Después de haber instalado el concepto de derechos sociales, el gobierno ha comenzado a administrar su promesa de gratuidad como si fuera un Santa Claus distribuyendo regalos navideños a los distintos tipos de estudiantes de la educación superior. A días que se acabe el plazo para que La Moneda decida quiénes serán beneficiarios de la gratuidad, el gobierno ha abusado de la improvisación y la discrecionalidad. Si bien el ambiente festivo puede ayudar a entender por qué el gobierno se comporta como un viejito pascuero entregando regalos de gratuidad, es lamentable que el diseño de políticas públicas se asemeje a una lotería.
Aunque tomará algunos días digerir la lógica que usó el Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional a los criterios de gratuidad establecidos en la Ley de Presupuesto, la urgencia de los tiempos obligó al gobierno a diseñar un plan alternativo de implementación de la gratuidad antes de conocer el dictamen del Tribunal Constitucional. Da la impresión de que el gobierno ha optado por ordenar las prioridades privilegiando primero a las universidades estatales, seguida de las universidades del CRUCH y luego las instituciones creadas a partir de 1982 que satisfagan ciertos criterios de calidad académica.
La lógica de este nuevo criterio se basa en que el Estado debe dar derecho preferente de financiamiento a las universidades estatales. Pero como las universidades estatales tienen niveles variables de calidad y como hay universidades privadas con vocación pública loable y demostrada trayectoria de calidad, la discriminación a favor de las instituciones estatales dejaría fuera a universidades privadas que mucha gente ve como instituciones públicas —como la Universidad de Concepción o la Universidad Austral—. Además, por la importancia que ha tenido en el sistema educacional chileno, aunque su nombre evidencie que no es estatal, la exclusión de la Pontificia Universidad Católica —y de otras universidades católicas— tampoco es fácil de justificar. Por eso, el gobierno ha señalado que su segunda prioridad será incluir en la gratuidad a las universidades del CRUCH. Pero como ahí nuevamente arriesga un dictamen de inconstitucionalidad al incluir a universidades privadas del CRUCH y excluir a universidades privadas que no están en el CRUCH, el gobierno se ha abierto a abrir la gratuidad más allá del CRUCH.
Para cualquier observador atento, esta decisión del gobierno deja a La Moneda en una posición muy parecida a la que fue declarada inconstitucional en la ley de presupuesto. Presumiblemente, el gobierno buscará una forma distinta de redactar los criterios de selección para que se incluyan a las mismas universidades que en el criterio declarado inconstitucional. En cierto modo, se intentaría una estrategia similar a la que usó cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la píldora del día después. Al final, con una leve modificación en las reglas, se aceptó la constitucionalidad de una píldora del día después que era levemente diferente a la que inicialmente fue objetada por el Tribunal Constitucional.
Si funciona la estrategia, el gobierno se podrá declarar ganador. Pero el problema de fondo seguirá existiendo. La forma en que se decidió quiénes tendrían acceso a la gratuidad respondió a una decisión arbitraria basada en las características y atributos de las instituciones educativas y no en la necesidad de los estudiantes.
Los defensores de esta discrecionalidad alegan que la ley actual es insuficiente para asegurar que las instituciones acreditadas tengan los méritos efectivos para poder ser beneficiadas con la gratuidad. La premura de la promesa de Bachelet de iniciar la gratuidad en 2016 sería la razón por la que no hay tiempo suficiente para cambiar la ley de acreditación antes de iniciarse la gratuidad. Pero esa discusión ya está tan agotada que no hay nada más que decir al respecto, ni tiempo para hacerlo.
De hecho, después de meses de discusión sobre la conveniencia de iniciar la gratuidad antes de que hacer las reformas legales necesarias, el tiempo se acaba para que el gobierno adopte una medida que permita cumplir su apresurada promesa de que la gratuidad partirá en enero de 2016 (para los alumnos que inician clases en marzo de 2016). Por eso, como ya no queda tiempo, el gobierno se ha puesto el traje de viejito pascuero y se prepara para anunciar el regalo de gratuidad antes del 25 de diciembre.
Como muchos padres que se endeudan a última hora para dar en el gusto a sus hijos, el gobierno quiere incluir en el grupo de beneficiarios de gratuidad a la mayor cantidad de alumnos posibles. Después de todo, la alegría de dar y recibir un lindo regalo es inconmensurable. Aunque después haya que pasarse muchos meses pagando las cuentas por las irreflexivas y apresuradas decisiones que se toman en temporada de navidad para dejar contentos a todos los que quieren regalos.
