Si bien los controladores de Penta no han retomado plenamente su antigua rutina, han alcanzado cierta normalidad. Aunque ya no son integrantes de ningún directorio de sus empresas, van regularmente a sus oficinas, en el piso 13 de El Bosque Norte 0440, para monitorear el estado de su holding. También han vuelto a asistir a actividades sociales. Délano, por ejemplo, regresó a la cancha de golf de Los Leones con su amigo Eduardo Fernández (controlador de Banmédica), mientras que Lavín ha pasado buena parte del tiempo en su parcela de Chimbarongo. El resto del tiempo lo dedican a sus familias y al estudio de la carpeta investigativa de su causa, en la cual están formalizados como autores de delitos tributarios, cohecho y lavado de activos.

“El costo personal ha sido durísimo”, comenta el ex canciller Alfredo Moreno, actual hombre fuerte de Penta y amigo de “los Carlos”. “A quienes hoy se les acusa de los mismos delitos, muchos ni siquiera tienen querella y a nadie en su situación se le ha impuesto una cautelar de prisión preventiva. Mientras tanto, ellos estuvieron 46 días presos y largos meses con arresto domiciliario”.

Los problemas se hicieron evidentes hace dos años, con la primera denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de Délano, Lavín y sus respectivas mujeres, Verónica Méndez y María de la Luz Chadwick, fechada el 26 de agosto de 2014. Esta acción penal no fue más que la continuación de los hechos investigados en el caso FUT, que reveló las devoluciones fraudulentas de impuestos realizadas por el ex fiscalizador del SII Iván Alvarez y una red de contadores con los que estaba coludido.

Al descubrir el nexo entre Alvarez y dos altos ejecutivos de Penta -su gerente general histórico, Hugo Bravo, y el contador jefe, Marcos Castro-, el Ministerio Público puso el foco en las operaciones del holding. Ambos ejecutivos decidieron colaborar con los fiscales a cargo de la indagatoria, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, abriéndoles la puerta para descubrir las boletas ideológicamente falsas con las que diversos candidatos de la UDI habían financiado sus campañas parlamentarias y presidenciales.

A dos años de esos hechos, desde Penta  reflexionan que aquel movimiento de los fiscales desató una suerte de “efecto dominó” que pocos fueron capaces de prever, que luego llevó a SQM y al descubrimiento de decenas de otras empresas que realizaron donaciones fuera de norma. La consecuencia ha sido una crisis de confiabilidad que afecta transversalmente a todo el sistema político. “Todos sabemos que partió ahí, pero dónde va a terminar es impredecible”, dicen desde la empresa que inauguró las investigaciones.

Llamado desatendido  

“No entremos en pánico, esto de Penta se va a olvidar en un par de semanas, a lo más en un mes”, dijo un parlamentario de la UDI en un almuerzo de bancada realizado a pocos días de que algunos medios de prensa revelaran que figuras como Jovino Novoa -único condenado a la fecha mediante un procedimiento abreviado-, Pablo Zalaquett, Laurence Golborne, Iván Moreira y Ena von Baer se habían beneficiado de las donaciones bajo cuerda de Empresas Penta. El pronóstico del diputado en cuestión fue tan erróneo que hasta hoy se lo recuerdan dentro del partido, comparando sus capacidades de proyección con las de Carlos Caszely después de España 82, cuando éste hizo un vaticinio similar sobre su penal perdido contra Austria.

“Si bien algunos pensábamos que se venía mal la cosa, nunca lo dimensionamos bien”, reconoce un dirigente de la mesa UDI que tuvo que enfrentar la crisis.

Lo que hoy se mira con algo de gracia en el gremialismo, en el segundo semestre de 2014 era una tragedia. La presión ciudadana era fuerte. El presidente de la tienda era el diputado Ernesto Silva, quien tuvo una serie de reuniones muy tensas con el grupo de los “coroneles”, entre ellos Jovino Novoa, Andrés Chadwick y Juan Antonio Coloma. En esas  primeras citas, se evaluó la idea de renunciar, pero esta decisión se haría efectiva recién medio año después, en marzo de 2015, cuando se conocieron los detalles de la carpeta investigativa que llevaba la Fiscalía Metropolitana Oriente. “El gesto de renunciar y ofrecer disculpas a la ciudadanía que se hizo fue único, hasta ahora nadie lo ha hecho”, asegura un diputado gremialista.

La UDI trató de controlar la situación antes de que se escapara de control. En octubre de 2014, la mesa directiva pidió reunirse con el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, para buscar un acuerdo como el de Pablo Longueira y el Presidente Ricardo Lagos por el caso MOP-Gate, en 2003, con la idea de anunciar una reforma estructural al sistema de financiamiento de la política. El entonces hombre fuerte de la Presidenta Bachelet los recibió con aparente buena disposición.

