Las últimas semanas han sido difíciles para la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Los comisionados -convocados para ofrecer una salida al conflicto mapuche- han debido sesionar a contrarreloj y ya casi es un hecho que no hay acuerdo o habrá que convenir una nueva prórroga al trabajo que tiene como fecha de tope el próximo 31 de enero para hacer entrega de su informe al Presidente Gabriel Boric.
La instancia, creada en junio de 2023 tras la firma de los 21 partidos políticos del oficialismo y la oposición, dejó en manos de ocho comisionados -encabezados por el senador Francisco Huenchumilla y el excanciller Alfredo Moreno, y bajo la secretaría ejecutiva de Víctor Ramos– la misión de hacer un diagnóstico de la demanda de tierras del pueblo mapuche y propiciar un diálogo que descomprima la histórica tensión en la Macrozona Sur.
Las señales que ya tienen al gobierno esbozando un “plan B” para salvar la situación son evidentes: a seis días de cumplirse el plazo no se ha empezado a redactar un documento con acuerdos transversales, pese a que los comisionados se han sometido en los últimos días a jornadas extenuantes de más de 12 horas -que han incluido fines de semana tanto en La Moneda como en la oficina de la Secretaría General de la Presidencia, ubicada en el Edificio Bicentenario. Tampoco se ha determinado la puesta en escena para la entrega del documento: si esta contará con una ceremonia, un acto simbólico, un discurso o solo se entregará la propuesta personalmente al Presidente.
Quienes conocen los pormenores del debate de los comisionados señalan que el factor más importante que incide en el fracaso o la eventual prórroga de la instancia es el mismo que ha generado los debates más candentes de la instancia en su año y siete meses de funcionamiento: la fórmula consensuada para la restitución de tierras.
Quienes saben del debate sostienen que la comisión cuenta con un catastro de las tierras comprometidas en al menos cuatro regiones. Según datos a los cuales tuvo acceso La Tercera, en las conversaciones se ha cifrado en 358 mil hectáreas las tierras que deberían ser restituidas, las que -en todo caso- incluyen las 320 mil hectáreas que ya cuentan con un certificado de aplicabilidad de la Conadi.
Las mismas fuentes señalan que el gasto fiscal que tendría el plan propuesto por la comisión asciende a los US$ 3.200 millones y que la cifra ya fue conversada con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Uno de los problemas que han advertido a algunos de los comisionados es que la cifra de restitución de tierras no considera las llamadas “tierras ancestrales” que son demandadas por las comunidades y que dispararían el número de hectáreas consideradas para la restitución.
Tanto o más importante aún es que no está asegurado que los actores involucrados en el conflicto respalden los acuerdos de la comisión.
“PLAN B”
El secretario ejecutivo de la comisión, Víctor Ramos, ha reiterado su interés en que la comisión entregue su propuesta de trabajo la próxima semana y no aplique una segunda prórroga.
Quienes conocen del debate interno aseguran que Ramos incluso ha señalado que para destrabar los conflictos y evitar esa nueva extensión una alternativa es redactar un documento con los acuerdos alcanzados por los comisionados durante su trabajo y dejar abierto el tema de la restitución de tierras.
La fórmula -sin embargo- ha sido tajantemente rechazada por algunos comisionados, ya que este punto es considerado el corazón de la instancia.
La inquietud de La Moneda -que busca mostrar avances en el tema- se intensificó luego de que dos miembros de la comisión formalizaran por separado su solicitud de prórroga de la instancia.
El pasado martes 21 de enero, la comisionada Carmen Gloria Aravena (republicanos) presentó una carta oficial dirigida al secretario ejecutivo de la comisión, Víctor Ramos, y a los dos copresidentes de la instancia, Alfredo Moreno y Francisco Huenchumilla, para solicitar una prórroga formal.
La senadora confirmó a La Tercera su petición.
Según quienes conocen de la misiva, Aravena busca tiempo para revisar el documento final que se entregará a Boric.
Una acción más tajante fue la presentada por el también comisionado Sebastián Naveillán (presidente de la Asociación de Agricultores Malleco), quien solicitó extender el trabajo de la comisión hasta marzo, con el propósito de involucrar a todos los actores, refiriéndose a la industria forestal, a la que según expone solo se ha invitado a dialogar dos veces.
“Hasta la fecha no hemos alcanzado acuerdos concretos; únicamente hemos avanzado en conversaciones preliminares que no nos permiten aún ofrecer una propuesta sólida y acorde con las expectativas que los habitantes de la zona sur tienen respecto de nuestra labor”, se lee en la misiva.
Las solicitudes de Aravena y Naveillán no han sido resueltas por la instancia, la que planea reunirse presencialmente el próximo jueves 30, aunque el copresidente y senador Francisco Huenchumilla (PDC) confirmó que se buscará trabajar de manera telemática todos los días de la próxima semana.
Pese a que las demandas de los señalados comisionados ponen en jaque a la comisión que sólo puede avanzar con el respaldo unánime de sus miembros, los copresidentes de la instancia aún mantienen cierto optimismo público sobre el resultado final de su trabajo.
“Espero que podamos tener un informe positivo, pero para eso se requiere que todos sepan el problema: aquí se trata de hacer justicia al pueblo mapuche que fue despojado de sus tierras en el siglo XIX, esa es la petición política. Es importante que los agricultores y las forestales entiendan esto”, señaló Huenchumilla, mientras el otro copresidente y exministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, asegura que se llegará con un texto el próximo viernes “en un trabajo que es complejo y que no es actual sino histórico”. (La Tercera)
