Las bancadas de Chile Vamos —RN, UDI y Evópoli— no lograron ponerse de acuerdo ayer para actuar en conjunto. Sin embargo, tras horas de reflexión, esta tarde anunciaron que, al igual que el Partido Republicano, recurrirán al Tribunal Constitucional por la fallida compra de la casa del ex Presidente Salvador Allende y el rol que habrían tenido en el caso la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández, ambas del Partido Socialista.
El jefe de la bancada de diputados de la UDI, Gustavo Benavente, manifestó que como coalición «vamos a utilizar todas las herramientas fiscalizadoras que nos otorga la ley y la Constitución. Ya el lunes se va a votar una comisión investigadora, junto con eso también vamos a solicitar antecedentes al Poder Ejecutivo, porque queremos hacer valer las responsabilidades políticas que involucren a todas las personas que pueden estar envueltas en este caso, desde el Presidente de la República a cualquier otra persona, por supuesto también a la Ministra Fernández».
Según explicó el legislador, estas acciones les permitirán «formular un sólido requerimiento ante el Tribunal Constitucional para hacer valer las infracciones que se han cometido a la Constitución en este caso». En esa línea, adelantó que el equipo jurídico ya está trabajando en el requerimiento. «No siempre a veces por llegar primero se hacen mejor las cosas, las cosas hay que prepararlas, hay que analizarlas y así obtener una mejor garantía de éxito ante el tribunal», dijo Benavente aludiendo al accionar de la bancada de diputados del Partido Republicano.
En esa línea, el líder de la bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, manifestó que «vamos a ejercer todas las acciones constitucionales que están a nuestro alcance para poder determinar la participación, las responsabilidades y concurrir a los tribunales que correspondan para que haya un pronunciamiento formal respecto de estos actos que nosotros consideramos que son ilícitos constitucionales. Es un acto de responsabilidad, de coherencia y que es armónico con nuestra función fiscalizadora como parlamentarios de la República».
Finalmente, el diputado Andrés Longton (RN) señaló que «queremos recabar todos y cada uno de los antecedentes para efectos de saber quién más pudo haber estado involucrado, por ejemplo el Presidente de la República; queremos saber las comunicaciones entre la ministra de Bienes Nacionales y la ministra de Cultura, los informes sobre las tasaciones, las copias de las escrituras de los decretos. No hay que ir a improvisar al Tribunal Constitucional, el ir apresuradamente puede llevarnos a una dura derrota».
En ese marco reprochó que «el Tribunal Constitucional ha demostrado en algunos fallos actuar con un criterio político y no jurídico. Y por lo tanto, lo que queremos es, precisamente, tener los fundamentos necesarios y que sean lo suficientemente contundentes para que el Tribunal Constitucional falle, no tenga excusa para no fallar en derecho». (Emol)
