La llamada “deuda histórica al profesorado” es antigua, llevamos 43 años con el lamento. Su origen estuvo en enero de 1981 en el traspaso de las escuelas públicas desde el Gobierno de esa época a las municipalidades respectivas. La idea central es que se iba a lograr una mejoría de la enseñanza cuando estuvieran bajo la administración de quienes convivían con los profesores y alumnos por su cercanía vecinal y facilidad de gestión.
Para estimular el traslado, aparte de facilidades administrativas, se estableció una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación. El traspaso no garantizaba la obligación de recibirlo. Con ese sistema se garantizaban mayores sueldos líquidos que si la asignación hubiera estado sujeta a las obligaciones previsionales.
Como consecuencia, contó con el respaldo del profesorado. En todo caso, si alguno de ellos hubiera preferido incrementar su jubilación, habría podido hacerlo en forma individual. La Contraloría General de la República y el Poder Judicial no plantearon objeciones al procedimiento estatal.
Después de transcurridos varios años de operación del nuevo sistema se empezaron a observar dificultades en la gestión, motivadas especialmente por las grandes diferencias entre los municipios del país, no solo en su tamaño geográfico, sino también por su población, el ingreso económico promedio de sus habitantes y el tipo de actividad que realizaban sus trabajadores. En definitiva, la existencia de diferencias entre los municipios ricos y pobres que se trasladaba a la calidad de la enseñanza, agudizando la desigualdad social existente.
A lo anterior se fue incorporando la llamada reparación simbólica de los dirigentes principales del profesorado o “deuda histórica”, en que se exige una “reparación simbólica”, no solo por la realidad descrita sino también por las desigualdades al interior del profesorado.
Esta situación ocurrió básicamente en la educación básica en Chile. En los niveles medios y superiores la enseñanza no fue municipalizada y tiene sus propios sistemas. Por ejemplo, en el caso de las universidades participan distintos regímenes, estatales, públicas, regionales y privadas, con y sin subsidios fiscales y cada una ha encontrado su mecanismo de propiedad, de gestión y de control.
Los profesores tienen una tradición de poseer asociaciones gremiales poderosas, entre otras cosas por la unión de sus miembros en sus demandas y su permanencia en el tiempo. La petición por resolver la “deuda histórica” ha sido constante y discutida con diversos gobiernos. Incluso los candidatos al Poder Ejecutivo la utilizan como mecanismo de respaldo.
Un ejemplo ocurrió en la última campaña presidencial en que terminó triunfador el actual Presidente, Gabriel Boric, quien promedió resolver el tema de la “reparación histórica” así como otras promesas populistas, como terminar con el DAE, las Isapres y las AFP, aunque era bastante obvia la imposibilidad de cumplirlas, dado el estancamiento productivo y la debilidad de la caja fiscal, como efectivamente ha ocurrido.
El ministro de Educación, en quien cae resolver el problema que reiteran los profesores, ha sostenido numerosas reuniones para buscar una solución, pero a pesar de los eventuales acuerdos, este todavía no se alcanza. Sin embargo, ha señado que el Gobierno finalmente propondrá al Parlamento una alternativa. Consistiría en la entrega de $4 millones por docente en 6 años, según la edad. Su costo para el fisco llegaría a casi US$ 275 millones. De esa manera cumpliría con la promesa de la campaña, reiterada por más de dos años de Gobierno.
A semejanza del caso del CAE, hace la ligereza de “chutear” la pelota para más adelante, para el próximo Gobierno, sin afectar las finanzas de su Presidencia, ya que este tipo de solución tendría una prolongada discusión parlamentaria, dadas las diferentes opiniones que se han manifestado sobre el tema, incluso del Colegio de Profesores, que manifiesta su “decepción”.
Uno de los probables motivos de discrepancia sería el número de beneficiados, que se ha mencionado alcanzaría a 57 mil casos. ¿Quiénes lo recibirían?
-En 43 años muchos fallecieron. ¿Hay derechos de herencia?
-El caso de quienes dejaron el profesorado y trabajaron en otras actividades.
-Aquellos que no entraron a las escuelas municipales.
-No habían nacido o eran muy jóvenes y estaban en los primeros estudios.
Como puede observarse, son muchas las preguntas por resolver y por discutir; las soluciones no serán fáciles, pero que en el Gobierno hay algunos ingeniosos, hay que reconocerlo.
¿Cómo se considera el actual proceso de lento traspaso de la Educación Básica desde los municipios hacia el Poder Ejecutivo? (El Mostrador)
Andrés Sanfuentes
