El 17 de octubre, tras la forzada renuncia de Manuel Monsalve a la Subsecretaría del Interior, y cuando aún no se definía la llegada de Luis Cordero a esa repartición, el Frente Amplio levantó la idea de que Víctor Ramos, secretario ejecutivo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento en La Araucanía, asumiera esa labor.
La propuesta fue inmediatamente descartada -entre otras razones- porque el Presidente Gabriel Boric tiene especial interés en que la instancia creada por decreto en junio de 2023, tras la firma de todo el arco de partidos del oficialismo y la oposición, llegue al objetivo de crear una vía institucional para abordar el conflicto de tierras y establecer una nueva relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.
Los comisionados Alfredo Moreno, Francisco Huenchumilla (DC), Carmen Gloria Aravena, Gloria Callupe, Nicolás Figari, Adolfo Millabur, Sebastián Naveillán y Emilia Nuyado tienen un mandato legal de 18 meses para emitir un informe que luego será entregado posteriormente al Presidente Boric.
La fecha se cumple el 12 de enero. Por eso, según detalló Víctor Ramos a La Tercera, la instancia se encuentra en una fase de sistematización y análisis de los antecedentes recopilados en los meses de audiencias y procesos de diálogo que se han llevado a cabo en las regiones entre el Biobío y Los Lagos. Luego se definirá cuándo la propuesta llegue a manos del Mandatario.
La comisión debe realizar un diagnóstico de la demanda de tierras del pueblo mapuche, las tierras ya entregadas por el Estado de Chile y las brechas persistentes en dicha materia, para poder cuantificar dicha demanda.
“Los acuerdos finales se conocerán cuando las y los comisionados hayan terminado de discutirlos y acordarlos, decisión que -como se ha dicho- será por unanimidad”, comenta Ramos.
En audiencias, la comisión ha recibido a las comunidades y a más de una veintena de organismos públicos y autoridades de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Los partidos partidos políticos también han participado en audiencias.
La aspiración de los integrantes de la comisión es que la propuesta que se entregará al Presidente considere también la voz de los actores de la industria que conviven en la zona mapuche. Para eso se han destinado audiencias específicas a dialogar con actores de la industria forestal, como Celulosa Arauco, CMPC, Forestal Arauco, Corma. También con gremios productivos, como Aproval, Saval, SAGO, Cámara de Producción y el Comercio de Biobío, entre otros.
El expresidente de la CPC Juan Sutil se cuenta entre los empresarios que han tenido recientes reuniones con el secretario de la comisión, Víctor Ramos.
“Entregué una amplia mirada de como veía el problema y cómo lo vimos cuando era presidente de la CPC. De que teníamos que mirar el futuro, porque mirar el pasado para estos acuerdos es más difícil en cualquier circunstancia. Hay que hacer las modificaciones que permitan que la Ley Indígena favorezca el desarrollo de la región”, dice.
Respecto a sus expectativas de la propuesta, señala que “si esta propuesta es muy ambiciosa, el mayor problema estará en que no se podrá llevar adelante”.
Dado de que el trabajo de la comisión está en su recta final, queda abierta la incógnita sobre quién hará el seguimiento de las propuestas que llegarán al Presidente.
Para ello, explican en el gobierno, se está evaluando la incorporación de recursos adicionales en el Presupuesto para la creación de una oficina de seguimiento de los acuerdos.
PLAN BUEN VIVIR: $1.397 MILLONES EN DUDA
El otro proyecto ícono de la administración Boric que tiene relación con el conflicto mapuche es el Plan Buen Vivir, que fue creado en el primer año de gobierno con el objetivo de establecer espacios de acercamiento con las comunidades que logren reducir la violencia en la zona.
En su primera fase la iniciativa estaba al alero del Ministerio del Interior y era encabezada por el mismo Víctor Ramos. Hoy el Plan Buen Vivir es coordinado por otro frenteamplista: Francisco Arellano (FA). Y está bajo la administración de la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza el ministro Álvaro Elizalde.
Este martes es un día clave para el plan porque buscará reponer los $1.397 millones para financiar los equipos de diálogo territorial y prevención de conflictos que el Congreso rechazó la semana pasada en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto. De hecho, fue la única partida de la Segpres que no fue aprobada.
En los años anteriores ha habido igual resistencia de la oposición para aprobar los recursos del Plan Buen Vivir, argumentando dudas sobre su efectividad y cuestionamientos al equipo que lo lleva adelante en regiones. Pero desde el gobierno son enfáticos en señalar que la iniciativa ha facilitado el diálogo en la zona y ha contribuido a la reducción de los índices de violencia (eso sin contar con que en la zona opera el estado de excepción constitucional).
Durante esta mañana se repuso la partida de la Segpres, que está en el lugar 22 de los ministerios.
La otra fuente de financiamiento de la iniciativa del gobierno está en el Ministerio de Obras Públicas, que sustenta el plan de infraestructura del Plan Buen Vivir. Este año el Congreso aprobó 396 mil millones para ese fin.
El alcalde de Temuco, Roberto Neira, se cuenta entre quienes defienden el plan y ha abogado porque los parlamentarios aprueben los recursos para su funcionamiento. “Les voy a comentar que en base al proyecto Buen Vivir estamos financiando una escuela rural, que es la Escuela Mollulco, que tiene un costo aproximado de 12.000 millones de pesos. Tenemos el asfalto de varios kilómetros de caminos rurales que benefician a comunidades mapuches y productores también que viven en los sectores rurales de nuestra comuna, estos proyectos nunca habían sido avanzados tan prontamente si no fuera por el programa Buen Vivir”, asegura. (La Tercera)
