El proyecto de transmisión de energía Cardones-Polpaico tiene a diversas comunidades en pie de guerra. Sólo por poner un caso: la municipalidad de Zapallar y la Junta de Vecinos Ex Hacienda de Catapilco presentaron un recurso de invalidación del proceso de evaluación de impacto ambiental.
Estos cuestionamientos derivaron en que la Cámara de Diputados estableciera una comisión investigadora del caso, y en la sesión del 1 de junio, expuso la Red de Protección Patrimonial Aguas Claras. En una presentación mostraron como antecedente que existiría un conflicto de interés por parte del ministro de Energía, Máximo Pacheco, a la hora de manifestarse respecto de este proyecto, ya que –según denunciaron en la comisión- algunos de sus familiares tendrían terrenos en la zona del trazado de la línea eléctrica, a quienes tendría que compensárseles económicamente por la instalación de la línea eléctrica.
“Lo que nosotros queremos verificar es si esta denuncia tiene o no asidero, y como fiscalizadores y representantes de la ciudadanía, nos toca verificar en caso de que haya alguna inhabilidad por parte del ministro Pacheco”, indicó a El DínamoAndrea Molina, diputada UDI y presidenta de la mencionada comisión investigadora. Lo anterior radica en que el consejo de ministros de la sustentabilidad, que debe dirimir sobre materias en conflicto en este tipo de proyectos, está integrado por los titulares de Medio Ambiente, Agricultura, Hacienda, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Vivienda, Transportes, Minería y Planificación.
Ante los cuestionamientos, el ministro Pacheco aclara que el decreto de expansión del sistema de transmisión troncal que estableció la necesidad de construir la línea entre Copiapó y el área metropolitana fue bajo la administración de Sebastián Piñera, específicamente cuando Laurence Golborne ofició como ministro de Energía. “Quien llama a licitación esJorge Bunster (sucesor de Golborne en la mencionada cartera), y es él quien adjudica esta obra el 2013 a la empresa colombiana ISA”, asegura a El Dínamo.
El secretario de Estado precisa que fue ISA la que definió las comunas por las que pasará la línea de transmisión eléctrica y en febrero del 2014, aún bajo el gobierno de Piñera, “presenta el trazado al ministerio de Medio Ambiente, para solicitar la resolución ambiental de ese trazado”. Es finalmente en el gobierno de Michelle Bachelet en el que efectivamente la resolución ambiental es aprobada. Además, Pacheco precisa que “es el ministerio de Medioambiente el que otorga la resolución medioambiental y ellos ven el estudio del impacto, junto con la normativa y la legislación”.
Respecto del oficio que se anunció que se mandará a Contraloría, de momento Pacheco desconoce si se envió o no. Sobre los terrenos que serían de su familia, Pacheco lo descarta tras precisar que “efectivamente la familia Matte, a través de la sociedad agrícola Trinidad, tenía un campo en Lliu-Lliu, que fue íntegra y completamente expropiado en 1967, durante el proceso de reforma agraria del Presidente Frei Montalva. No tengo ningún conocimiento de que exista algún campo de la familia Matte en esa zona. Nadie me ha contado ni informado”.
Pacheco reitera que el compromiso del gobierno es reducir el costo de la electricidad tanto para hogares como para la actividad productiva (objetivo que se busca con el controvertido proyecto), y asegura que,pese a toda la información que existe y que presentó sobre este tema, “si hacen la consulta a Contraloría, es parte del juego democrático y esto se va a aclarar completamente por la información que le he entregado. Vamos a tener que esperar que justamente se siga todo este procedimiento para aclarar oportunamente esto. Así es la democracia. La autoridad pública tiene que responder de sus actos, con total transparencia”.
Ante esta información, Molina dice que la denuncia que se hizo en la comisión apunta a territorios en la IV y la V región. “Sería un sobrino del ministro el que estaría haciendo un proyecto, y las torres pasan por ese terreno suyo. Eso es lo que vamos a pedir a Contraloría, que se nos aclare si es cierto o no, y en ese sentido, si habría o no conflicto de interés. Si existiese, el ministro tendría que haberse inhabilitado en toda la participación que tuvo en ese proyecto. El ministerio de Energía es el mandante, lo que no tiene que ver con el momento en el que se inició este proyecto, sea cual sea el gobierno en el que ocurrió”, especifica la diputada, la que además aclara que la presentación ante la Contraloría se realizará este martes 7 de junio. (El Dínamo)
