Es su primera entrevista desde que asumió en agosto de 2015 la subdirección jurídica del Servicio de Impuestos Internos (SII), pero no es la primera vez que ocupa el mismo cargo. Bernardo Lara (69 años) estuvo 30 años en el SII, hasta 2006, cuando el entonces director Ricardo Escobar lo sacó del puesto. Volvió con Fernando Barraza, el director que reemplazó a Michel Jorratt. Y volvió a un SII presionado por dos casos que han consumido parte importante de su tiempo: Penta y SQM. La judicialización de ambas causas ha puesto presión sobre el SII, el ente que según la ley tiene el monopolio de la acción legal en materia tributaria.
La Fiscalía Nacional ha demandado en público y en privado la presentación de nuevas acciones penales por parte del SII para poder formalizar y le ha transferido indirectamente la responsabilidad sobre el éxito o fracaso de los casos. Jorge Abott y dos fiscales han dicho que realizarán formalizaciones sin acciones del SII (ver página 4), algo con lo que SII no está de acuerdo.
Tampoco está contenta con la avalancha de trabajo que les ha derivado el Ministerio Público. En un año y tres meses, ejemplifica Lara, la Fiscalía les ha enviado 506 oficios requiriendo información. “Quiero dejar muy en claro que nosotros no somos un organismo investigador y tampoco somos una policía, como tiende a confundirse por algunos fiscales, dándonos órdenes para cumplir a determinadas diligencias que no nos competen. Nosotros somos un organismo tributario, fiscalizador, que administra las leyes tributarias”, afirma.
El SII no ha estado inactivo, dice el abogado. Ha interpuesto 14 acciones penales en el caso Penta y 10 en la arista SQM. En total, 5 denuncias y 19 querellas. Y vienen más, anticipa el subdirector jurídico, quien quiere agregar algo que, asegura, se ha destacado poco. “El SII y el Ministerio Público estamos tratando de cumplir con nuestro deber lo mejor posible para servir al Estado. He percibido últimamente como que el problema es de Impuestos Internos. Y el problema no es de Impuestos Internos, es de los que incurrieron en el delito (…) El que está judicializando fue el que cometió el delito. El problema es de los que defraudan a todos los chilenos que pagamos nuestros impuestos”, dice enfático el subdirector.
SIN FORMALIZACIÓN
El fiscal Jorge Abbott ha criticado que el SII tenga el monopolio de la acción penal tributaria. ¿Usted cree que el SII lo debe tener?
Absolutamente. Así ha sido en los 60 años de existencia del Código Tributario que rige en Chile. Siempre el director del SII, desde 1960 a la fecha, ha sido el titular de la acción penal, en el entendido que la acción penal por delito tributario es una facultad del SII coadyudante a su función principal, que es la fiscalización. Constitucionalmente, la investigación penal está entregada exclusivamente al Ministerio Público y constitucionalmente, la investigación policial está entregada a Carabineros e Investigaciones de Chile. Nosotros no tenemos capacidad de investigar delitos, ni lo deseamos.
Por lo mismo, ¿no debería entonces la fiscalía tener la facultad para perseguir los delitos tributarios?
Yo creo que no, porque el Ministerio Público tiene otra función, que es esencialmente perseguir el delito común. Y este es delito especial. Por alguna razón, se elevó a la condición de delito tributario el fraude común. Si el Ministerio Público quiere perseguir a los señores que dice que no puede perseguir, yo creo que está en un error, porque los puede perseguir por fraude común.
Abbott dijo que podrían formalizar sin querellas, pero bajo ciertas condiciones. ¿Tiene la Fiscalía la facultad de formalizar sin una denuncia o querella del SII?
Para ser consistente, si yo digo que no se puede iniciar una investigación penal por delito tributario sin acción previa del SII, tampoco podría formalizar, ni acusar ni llevar a juicio penal. No puede hacer todo el proceso. Pero ese es un problema del Ministerio Público. Ellos verán si formalizan, si acusan sin acción del delito tributario. ¿Quién va a resolver? Los tribunales. Si el poder judicial consolida y ratifica esa posición, nosotros nos vamos a ajustar. Lo que yo quiero rescatar es que el Ministerio Público es soberano para ejercer la ley y las acciones como ellos la interpreten. No somos quienes para interpretar; como no es el Ministerio Público quien para venir a interpretar nuestra legislación. Para eso existe en nuestro Estado de Derecho el poder judicial.
¿Y qué cree que pretende el Ministerio Público al formalizar sin querella o denuncia? ¿Ejercer presión al SII? ¿Aumentar sus facultades de facto?
Uno podría decir: todas correctas más una (ríe). No sabemos lo que pretende el Ministerio Público. Puede ser alguna vez lograr un proyecto que radique en cabeza de ellos la facultad para accionar por delito tributario. Aquí creo que como han actuado los medios de comunicación, traspasando, con transparencia, el devenir de estos casos a la opinión pública, se ha creado un ambiente de ver, con una especie de morbo, cómo se hace justicia en esto. Y va a ser imposible que todas estas querellas o denuncias que existen actualmente terminen en condena. Yo creo que muy pocas van a terminar en condena y las que terminen en condenas no van a terminar en penas efectivas, sino que, seguramente, con algún grado de cumplimiento alternativo. En consecuencia, aquí va a haber un costo que pagar frente a la opinión pública. Nosotros creemos que debemos seguir en lo que ha sido nuestra tesis histórica. Poner casos fundados, técnicamente robustos y lo que es más importante: que terminen en condena. Nosotros, en conversaciones que hemos tenido con el Ministerio Público, hemos puesto como condición que no aceptamos suspensiones de procedimiento ni tampoco indemnizar a la víctima, porque la víctima no somos nosotros, es el Estado, son las platas del Estado. Nosotros solo aceptamos procedimientos abreviados que signifiquen una condena.
