El anuncio presidencial sobre el proceso constituyente es un singular e inútil giro de 360 grados por parte del gobierno. Precisamente porque el gran obstáculo para modificar la constitución ha sido el requisito de una mayoría de 2/3 en ambas cámaras —lo que obliga a la construcción de grandes consensos—, el anuncio de la Presidenta, condicionando la viabilidad del plan a construir un apoyo mayoritario de 2/3 en el Congreso deja al gobierno en el mismo punto de partida que obstaculiza las reformas a la constitución.
La Presidenta insistió en la necesidad de tener una nueva constitución sin molestarse en explicar cuáles son los elementos de la constitución actual que hacen que todo el documento deba ser remplazado. Como no sabemos cuáles son las objeciones, no podemos evaluar si se necesita derribar todo el edificio o si basta con arreglar cuestiones puntuales. En otras ocasiones, Bachelet ha hablado de la necesidad de reconocer a los pueblos originarios, de su disconformidad con las mayorías calificadas y del ahora extinto sistema electoral. Pero la suma de esas objeciones no parece justificar construir un texto desde cero. Bastaría con promulgar reformas específicas que solucionen esos problemas puntuales.
El gobierno alega que la necesidad de tener mayorías de 2/3 para las reformas importantes dificulta la materialización de esos cambios. Pero ese mismo argumento hace pensar que conseguir la mayoría calificada para iniciar un proceso constituyente será todavía más difícil.
Por cierto, los requisitos de mayoría calificada son perfectamente democráticos. La importancia de la constitución radica, en parte, precisamente en que sea un texto difícil de cambiar. Pretender eliminar ese requisito pudiera no ser una buena idea. En Chile, hoy, el requisito de las mayorías calificadas resulta favorable para aquellos que quieren mantener el statu quo y los valores que la dictadura impuso en la constitución. Si yo establezco las reglas del juego y estas incluyen barreras para que en el futuro se puedan cambiar esas mismas reglas, difícilmente voy a lograr que otros acepten mi marco institucional. Pero en Chile, la forma en que se dio la transición a la democracia llevó a la Concertación a aceptar las reglas impuestas por la dictadura. A partir de 1990, sucesivos gobiernos lograron modificar esas reglas gradualmente, siempre construyendo grandes consensos que incluían a la derecha.
Una vez escogido el camino de aceptar las reglas del juego impuestas por la dictadura, la única forma de eludir el cerrojo de los dos tercios es a través de un quiebre institucional. Lo que propone Bachelet, que la derecha concurra con su apoyo a un proceso que partirá de cero para un nuevo proceso constituyente no pasa de ser, como diría la propia Presidenta, wishful thinking. Pedirle eso a la derecha es como pedirle al PC que reconozca que Cuba es una dictadura, pedirle a la UDI que reconozca que Pinochet fue un dictador o pedirle al PS que reconozca que defendió a Pinochet en Londres.
Al hacer su anuncio, Bachelet reconoció que la principal objeción que tiene la Nueva Mayoría contra la constitución es su origen autoritario y por lo tanto ilegítimo. Si el proceso constituyente produjera una constitución idéntica a la actual, ésta sería aceptable por su origen democrático. Hay una metáfora (violenta) que ayuda a entender las objeciones a la constitución. La constitución de 1980 es hijo de una violación. Treintaicinco años después, este hijo resultó ser un buen ciudadano (imperfecto, pero con muchas más fortalezas que debilidades). Lamentablemente, el hijo se parece físicamente al violador. Eso le duele a la Concertación, que ha sido un loable padre adoptivo y que es responsable de que ese hijo haya crecido para convertirse en un buen ciudadano. Por eso, en medio de una crisis de identidad, la Concertación ahora niega su responsabilidad en ayudar a convertir esta constitución de origen ilegítimo en una carta fundamental que se ha legitimado en democracia. Pero no basta con cambiar de nombre para eludir la responsabilidad en legitimar en democracia una constitución de origen ilegítimo.
Con todo, en su anuncio, Bachelet combinó un intento por introducir mayor participación ciudadana sin poder resolutivo con una salida institucional (que acepta el cerrojo de los 2/3). Pero no se puede ser rupturista e institucional a la vez. Pedir una nueva constitución es un acto rupturista. Alegar que se va a respetar la vía institucional significa reconocer que los votos no están para avanzar. Mencionar a la AC como una opción en una bifurcación improbable del camino busca dejar contentos a los sectores más izquierdistas de la NM. Pero al intentar dejar contentos a todos, Bachelet hizo un anuncio anodino que no muestra un camino viable para promulgar una nueva constitución pero tampoco cierra la puerta a los que demandan un nuevo texto fundamental.
