El Senado de Australia aprobó este jueves una ley pionera que prohibirá el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, y contemplará multas de hasta unos 32,1 millones de dólares (más de 31 mil millones de pesos chilenos) para plataformas como Facebook, Instagram o TikTok que la infrinjan.
El texto, que entrará en vigencia en 12 meses, recibió hoy el visto bueno del Senado con 34 votos a favor y 19 en contra, con apoyo de parte de la oposición, un día después de que fuera aprobada en la Cámara de Representantes, por 101 a favor y 13 en contra.
Ahora, la medida regresará a la Cámara Baja para la aprobación final de una serie de enmiendas antes de convertirse en ley.
La ley, que busca proteger a los niños y adolescentes del acoso y de potenciales problemas de salud mental, introduce una nueva categoría llamada «plataformas de medios sociales con restricciones de edad» para prohibir a los menores de 16 años, incluidos aquellos que ya tienen cuentas, el acceso a las redes sociales.
En este sentido Facebook, Instagram (ambas de Meta), Reddit, Snapchat, X y TikTok tienen la responsabilidad de hacer que se cumpla la ley, de lo contrario afrontan multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos.
En cambio, la ley, que excluye a plataformas de bajo riesgo como YouTube, no impone sanciones para los usuarios o los padres que la infrinjan, según explicó hace unas semanas el primer ministro australiano, el laborista Anthony Albanese, promotor de la medida.
PASOS NECESARIOS DE LAS PLATAFORMAS
La senadora laborista Jenny McAllister explicó, en el debate de hoy, que el gobierno solamente quiere que las plataformas digitales tomen «los pasos necesarios» para que los menores de 16 años no abran ni tengan una cuenta, de lo contrario, afrontarán multas que son «intencionalmente grandes».
Esas normativas para que las plataformas digitales y redes sociales establezcan «medidas razonables» para restringir el acceso de los menores estarán a cargo de la Comisión Australiana de Seguridad Electrónica.
David Shoebridge, del Partido Verde, rebatió que la propuesta del gobierno australiano es «profundamente defectuosa» y «peligrosa», al recordar que diversos sectores de la salud mental, algunas agencias gubernamentales y defensores de los derechos humanos han alertado sobre los riesgos de su implementación.
Shoebridge recalcó que la ley impactará principalmente a los jóvenes vulnerables, como aquellos en el colectivo LGTBIQ+ de las zonas rurales, que encuentran apoyo en las redes sociales, así como a la privacidad de todos los usuarios, incluyendo los adultos.
Para Amnistía Internacional, esta ley «no aborda el problema fundamental de que las empresas de redes sociales se benefician de contenidos nocivos, algoritmos adictivos y vigilancia (a los usuarios)», según un comunicado publicado hoy.
CRÍTICAS DE MEGA, GOOGLE Y X
El proyecto de ley llegó el pasado 21 de noviembre al Parlamento de Australia, en medio de peticiones de los gigantes digitales, como Meta y Google, para que se dé tiempo para terminar las pruebas encargadas por el gobierno australiano que permitan la verificación de edad, que pueden incluir datos biométricos, entre otros asuntos.
X cuestionó la «legalidad» de la propuesta, advirtiendo que podría no ser compatible con las regulaciones internacionales y los tratados de derechos humanos que Australia ha firmado.
Con esta norma, Australia se suma a países como España, que fijó la edad mínima para abrirse una cuenta redes sociales primero en 14 y está en proceso de subirla a 16, y otros lugares del mundo como Puerto Rico y Nueva York, que han adoptado medidas similares.
Desde febrero pasado, la Comisión Europea investiga a TikTok para conocer sus mecanismos de protección a menores, en línea con las denuncias que siete familias francesas presentaron contra la plataforma, al asegurar que sus hijos sufrieron daños por su uso.
La Comisión examina los algoritmos, los posibles aspectos adictivos y las medidas adoptadas por la plataforma para mitigar contenidos potencialmente nocivos, y podría adoptar una decisión de incumplimiento que se traduciría en una sanción económica de hasta el 6% de su facturación anual mundial. (Cooperativa EFE)
