Una jornada clave tendrá este martes el proyecto de permisos sectoriales. Después de 6 meses de discusión, la Comisión de Economía del Senado la podría aprobar y despachar a su siguiente etapa legislativa marcando un hito en la tramitación de este proyecto estructural del gobierno que busca agilizar la inversión.
Pero para llegar hasta acá, el gobierno y los senadores tuvieron que firmar un protocolo de acuerdo con 10 puntos. De esos, en cuatro materias se mantienen diferencias, las que deberían llegar subsanadas a la sesión de este martes, que estaba fijada desde las 09:30 horas hasta total despacho.
Sin embargo, al cierre de esta edición, las indicaciones comprometidas por el Ejecutivo todavía no ingresaban lo que causó la molestia del presidente de la Comisión de Economía, Rojo Edwards, (Partido Social Cristiano) quien decidió suspender la sesión de la mañana a la espera de conocer el detalle de los cambios que el gobierno quiere realizar al proyecto en esas cuatro materias.
Sin embargo, desde el gobierno tenían todo previsto para presentar los cambios durante la discusión en la Comisión. De hecho, la expectativa es que efectivamente se despache de la comisión durante la jornada. Pese a esta suspensión, hay la disposición de reanudar el debate durante el día, si es que el Ejecutivo llega con las modificaciones.
Una de esas temáticas es la aplicación de declaraciones juradas en lugar de un permiso. Si bien en el acuerdo se establece que se eliminará de la definición de tipologías la restricción al uso de técnicas habilitantes alternativas (THA) para ampliar su utilización, un punto que cuestionó el presidente de la Comisión, Rojo Edwards, (Social Cristiano) quien dijo que estas declaraciones se podrán usar por norma general a menos que la ley sectorial respectiva determine lo contrario, o el órgano sectorial fundadamente la necesidad de una autorización. Esto para Edwards limitará ese espacio para reemplazar los permisos por las declaraciones juradas.
Otro de los temas a precisar es a qué se refiere con los plazos fatales. Según lo escrito en el protocolo, “los plazos para resolver permisos en el sector público son fatales y obligatorios, y que su no cumplimiento podrá desencadenar responsabilidad funcionaria. Adicionalmente, la observancia de los plazos para resolver será considerada para determinar el grado de cumplimiento de los PMG vinculados a permisos sectoriales”. La definición de “fatal” es lo que se debe precisar.
Un tercer punto donde todavía no hay acuerdo es en la invariabilidad regulatoria. De acuerdo al protocolo, lo que se establece es que “se revisará junto a los senadores un mecanismo que impida que variaciones en las regulaciones y de criterios afecten a los solicitantes de proyectos durante la tramitación de los permisos y su ejecución. Y con ello se asegurará una invariabilidad de criterios y exigencias regionales para los permisos que otorga cada órgano sectorial”. Esto para la oposición no esta contenida en las indicaciones del gobierno, por lo que espera que se mejore la redacción de la indicación.
Como cuatro tema es la tramitación de permisos en paralelo. Según el acuerdo “ningún servicio podrá, sin que la ley así lo señale, exigir otra autorización como requisito para efecto de tramitar un permiso. A su vez, se deberá identificar y cambiar leyes que actualmente soliciten requisitos no debidamente justificados para efectos de la tramitación de una autorización. “Lo anterior implica por defecto, que todas las autorizaciones y permisos sectoriales pueden pedirse en paralelo, a no ser que este expresamente prohibido en las leyes”, dice el protocolo de acuerdo.
No obstante, para la oposición, lo único que podía limitar la tramitación en paralelo es la ley y no la normativa, pero eso no está en las indicaciones que propone el gobierno.
De acuerdo a quienes conocen el trabajo entre el Ministerio de Economía y los senadores, afirman que durante esta última semana se acercaron posiciones, y por ello, la expectativa para la votación de este martes es buena, y se espera que se pueda aprobar y despachar para que siga su tramitación en la Comisión de Hacienda y luego en la sala del Senado.
En la sesión del pasado martes 11 de marzo, la Comisión de Economía del Senado aprobó, en particular, el Título VII del proyecto de ley, relativo al mecanismo de modernización de las autorizaciones y la aplicación de técnicas habilitantes alternativas.
Desde el Ejecutivo se señaló que la proyección de impacto del proyecto de ley establece que los tiempos totales de tramitación sectorial de los proyectos de inversión serán reducidos en al menos 30% en promedio; habrá un aumento directo en el PIB derivado de nuevos proyectos de inversión de un de 2,4% en 10 años; además de un incremento en la recaudación fiscal producto del adelantamiento de flujos futuros por 0,27% del PIB de 2023.
Este proyecto ingresó en enero del 2023 a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. En esa instancia, como principal modificación fue que se reemplazo la creación de una institucionalidad que coordinará la tramitación sectorial de los permisos por una agencia dependiente del ministerio de Economía. (Pulso)
