La propuesta de una nueva carrera docente del gobierno enfrentó la oposición del Colegio de Profesores, quienes sostuvieron un paro de casi dos meses que dejó a miles de niños y jóvenes sin clases a lo largo de todo Chile y con un evidente riesgo de perder el año escolar. Por otro lado, surgieron algunos problemas internos, como la división de sus propios parlamentarios oficialistas, quienes no se pusieron de acuerdo a la hora de votar la idea de legislar en la comisión de educación de la Cámara, aunque el proyecto finalmente fue aprobado en el hemiciclo.
Si de verdad consideramos la educación como uno de los principales motores del progreso social, como un medio privilegiado para la transmisión de la cultura y el conocimiento, así como una de las principales fuentes para la formación de hombres y mujeres libres, debemos situar a los profesores en el corazón mismo de la discusión educacional y de cualquier proyecto exitoso hacia el futuro.
En ese sentido, la propuesta de una nueva carrera docente está bien encaminada, pero sin duda todavía es insuficiente.
Aumentar las remuneraciones de los profesores constituye un avance importante, especialmente respecto a los nuevos profesores que partirán ganando cerca de $800.000 en términos brutos en un nivel inicial, el que puede aumentar casi al $1.000.000 en los mismos términos al llegar al tercer nivel de la nueva escala de remuneraciones, que distingue entre nivel inicial, temprano, avanzado, superior y experto. Sin embargo cabe preguntarse si estas remuneraciones son realmente atractivas, competitivas con otras profesiones, considerando lo valioso que es la actividad de los maestros. La respuesta claramente es que no.
Este aumento es insuficiente para los alumnos más destacados que estudiarán pedagogía en virtud de la beca vocación de profesor, para ellos podría implementarse un bono adicional si siguen haciendo clases en colegios vulnerables luego de terminado el compromiso que adquirieron con el Estado al aceptar la beca. Lo mismo podría aplicarse para aquellos profesores que obtengan evaluaciones altas en su actividad docente.
Tal como el gobierno parece haber descubierto en los últimos meses, las necesidades son múltiples y los recursos son escasos. En ese sentido, de haberse priorizado realmente la labor docente, podríamos haber descartado el fin al copago y el absurdo gasto de más de 600 millónes de dólares extras para reemplazar un aporte que los padres ya hacían y que no tendrá efecto alguno en la calidad educacional. Una buena idea pudo haber sido invertir esos recursos en beneficio de 100.000 profesores que podrían recibir un bono anual de tres millones y medio de pesos cada año, como un importante reconocimiento a la labor social que realizan. Todo esto, por supuesto, adicional a sus sueldos mensuales. ¿No sería esto justo y posible?
Al mismo tiempo el proyecto avanza en el aumento de horas de libre disposición, fijando un 35% de las horas laborales de los profesores con la finalidad de atender apoderados, preparar clases y corregir pruebas. Esto debería complementarse con una disminución del número de alumnos por sala de clases, que debiera rondar los 35 alumnos por sala. Todos los que teníamos más de 40 compañeros de cursos sabemos lo difícil que se convierte la labor del profesor para transmitir su conocimiento en tales condiciones. Al menos debe estudiarse el tema seriamente.
Otra idea valiosa es aprovechar las experiencias de miles de jóvenes profesionales, pero que no tienen la pedagogía, y que han dedicado los primeros años de sus vidas laborales a la docencia, una labor a la que lamentablemente este proyecto pone fin. Estos jóvenes contribuyen de manera importante a la formación de miles de estudiantes, contribuyendo desde su formación profesional, en un trabajo ciertamente complementario al que realizan los profesores.
En ese mismo sentido, también se puede articular las prácticas universitarias en determinadas comunidades vulnerables con el fin de tener un impacto directo y medible en su calidad educacional. Imaginemos si todos los estudiantes de pedagogía de la Universidad Católica o de la Universidad de Chile o de otras instituciones concentraran sus prácticas académicas en los 50 colegios más vulnerables de la región, lo mismo puede hacerse en otras ciudades, en una política pública que ciertamente estaría focalizada en la calidad de la educación.
En definitiva, se trata de poner nuevamente a la educación en el centro de las políticas públicas y a los profesores en el corazón de cualquier reforma educacional efectiva. No a cualquier docente, sino que a profesores de calidad, con vocación, bien pagados y evaluados adecuadamente, por el bien de los niños y jóvenes de Chile.