Las relaciones con la Fiscalía no están en su mejor momento…
No, excelente. Tenemos una mesa de trabajo en que nos reunimos una vez al mes y en que tratamos todos los temas. Hay alrededor de 485 procesos a lo largo del país. En todas las fiscalías regionales están nuestros departamentos jurídicos colaborando estrechamente.
Pero aquí hay divergencias objetivas.
Sobre como apearse en definitiva frente a problemas críticos.
Habló de un costo que pagar. ¿El ministerio Público les está tratando de transferir el costo de estas causas? Si formaliza sin acción del SII y estas causas se caen por ello, habrá un culpable: el SII.
Claro, Impuestos Internos. Bueno, tenemos 506 requerimientos, esperamos cumplirlos todos. Pero también puede haber casos en que no vamos a recomendar acción penal. ¿Y qué pasa en un caso en que el Ministerio Público formaliza y nosotros decimos: “aquí creemos que no hay mérito, no hay dolo, no hay perjuicio fiscal”?
¿Qué pasará en esos casos?
Que responda el Ministerio Público. Nosotros vamos a aportar con el principio de la especialidad, técnicamente.
Pero la presión ha resultado: la Fiscalía ha pedido audiencias de formalización, como Claudio Eguiluz o Carlos Ominami, y el SII presentó después esas querellas. El Ministerio Público les fijó plazos…
Obviamente. Pero en esos casos había mérito. Seguramente tuvimos que darle una prioridad extra porque, como usted dice, efectivamente se fijó un plazo: en el tribunal se formaliza tal día. Pero eso no es lo correcto en mi concepto.
LAS DEMORAS
¿Por qué ha pasado tanto tiempo sin denuncias o querellas?
Hemos presentado algunas últimamente. Obviamente, estamos, en la medida que vamos avanzando, en los casos más complejos. En este mes seguramente va a haber novedades. Pero para último están quedando los casos más complejos. Los casos fáciles salen más rápido.
¿Que diferencia a un caso fácil de uno complejo?
En el caso fácil se reconoce la irregularidad y en uno complejo va con negativas, no entrega la contabilidad, hay que reconstruir los antecedentes contables por otra vía.
Mañana (hoy) se cumple un año de la denuncia del SII donde mencionaban a casi 200 emisores de boletas a SQM. ¿Por qué no ha habido querellas en esos casos?
Hemos presentado varias querellas en SQM y muchos del listado están, pero otros no. Nosotros tenemos que verificar a esas 200 personas. Y en eso estamos.
Pero ha pasado un año.
Un caso normalmente toma seis meses, pero un caso que tendrá 5 o 10 contribuyentes, pero no 200.
¿Ha habido una política coherente en el SII? ¿No ha habido una actuación zigzagueante?
Hay claramente una política más consolidada desde que llegó este director. Y yo llegué con él, obviamente. Ahí hay solamente querellas, no hay ninguna denuncia, porque creemos que no puede el Estado estar dirigiendo acciones indiscriminadas. El derecho penal, el derecho procesal, los tribunales surgen como alternativa al Estado tremendo, avasallador, atrabiliario. ¿Y el Estado va a estar dirigiendo una acción abierta, como son las denuncias, contra cualquiera que resulte responsable? No. Se eliminaron. Ahora solamente querellas nominativas.
¿Van a seguir presentando solo querellas nominativas?
Vamos a seguir. Y creemos que ahí, en algún momento vamos a ver la luz al final del túnel, porque cuando tengamos todo esto visto, vamos a decir: “llegamos hasta aquí. No hay más, por lo tanto, se terminó para nosotros este caso…”
¿Cuándo terminará para ustedes este caso?
Yo creo que en el curso de este año, pero eso no lo podría asegurar con denuncias contra quienes resulten responsables (…) El asunto tiene que tener una seguridad jurídica para los ciudadanos.
En 2015 se acusó a Carlos Bombal por intermediar una sola boleta… ¿Por qué no se aplica el mismo criterio en todos los casos?
No puedo responder por la anterior administración.
Pero a los que han emitido pocas boletas no se les ha perseguido…
Aquí, uno de los elementos para considerar si hay delito y participación dolosa es la reiteración. Obviamente, en una sola boleta no hay reiteración. Tiene que ser una conducta reiterada.
Anunció novedades ¿Están ad portas de presentar nuevas querellas?
No ad portas, pero seguramente en abril se presentarán algunas.
¿Cuántos casos vinculados a SQM están analizando para presentar querellas?
No le puedo dar un número, pero es sobre la decena.
¿Han citado a algún parlamentario en ejercicio para hacerles consultas sobre estos casos?
Los parlamentarios tienen fuero y respetamos ese fuero.
¿Usted es partidario de la doctrina Escobar?
¿Qué parte?
En lo sustancial, que estos eran gastos rechazados que el SII multaba y que tradicionalmente no llevaba al terreno penal…
Creo que la doctrina atribuida a Ricardo Escobar en la práctica ha demostrado que no tenía fundamentos. Yo pongo como punto de inflexión en esto la aceptación de los hechos de la condena por Jovino Novoa, donde había la discusión de si había delito o no. Cuando un ex senador, abogado destacado, miembro de la Comisión de Hacienda, acepta el delito, acepta los hechos, la pena y la negocia con el Ministerio Público y el SII, está claro.
La UDI ha acusado sesgo político en estos casos.
Yo no tomo la decisión, la toma el director y estoy seguro que él no tiene ningún sesgo. Nosotros somos organismo autónomo y nunca hemos aceptado una injerencia.
¿Hay unidad de criterio entre usted y el director?
Si no yo no estaría acá. (La Tercera)
