El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, sostiene que «es inevitable ponerse suspicaz frente a una norma que en el fondo pretende amordazar a los fiscales y a los abogados que colaboran en las investigaciones», cuando hay políticos y personas que están siendo investigados por financiamiento ilegal de campañas políticas.
Una dura respuesta tuvo la Asociación de Fiscales a la indicación aprobada esta semana en el Senado y que establece cárcel a quienes violen el secreto de una investigación y filtren información a los medios de comunicación, lo cual a juicio de los persecutores se busca proteger a «poderosos».
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, dijo a La Tercera que actualmente hay políticos y personas que están siendo investigados por financiamiento ilegal de campañas políticas, por lo que «es inevitable ponerse suspicaz frente a una norma que en el fondo pretende amordazar a los fiscales y a los abogados que colaboran en las investigaciones».
El Senado aprobó durante esta semana una indicación que señala que «el que violare las normas sobre secreto establecidas en el presente artículo será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo», lo que equivale a una pena de cárcel que va desde los 61 a los 540 días.
La medida fue respaldada en medio de la discusión de la agenda corta antidelincuencia, luego que la Comisión de Constitución de la Cámara Alta introdujera este artículo que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público.
En ese sentido, los senadores llamaron a no levantar suspicacias sobre esta medida a pesar que hay políticos e importantes personeros que están involucrados en casos de financiamiento irregular de la política que están siendo investigados por fiscales.
En tanto, desde la Fiscalía Nacional se apresuraron a explicar que la medida no apunta a establecer sanciones a fiscales, sino que a todas las personas que den a conocer información de carácter secreta y que está establecida en el Código Penal.
Además, mencionan que la norma aprobada en ningún momento señala a los fiscales como sujeto particular de sanción.
A pesar de la postura favorable de quienes intervinieron en la aprobación del artículo, el timonel de los fiscales mantiene una posición crítica porque no apunta al éxito de la investigación, sino que a intereses personales de algunos sectores.
«No veo interés público en el tipo penal que se está estableciendo, por cuanto es una norma que ayudará a muy pocas personas, todas ellas cercanas al poder y a los grandes capitales. No estoy defendiendo que se filtre información, no corresponde, pero eso está hoy suficientemente resguardado, tanto a nivel de sanciones administrativas y penales. El único sentido de introducir un nuevo tipo penal es tener una permanente arma de presión para usarla como una forma de impedir que se sepa siquiera que algún poderoso está siendo investigado», sostiene Uribe.
En tanto, desde el Colegio de Abogados la opinión fue favorable a la iniciativa, ya que desde la visión del presidente del ente gremial, Arturo Alessandri Cohn, “se ha hecho un uso abusivo de la información confidencial y ha habido atentados contra la presunción de inocencia. Esto viene a remediar esta situación, en parte. Las filtraciones pueden distorsionar gravemente los procesos judiciales, y se puede causar un gran daño a personas inocentes. El abogado se debe a su cliente, y existe el secreto profesional. Ha habido una muy mala práctica de filtraciones, perjudicando gravemente la presunción de inocencia”. (La Tercera El Mostrador)
