El Servicio de Impuestos Internos (SII) se encuentra realizando una investigación paralela a la que impulsa el Ministerio Público en el caso Corpesca.
Esto, luego que la pesquera del grupo Angelini realizara tres rectificatorias de impuestos por servicios cuyos respaldos no fueron encontrados.
Por tal motivo, el SII despachó una serie de citaciones a contribuyentes mencionados como emisores de esas boletas, consigna hoy La Tercera.
La mayoría de los emisores indagados tienen un vínculo con el senador UDI Jaime Orpis y serán citados y deberán acudir con los eventuales informes que respaldan el servicio supuestamente realizado y detallar en qué consistieron sus labores.
Son 11 los contribuyentes vinculados con el legislador de la UDI. Entre ellos se encuentra una ex asesora, Carolina Gazitúa, quien solicitó boletas de su cónyuge y su cuñado.
En las otras dos rectificaciones que realizó Corpesca aparece un ex asesor del senador PPD Felipe Harboe, Raúl Arrieta. Asimismo, se reliquidaron boletas del ex asesor de Marta Isasi, Giorgio Carrillo, quien ya habría acudido al SII.
La idea del SII es recopilar la información para luego despachar un informe que debe ser analizado por el departamento jurídico de la entidad.
Esto, según explican, con el objetivo de que el organismo determine si ampliará la acción penal que ya interpuso en el caso, que involucra a Francisco Mujica, ex gerente de Corpesca, y a Carrillo, ex asesor de Isasi.
Por su parte, la fiscal Ximena Chong a cargo de la causa que investiga cohecho y lavado de activos en contra de Isasi y Orpis determinó en los últimos días citar nuevamente a varios de los personeros involucrados en el caso.
Entre ellos al ex gerente de la pesquera, quien habría detallado la manera en que la empresa entregaba los fondos.
En esa línea, la persecutora tomó declaración a la secretaria del senador gremialista, Blenda Huus, a quien además le fue incautado su computador personal. La mujer era quien manejaba el flujo de dineros de Orpis, ocupando su propia cuenta corriente para el pago de créditos bancarios.
CIUDADANO INTELIGENTE
La Fundación Ciudadano inteligente interpuso una querella por el delito de cohecho contra Jaime Orpis.
El abogado de la Fundación, Mauricio Daza, manifestó que “existen claros indicios que el senador habría recibido aportes ilegales por parte de un grupo económico y en este contexto habría sido influenciado para presentar proyectos y votarlos en determinado sentido”.
“No solo buscamos levantar una bandera, queremos que estos hechos sean sancionados”, explicó el abogado quien además aseguró que la querella había sido acogida a trámite.
Hace más de una semana, el Cuarto Juzgado de Garantía autorizó la incautación de los computadores personales del legislador gremialista. En medio de la diligencia, Orpis habría sido internado en la Clínica Las Condes por un infarto.
Sergio Rodríguez, abogado del Senador, aseguró que el proceso “infringe el secreto profesional y la obligatoria reserva de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor”. Por esta razón, presentaron una declaración de nulidad que será revisada este lunes por el Tribunal.
Daza agregó que “no existen ámbitos de reserva absolutos sino que esta reserva se puede levantar si existen antecedentes plausibles y que sean necesarios para una indagatoria”.
El abogado aseguró que la investigación del Ministerio Público “no viene de la nada. Ya existen antecedentes que demuestran que el Senador no solo recibía un aporte periódico por parte de una pesquera del grupo Angelini, sino que también se enviaban minutas por parte de funcionarios al Senador, que se traducían en intervenciones e iniciativas legislativas”.
En una primera instancia, se autorizó acceder a su computador, CPU, notebook, pendrive o cualquier dispositivo utilizado en Valparaíso, Iquique y Santiago. Además, los respaldos y copias de correos electrónicos entre enero de 2009 y diciembre de 2013.
A juicio del abogado, la enfermedad de Orpis incluso podría estar siendo utilizada para una renuncia del parlamentario. Situación que permitiría a la UDI nombrar un reemplazante antes del “muy previsible desafuero”.
Ante la presentación de “Ciudadano Inteligente”, el vocero nacional del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile (Condep) Hernán Machuca, advirtió que esto “ratifica las demandas que han hecho alrededor de 7 organizaciones y 4 personas naturales”.
Recordemos que en el caso Corpesca se está pesquisando a Orpis por presunto cohecho, luego de haber recibido 235 millones de parte de la empresa, esto en medio de la tramitación de la Ley de Pesca, misma situación en la que se encontraría la ex diputada gremialista, Marta Isasi.
