A inicios de este año, la plana mayor del Ministerio Público acudió a la Comisión de Constitución del Senado a participar de la tramitación de la llamada “Agenda Corta Antidelincuencia” del Ejecutivo. Esto, para hacervaler la opinión del organismo en materia de persecusión penal de los delitos de “robo, hurto y receptación”, objetivos centrales de la iniciativa.
Así, la fiscalía planteó su opinión sobre una serie de herramientas que otorgaría el proyecto a su labor investigativa y persecutora, tales como la protección de testigos y nuevas formas en la toma de declaraciones. En este contexto, fue que la discusión abordó un asunto sensible para la contingencia política: la reserva de las investigaciones que llevan a cabo los fiscales.
En este escenario fue que en enero pasado se comenzó a debatir la regulación sobre el secreto de las diligencias. En una de las sesiones de ese mes se acordó ampliar los plazos de reserva de la investigación de la fiscalía: desde los actuales 40 días que establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, se extendió a 90 días. Asimismo, y a propuesta del propio Ministerio Público, se endurecieron las sanciones a las filtraciones del trabajo de los fiscales, alcanzando “pena de presidio menor en su grado mínimo a medio”, es decir, de 61 a 541 días.
Este criterio fue acogido por la unanimidad de la Comisión de Constitución. El martes de esta semana, en tanto, fue aprobado por la unanimidad de la sala. No hubo debate en el hemiciclo, pues ninguno de los senadores pidió votar por separado los artículos del proyecto. La votación pasó prácticamente desapercibida.
Con esto, se acoge una crítica recurrente expresada por los implicados en distintas causas indagadas por la fiscalía relacionadas con el financiamiento irregular de campañas políticas: las filtraciones de las carpetas judiciales de los casos Penta, Soquimich y Corpesca, que han expuesto antecedentes comprometedores de la investigación para personeros de prácticamente todo el espectro político del país.
«FARANDULIZA EL PROCESO»
La idea de sancionar con cárcel las filtraciones fue tomada de común acuerdo entre la fiscalía y los parlamentarios de la Comisión de Constitución del Senado, la que es presidida por Alfonso de Urresti (PS) e integrada por Felipe Harboe (PPD), Pedro Araya (Indep.DC), Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN).
Según el acta de la comisión, a la cual tuvo acceso La Tercera, este debate comenzó a propósito de una indicación presentada por el senador Harboe, en relación a fijar sanciones disciplinarias al fiscal y sus ayudantes “que realizare acusaciones infundadas u omitiere maliciosamente la práctica de actuaciones procesales”. Con esto, se abría paso a interpretaciones sobre el “deber de reserva”.
“El Honorable Senador señor Espina puntualizó que la situación que plantea la indicación tiene lugar preferentemente cuando se producen filtraciones de la carpeta investigativa”, dice un extracto del acta de la sesión. “Expresó que esa información, difundida por los medios de comunicación social, importa una verdadera condena anticipada del imputado”, se agrega.
Ante esto, el entonces fiscal nacional subrogante, Andrés Montes, calificó esta situación como “un asunto delicado”.
“Se trata de una conducta indebida que socava el principio de objetividad y que faranduliza el proceso penal”, añadió el persecutor.
En una sesión posterior, el presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, insistió en “establecer alguna forma de sancionar las filtraciones”. En esto coincidió el senador Harboe. Luego, el fiscal Montes sostuvo que muchas de las filtraciones “son realizadas por personal ajeno al Ministerio Público”, luego que expira el plazo de 40 días de reserva.
Actualmente, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece, en su artículo 64, que “los fiscales deberán abstenerse de dar opiniones acerca de los casos que tuvieren cargo”. En tanto, el artículo 182 del Código Procesal Penal, señala: “Los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas”, sin explicitar una sanción sobre las filtraciones.
Por lo mismo, el fiscal propuso a la comisión una redacción con un castigo “más contundente”, pues “la regla actual sólo hace una remisión confusa a las reglas del desacato”, explicó.
“El que violare las normas sobre secreto establecidas en el presente artículo, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio”, sentencia la indicación, ingresada por el ministro del Interior y aprobada por la unanimidad de la comisión.
Dos meses después, la enmienda sería ratificada por la totalidad de la Cámara Alta en su segundo trámite constitucional.
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado defiende esta penalización, a propósito del clima de desconfianza generado por casos de corrupción. “Se establece una mayor rigurosidad en relación a la obligación de reserva. Nadie puede llamarse a suspicacias cuando se pide pleno cumplimiento de la ley”, afirmó el senador De Urresti.
Por su parte, el senador Araya agrega que “no hay que mirar el cambio bajo suspicacia, porque es norma de carácter general que no aplica solo a las investigaciones políticas. Hay que pensar en los casos de tráfico, lavado de activos y terrorismo, que requieren de reserva”.
