El Año Nuevo entrega la ilusión de comenzar otra vez desde cero. Como si los problemas arrastrados durante los últimos 12 meses se pudieran abandonar cada 1 de enero. Nadie es inmune a esta creencia.
“Claramente, hasta ahora, 2015 ha sido el peor (año). O sea, estoy esperando con ansias el 31 de diciembre… Espero que todo vaya mejorando”, expresó la Presidenta Michelle Bachelet en su última entrevista del año recién pasado.
Sus deseos no se cumplieron esa noche de Año Nuevo. Pese a estar invitados a Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde Bachelet se reunió con familiares y amigos cercanos a despedir el 2015, ni su hijo, Sebastián Dávalos, ni su nuera, Natalia Compagnon, ni sus nietos asistieron al evento. Inevitablemente, la tensión generada por los acontecimientos del último tiempo no está resuelta dentro de la familia presidencial.
Los días siguientes convencieron a Bachelet y al gobierno de que será difícil darle vuelta la página al caso Caval. El próximo 5 de febrero se cumplirá un año desde la publicación del artículo de Qué Pasa sobre la polémica compra de terrenos que Caval, la empresa de Natalia Compagnon, llevó a cabo en Machalí. La trama de aquel negocio, que inicialmente parecía de especulación inmobiliaria y uso de influencias, se fue complicando. En 11 meses de investigación, la Fiscalía Regional de O’Higgins descubrió presuntos delitos tributarios, cohecho, soborno, prevaricación y ventajas indebidas.
A semanas de este incómodo aniversario, la intensidad de la crisis desatada en La Moneda, lejos de bajar, va nuevamente en escalada. El lunes 11, el fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo, ingresó una solicitud de formalización en contra de la nuera de la Presidenta por ser autora del delito de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas. El ministro del Interior, Jorge Burgos, salió a manifestar el estado de ánimo de la Presidenta luego de conocerse la resolución del fiscal Toledo. “Una cosa que es muy legítima son los dolores personales, y eso todo el mundo lo tiene que entender”, expresó.
A fines de este mes, Compagnon deberá enfrentar una audiencia en la que se leerán cargos contra ella y otras 11 personas, entre ellas su socio en Caval, Mauricio Valero; el síndico Herman Chadwick; el operador UDI Juan Díaz; el ex director de Obras de la Municipalidad de Machalí Jorge Silva y la ex asesora de ese mismo municipio, la arquitecta Cynthia Ross.
La decisión de Toledo resultó un golpe devastador para las ya frágiles relaciones al interior de la familia presidencial, según reconocen en La Moneda. En particular, porque el fiscal tomó su determinación tras analizar los detalles de la querella presentada el 4 de enero por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en la que Compagnon fue incluida como imputada. Su empresa habría incorporado en su contabilidad 13 facturas falsas, de un valor total de $ 305 millones, emitidas por la empresa Lo Beltrán, de Patricio Cordero y su esposa, Paulina Besserer, en los años tributarios 2013, 2014 y 2015.
El perjuicio fiscal por estas maniobras fue avaluado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en $ 118.602.912. Toda esta información quedó en la querella presentada el pasado 4 de enero.
A pesar de que el escrito deja claro que era Mauricio Valero, socio de Compagnon, quien trataba con Cordero para realizar estas maniobras, la esposa de Dávalos debía compartir los costos penales por su condición de socia.
En el entorno de Compagnon están convencidos de que la acción judicial del organismo recaudador -al menos- fue conocida con antelación por el gobierno y han reprochado por distintas vías que éste pudo haberla detenido. Un escenario que en La Moneda desestiman de plano.
Así, a los costos políticos que Bachelet ha enfrentado desde el estallido del caso Caval -que le han significado una baja en el nivel de respaldo ciudadano de 20 puntos y un aumento en la desaprobación a un 71% en un año-, la Mandataria suma un quiebre familiar del que cada vez se habla más en el oficialismo.
En estas circunstancias, el comienzo de año para la familia de la Presidenta no se ve muy halagüeño. Si en febrero pasado la controversia recién comenzaba, para febrero de 2016 la persecución penal a una integrante del círculo íntimo de Bachelet será un hecho oficial.
CONFLICTO INTERNO
En su declaración del lunes 11 -la última que dio ante Toledo-, Natalia Compagnon se encargó de aumentar la distancia con el gobierno de Bachelet. La nuera de la Presidenta apuntó sus dardos en contra del ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, a quien responsabilizó del mal manejo comunicacional del caso, de la misma manera que anteriormente lo había señalado su esposo, cuando fue consultado respecto del borrado de su computador cuando dejó La Moneda.
“En relación a la declaración prestada por mi cónyuge, Sebastián Dávalos, no sólo comparto, sino que fui testigo del mal manejo realizado por quien en ese momento era la primera autoridad del país”, afirma Compagnon. “Esto se manejó de manera inexplicablemente deficiente, lo que no da lugar a pensar que son meras desprolijidades”, añade la nuera de la Presidenta en su declaración.
El nuevo ataque lanzado al ex ministro fue recibido con incomodidad en el Ejecutivo, pues Peñailillo y su grupo cercano -la denominada G-90- ya habían manifestado su molestia a La Moneda después de la declaración de Dávalos. A través de parlamentarios oficialistas, la Jefa de Estado envió mensajes a su antiguo hombre de confianza que no estaban al tanto de que Dávalos las emprendería en su contra y pedirle que no escalara el conflicto, pues el principal perjudicado sería el gobierno.
