La Multigremial de La Araucanía criticó en duros términos la compra del Fundo El Nudo en la comuna de Freire, región de La Araucanía, por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), acusando que se trata de «una señal peligrosa y un incentivo perverso a la violencia» que vive la región.
A través de un comunicado, la agrupación afirmó que «resulta inaceptable que predios con un largo historial de ataques, usurpaciones y hostigamientos terminen siendo adquiridos con dineros públicos, premiando prácticas que atentan contra el estado de derecho, el desarrollo productivo y la convivencia pacífica». De acuerdo a la organización, el costo de la transacción fue de $10 mil millones.
«Esto no es nuevo. El patrón es conocido: una serie de hechos violentos, usurpaciones y atentados, y al tiempo una oferta millonaria por parte del Estado de Chile a través de Conadi», afirmaron.
Añaden que «en suma, el Gobierno está comprando la paz con el dinero de todos los chilenos, a costa de entregar territorios a los mismos que los usurpan y destruyen».
Asimismo, remarcan que la glosa N°9 de la Ley de Presupuesto «establece con claridad que no se deben comprar terrenos que se encuentren perturbados o que hayan sido objeto de hechos violentos».
«El actuar de Conadi es un insulto a los agricultores, emprendedores y trabajadores que cada día sufren los embates de grupos radicales. Mientras el Gobierno premia a los violentos, quienes respetan la ley se ven atrapados entre la violencia y una oferta millonaria por parte de Conadi, son abandonados y forzados a vender por miedo o desesperación. Nos preguntamos: ¿Cómo se le explica al chileno común que trabaja, paga impuestos y ve postergadas sus necesidades en salud y educación, que hay recursos millonarios para comprar predios en conflicto?», añade.
Junto con los descargos, desde la Multigremial pidieron «un alto inmediato a la compra de predios perturbados o con antecedentes de violencia; acceso público a los informes trimestrales de Conadi, detallando la situación de cada predio adquirido, tal como lo establece la Glosa N°13; que se cumpla estrictamente la ley y no se adquieran tierras que han sido perturbadas o usurpadas por grupos violentos».
Por último, llamaron a los diputados de la región a investigar este caso y pidieron que el Gobierno se pronuncie, «porque se borra con el codo lo que se escribe con la mano cuando hablan de seguridad y de Paz y Entendimiento».
«El Estado tiene la obligación de proteger a las víctimas, no de abandonarlas a su suerte ni empujarlas a vender sus tierras a la fuerza. La paz en La Araucanía no se construirá con más cesiones ante la violencia, sino con firmeza, justicia y respeto al estado de derecho», cierra el comunicado. (Emol)
