras entidades públicas».
«RUCOS» EN LAS CALLES
Otra acción que llevó adelante Pérez, fue el envío de un oficio a los municipios de Santiago, San Miguel y San Joaquín y a la Subsecretaría de Transportes, el Serviu y la Delegación Presidencial metropolitana por el estado de las calles que se encuentran tomadas por carpas.
Éstos cuentan con 10 días para responder al requerimiento, donde deberán informar sobre las «medidas respecto de por qué los paraderos de locomoción colectiva y vías de circulación peatonal en Avenida Santa Rosa, entre calle Franklin y Avenida Departamental están tomados por carpas«.
Éstas, se agrega, no sólo están «impidiendo su correcto uso», sino que además están «afectando la seguridad y el normal desarrollo de la actividad del sector«.
DIPUTADO CUELLO CITA A SESIÓN ESPECIAL
El diputado y presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Luis Cuello (PC), citó a una sesión especial en la mencionada instancia para discutir el dictamen de la Contraloría sobre la confianza legítima.
El dictamen en cuestión determinó que la Contraloría se abstendrá de emitir pronunciamiento respecto de los reclamos en los que se alegue vulneración al principio de confianza legítima por parte de funcionarios públicos a contrata.
La determinación de la nueva contralora, Dorothy Pérez, ha sido cuestionada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Al respecto, el diputado Cuello informó que el dictamen será abordado con los presidentes de la CUT y la ANEF, David Acuña y José Pérez, el próximo lunes 18 de noviembre en una sesión especial de la Comisión de Trabajo
“Me parece fundamental escuchar a los trabajadores que después de años de lucha se ven amenazados por la sombra de la precarización laboral. Este dictamen es un serio retroceso que pone en riesgo la estabilidad en el empleo y al mismo tiempo debilita la función pública”, concluyó el parlamentario. (Emol La Tercera)