Aunque hay versiones contrapuestas, cercanos a la pareja Dávalos Compagnon indican que justamente es el ex director sociocultural de La Moneda quien ha marcado con más fuerza una distancia con la Mandataria, pese a las intervenciones públicas en las que ella ha tratado de defenderlo. Una muestra de esta situación sería la salida del abogado Francisco Feres, cercano al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, del equipo defensor de Dávalos, quien decidió quedarse sólo con Alvaro Morales.
Su esposa también estaría analizando la posibilidad de cambiar de defensa. De acuerdo a fuentes cercanas, Compagnon se reunió con un connotado penalista para ver su disponibilidad. Como no hubo acuerdo, seguirá bajo el patrocinio de Jessica Norambuena y Felipe Polanco, del estudio de Isidro Solís, abogado que representó a Angela Jeria y su familia en el proceso de investigación por la muerte del general Alberto Bachelet.
Esto no le impidió a Compagnon hacer otras alusiones controversiales en su último testimonio. Además de Peñailillo, apuntó al administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, para reforzar la percepción de que éste podría haber manipulado el computador de su esposo. También mencionó a la jefa de gabinete de la Mandataria, Ana Lya Uriarte, a quien afirma haber contratado para que realizara un estudio sobre la central termoeléctrica Los Guindos.
En el oficialismo advierten que aunque las menciones de la nuera de la Presidenta apuntan al ex ministro Peñailillo, también pueden terminar complicando de manera indirecta a la propia Bachelet.
EL NUEVO FLANCO
El problema de Caval no le ha dado tregua ni un segundo al gobierno, ya que la situación judicial de Natalia Compagnon está lejos de mejorar.
Además de su próxima formalización por delito tributario, esta semana se le abrió un nuevo flanco tras la declaración de un antiguo cliente de Caval, el empresario Gonzalo Vial Concha. En su testimonio del martes 12, justo un día después del que dio la propia Compagnon por la arista tributaria, Vial aseguró que se hizo tan amigo de la esposa del ex director sociocultural del gobierno, que en un momento ésta comenzó a mostrarle supuestos correos electrónicos en los cuales se demostraba un complot en su contra de otros altos ejecutivos de Agrosuper y Graneles de Chile.
“Según ella, el origen de esos documentos era gente especializada en su empresa Caval, que en parte se dedicaba a la informática”, dijo Vial.
Compagnon había captado la atención del empresario con sus informes confidenciales. Estos eran realizados por Victorino Arrepol, un asesor de confianza de Mauricio Valero en Caval, que posteriormente participaría de las gestiones para obtener el crédito bancario para comprar los predios de Machalí.
Vial originalmente creyó que las comunicaciones que le presentaban eran reales y formaban parte de una suerte de servicio de espionaje, pero con el paso de los meses se dio cuenta de que estaba siendo engañado.
“He podido advertir que el precio de estos contratos no guarda relación con los servicios prestados y menos con los supuestos productos, pero yo estuve dispuesto a pagar dicha suma derivado de la información que ellos me proporcionaban a través de los documentos que me entregaban. Me he dado cuenta que todos estos documentos pueden ser parte de un engaño, cuyo único propósito era obtener dinero por parte de mis empresas”, declaró el único hijo hombre del controlador de Agrosuper.
Entre 2012 y 2013, los trabajos realizados a Vial le reportaron a Caval la suma de $ 1.200 millones, buena parte de lo recaudado en esos primeros dos años de operaciones.
Esta nueva arista fue recibida con interés en la Fiscalía Regional de O’Higgins, pese a que Vial no ha manifestado aún intenciones de interponer una querella por algún eventual delito. Para ahondar en la materia, Toledo tiene citado a declarar a Arrepol para consultarle por su trabajo para Vial Concha. Esta diligencia estaba programada para el viernes 15, pero fue suspendida por su abogado, Andrés Cruz, por problemas de agenda.
Fuentes de la investigación aseguran que Arrepol confirmará la versión de Vial Concha y declarará que ambos socios de Caval, tanto Valero como Compagnon, sabían que la mayoría de las supuestas comunicaciones interceptadas eran falsas. De hecho, el mismo Arrepol habría sido quien le confirmó a Vial que buena parte de los 300 informes por los que pagó eran inventados. Ambos mantuvieron una relación laboral en paralelo a Caval, celebrando un contrato el 27 de enero de 2015. A cambio de su asesoría informática, según reclamaría posteriormente Arrepol, la sociedad Inversiones La Purísima -de propiedad de Vial- se comprometió a pagarle 5.000 UF ($ 128.145.000). Sin embargo, todo terminó en una demanda en la que el ex asesor de Caval alega que sólo recibió cerca de $ 45 millones.
LOS PREPARATIVOS
La Moneda tiene lista la agenda de la Presidenta Bachelet para cuando Compagnon comparezca ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, que también se pronunciará sobre la contienda de competencia interpuesta por su defensa.
Según comentan en Palacio, la Mandataria no estará en Santiago el viernes 29 de enero, al momento que su nuera sea informada de los cargos por los que la Fiscalía Regional de O’Higgins la investiga. Bachelet estará en su segundo día de visita a Cabo de Hornos, un viaje que la mantendrá en el extremo sur del país hasta el 30 de enero y que tenía planificado -dicen en La Moneda- hace semanas.
Tras ello, Bachelet iniciará el 2 de febrero sus vacaciones y permanecerá en Caburgua -donde la sorprendió el año pasado el estallido del caso Caval- hasta el domingo 21 de ese mes. Los preparativos de su equipo para esas tres semanas ya se iniciaron. Hay conciencia en La Moneda de que, otra vez, no habrá mucho descanso.
