Fuertes críticas entre especialistas están provocando las indicaciones al proyecto de reforma al Código de Aguas, ingresadas hace unas semanas por el gobierno.
Pese a que el Ejecutivo había asegurado que la reforma no afectaría la propiedad de los derechos ya entregados, dos ex directores de la Dirección General de Aguas (DGA), los abogados Matías Desmadryl y Rodrigo Weisner, coinciden en que los cambios introducidos por la autoridad, especialmente respecto del mecanismo para combatir la «especulación», serían derechamente inconstitucionales.
A fines de julio, en un seminario organizado por Revista Capital, tanto el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, como el actual titular de la DGA, Carlos Estévez, aseguraron que la reforma propuesta por la autoridad sólo se aplicaría a los nuevos derechos de agua que se solicitaran a partir de la entrada en vigencia de la ley, por lo tanto no afectaría los ya otorgados.
Según Matías Desmadryl, abogado del estudio Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia, las indicaciones presentadas por el ejecutivo -algunas de las cuales ya fueron aprobadas en general por la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados- establecen un mecanismo claro de caducidad de los derechos de agua, el que también afecta a los derechos ya constituidos, y no solo a los nuevos, como se ha sostenido, ya que del texto se eliminó el artículo transitorio que establecía que la norma no tendría aplicación retroactiva.
«Aquí hubo muchas frases para la galería de que no iba a haber cambios, para no impactar la economía, pero la norma escrita es clarísima. Se modifica la médula de la normativa sobre la legislación de aguas, que tiene que ver con los derechos de aprovechamiento de aguas y la propiedad sobre estos», señala.
En las indicaciones presentadas se estipula un mecanismo para la «extinción» de estos derechos si el titular, en un plazo determinado, no ha construido las obras necesarias para aprovechar el recurso.
Hoy, los derechos de agua se extinguen si el titular no paga las patentes correspondientes, con lo que el Estado puede rematarlos. Con los cambios, dice Desmadryl, «todos los derechos están expuestos a caducidad», lo que sería inconstitucional.
Carlos Estévez, actual titular de la DGA, señala que lo que el proyecto introduce son plazos para terminar con estos derechos sólo si es que no son usados, y que la finalidad -tal como la ha expresado el gobierno- es terminar con la «especulación».
«Hay un plazo de 16 años o más para aplicar las causales de caducidad. Lo que se establece (en el proyecto de ley) es una propuesta de temporalidad», dice Estévez.
Rodrigo Weisner, abogado de Puga Ortiz y Asociados, señala que la causal de extinción de derechos «no está en la actual ley, ya que el único motivo de extinción que existe en el derecho de aguas chileno es la renuncia».
«Me parece preocupante que no exista claridad sobre la retroactividad de la medida, porque públicamente se ha dicho que no se aplica a los derechos adquiridos, y hay dos normas que expresamente están aplicándolo», sostiene.
Weisner indica que la norma, tal como está planteada, es inconstitucional. «Con la actual Constitución, en un estado de derecho, esta norma no puede prosperar», indicó.
La disponibilidad de recursos es un tema sensible. Se estima que entre 5% y 10% de las aguas superficiales no tiene derechos otorgados, lo que aumenta a más de 50% de los recursos subterráneos.
TRÁMITE CON INCERTEZAS
La semana pasada, la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados aprobó una nueva autorización a la que deberán someterse las denominadas «aguas del minero», que son aquellos recursos hídricos que afloran en las faenas y de los cuales no es necesario constituir derechos de aprovechamiento.
Según Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, esto se hizo «desconociendo la naturaleza de estas aguas, los plazos de tramitación de la DGA y las limitaciones que en el SEIA se han venido aplicando a estas aguas por un buen tiempo».
Indicó además que la tramitación no ha estado exenta de incertezas, las que se han provocado por la introducción de normas, a su juicio, contradictorias.
«Pese al esfuerzo del Ejecutivo por encauzar el debate, el proyecto que estaría saliendo de la Comisión contiene diversas imprecisiones y contradicciones que van a perjudicar a todos los usuarios de agua, entre ellos a la minería, y por tanto esperamos sean corregidas en instancias posteriores de la tramitación», dijo.
