En el primer año de vigencia de la Ley 21.633 (llamada de Usurpaciones), las ocupaciones ilegales de predios en la macrozona sur disminuyeron 59%, al pasar de 103 casos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2023 a 42 en los mismos once meses de este año.
En el período analizado, además, las personas detenidas por participar en tomas de terrenos subieron 900%, al pasar de 7 a 63.
Un desglose de esta última cifra muestra que en La Araucanía los arrestos se incrementaron de 4 a 35, y en Biobío, de 3 a 28. Así lo revela un informe de Carabineros, autoridad policial que concentra las denuncias y lleva a cabo los desalojos y detenciones.
Según este reporte, las regiones donde la nueva norma tuvo mayor impacto son Los Lagos (paso de 7 usurpaciones a ninguna) y La Araucanía, que bajó de 82 a 26. Sin embargo, contrario a esa tendencia, Biobío incrementó los casos desde 10 a 14 en el período comparado.
Para el exfiscal regional de La Araucanía y vicedecano de Derecho de la U. Autónoma, Francisco Ljubetic, las estadísticas de Carabineros permiten constatar «que las indagatorias se vieron respaldadas por la nueva legislación y se lograron mejores condiciones investigativas para lograr resultados».
Para el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, “por años, primó una mirada ideológica”. Plantea que la actual normativa “logró evitar que los ataques se normalizaran en el tiempo”. Sanción con cárcel a la violencia y flagrancia permanente, entre las medidas más útiles. En cambio, la ley de infraestructura crítica y las RUF para uniformados continúan entrampadas.
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