La tarde del viernes, el gobierno aterrizó los alcances de la gratuidad universal en la educación superior. Sin precisar plazos, la Presidenta Michelle Bachelet señaló que se llegaría al 100% del objetivo, pero “en la medida en que la economía vaya creciendo y exista disponibilidad de recursos fiscales”.
La diputada y presidenta de la Comisión de Educación, Camila Vallejo, analizó en extenso los nuevos lineamientos del Ejecutivo y manifestó su preocupación por los distintos discursos al interior de la Nueva Mayoría. “Me preocupan las señales contradictorias. El día jueves nos reunimos con la ministra (Adriana Delpiano), quien aseguró que las reformas educacionales comprometidas iban completas, no descuartizadas. Que la gratuidad universal y desmunicipalización van”, relata.
¿Qué opina sobre la condicionante de que la gratuidad universal sea en la medida del crecimiento?
Yo no comparto que la gratuidad deba ir asociada al crecimiento económico. Obviamente, un país necesita riquezas para financiar programas sociales, pero tiene que ver más que nada con una política distributiva y esto es lo que hemos abogado en materias de reformas, porque tenemos una desigualdad brutal. No hay voluntad del mundo empresarial, que presiona las definiciones políticas, por hacer reformas estructurales que hacen que no tengan el nivel de tasa de ganancia que han tenido durante las últimas décadas. El tema del crecimiento tiene que ver con la redistribución y estas reformas comprometidas en el programa apuntan a eso, por eso no se pueden claudicar.
¿Falta claridad del gobierno entonces?
Varias cosas deben aclararse, porque no podemos poner en un manto de duda las reformas comprometidas en un escenario de fuerte desconfianza de la ciudadanía ante el ejercicio de la política y de las autoridades. No puede ser que comprometamos cosas que después no somos capaces de cumplir. Las reformas hay que cumplirlas. Yo soy de la idea y convicción de que las riquezas Chile las tiene, pero insisto: hay que redistribuirlas. Tenemos 10 % de la ley reservada del cobre que se destina a las Fuerzas Armadas, tenemos también el fondo de educación, el fondo soberano, tenemos recursos en Chile que no los estamos poniendo donde corresponde y donde están las prioridades. El tema de educación se instaló hace años ya como un eje prioritario para el crecimiento económico.
Además, existen dudas aún sobre la gradualidad del proyecto. ¿Será un 60% o un 75% con el que se parta finalmente?
Siempre ha estado claro que hay una gradualidad en la implementación y que lo más urgente es partir por los seis deciles más bajos y en un período establecido para alcanzar la universalidad. Hasta el momento, lo que se ha dicho es que será en cuatro años, una vez que parta el proyecto: si se inicia el 2016, debiese culminar el 2020. Pero la gratuidad universal se debe cumplir y para eso no debe haber excusas.
Antes de su salida, Eyzaguirre comprometió criterios para el financiamiento de las universidades. ¿Se mantienen estos con la actual ministra?
El Estado debe garantizarles a todos los estudiantes una buena educación gratuita, pero una educación con ciertas garantías, con ciertos criterios. Para que las universidades entren en la gratuidad, no pueden ser instituciones que lucren, que sean discriminatorias en el acceso, que no tengan mínimos de pluralismo, de libertad de cátedra. Deben tener un compromiso con lo público, con el desarrollo del país y con vocación social. Por lo tanto, aquí tenemos una discusión política que dar, que no depende simplemente de cuántos estudiantes son, sino de qué instituciones se comprometen con la sociedad y la gratuidad universal tiene que ir sí o sí.
¿Si es con criterios, la gratuidad pierde la consigna de la educación como derecho entonces?
La gratuidad es un elemento para garantizar el derecho, pero no es el único. Nosotros hablamos de un derecho a la educación que no es sin contenido. No es algo que simplemente se garantice mediante gratuidad. No se trata simplemente de entregar recursos del Estado para financiar instituciones que hacen negocios y el Estado no puede seguir prestándose para eso. Se trata de cambiar la lógica del financiamiento; hablamos de acceso más inclusivo; cambiar los mecanismos de acceso a la educación superior, donde la actual PSU no está dando el ancho; asegurar la permanencia en las instituciones, no basta acceder si después los estudiantes terminan desertando a los dos años porque no tuvieron programas de nivelación.
¿Qué sucede con los discursos y dudas sobre el financiamiento universal en la Nueva Mayoría?
La ministra nos reafirmó que el programa va, por lo tanto, a mí no me quedaron dudas después de esa reunión. Yo esperaría que hubiera un discurso más claro en todos los representantes de la Nueva Mayoría, no solamente del gobierno, sino que de todos los partidos y que el programa com- prometido por la Nueva Mayoría no se vuelva a poner en duda, menos el de educación. Que no se siguiera relativizando ni poniendo mantos de dudas, porque las ambigüedades se prestan para agudizar las desconfianzas. Si no hay certezas, hay que exigirlas. Si aquí hay dudas con los recursos para la gratuidad, insisto, hay que buscarlos y redistribuir. La educación no es un gasto, es una inversión, por lo tanto, no lo podemos perder de vista.