“En las reuniones, él se mostraba muy en manejo de la situación, pero nosotros sabíamos que también tenía boletas y nunca reconoció nada”, comenta un parlamentario UDI asistente a esas citas. Finalmente, y pese a que dentro de la Nueva Mayoría había quienes apoyaban la idea de buscar una salida a las investigaciones, Peñailillo y el bloque oficialista hicieron oídos sordos al llamado gremialista.

“En un principio hubo, en algunos, una cierta mirada de que esto iba a afectar sólo a un sector, sobre la base de que era evidente que ese sector político había resultado claramente beneficiado de estos métodos reprochables. Hubo muy pocos, entre los que me incluyo, que pensamos en esos momentos que esto iba a afectar  a la política en su conjunto”, afirma el diputado Osvaldo Andrade, presidente del PS, cuando estalló el caso.

En febrero de 2015, una querella del SII en contra del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner abrió la investigación hacia SQM, por una boleta pagada a su cuñada, María Carolina de la Cerda. A través de esta acción penal, los fiscales tuvieron acceso a la contabilidad de una empresa que, a diferencia de Penta, no tenía problema en financiar campañas de todo el espectro político. Fue así como se supo que la minera no metálica había aportado, por ejemplo, a la precampaña de la Presidenta Bachelet a través de Asesorías y Negocios Spa, una sociedad del geógrafo Giorgio Martelli. Varios funcionarios de gobierno, incluidos Peñailillo y el director del SII, Michel Jorratt, habían boleteado para esta sociedad entregando informes de dudosa calidad. Ambos salieron del Ejecutivo al poco tiempo de conocerse la noticia.

SQM eventualmente complicaría a otras figuras de la Nueva Mayoría, como el diputado Roberto León (DC), los senadores Jorge Pizarro (DC) y Fulvio Rossi (PS),además de un sinnúmero de otros personeros, como los ex embajadores Marcelo Rozas y Alejandro Bahamondes, o partidos completos, como el PPD, cuando era conducido por la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá.

Luego, la indagatoria arrojó nombres de nuevas empresas, como Copec, Celulosa Arauco, Ripley, Alsacia, BCI, Cruz del Sur, Watt’s, Caburgua y muchas más, de diversos dueños y controladores. Las contabilidades de estas sociedades podrían involucrar a muchos políticos más.

“Si Peñailillo hacía un mea culpa antes, y no esperaba a que explotara todo, se podría haber amilanado el impacto que tuvo todo esto para la clase política”, analizan desde la UDI.

Mecanismos de control

Nadie al interior del Ministerio Público lo reconoce abiertamente, pero durante el curso de las investigaciones por financiamiento irregular de la política recibieron fuertes presiones desde el mundo político. Mientras la oposición optó por criticar públicamente un supuesto “sesgo ideológico” de las investigaciones, el oficialismo manifestó su contrariedad en reuniones privadas. En lo que ambos bandos coincidían era en la petición de remover al fiscal Gajardo de las causas.

En febrero de 2015, su jefe en la Fiscalía Oriente, Alberto Ayala -quien se había inhabilitado de la arista SQM por haber trabajado allí- tomó la decisión de arrebatarle esa causa al curicano y asignó a José Veizaga, fiscal jefe de Las Condes. Gajardo respondió con su renuncia ante la fiscal nacional (S) Solange Huerta, quien decidió reasignarle la causa al fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, quien estaba de vacaciones fuera de Chile en ese momento. El nombramiento fue criticado por la relación de Montes con el PS a través de su padre, el senador Carlos Montes. Todo este embrollo llevó al fiscal nacional, Sabas Chahuán, a tomar ambas investigaciones personalmente, tanto Penta como SQM. Fue un hecho inédito en la historia de la Reforma Procesal Penal del país.

El Ministerio Público no sólo se enfrascó en luchas internas, sino también con el SII, que incluso antes de la salida de Jorratt comenzó a limitar la presentación de acciones penales que les permitieran a los fiscales seguir indagando a nuevas empresas y nuevos políticos. En marzo de 2015, el SII hizo un llamado a los “grandes contribuyentes” a autodenunciar y rectificar internamente cualquier anomalía contable. De esta manera, se podían resolver eventuales infracciones tributarias por la vía administrativa. Al final de ese proceso, 78 sociedades rectificaron por casi US$ 13 millones.

A fines del año pasado, el nuevo fiscal nacional, Jorge Abbott, reasignó las investigaciones a diferentes fiscales regionales. Manuel Guerra, de la Metropolitana Oriente, quedó a cargo de Penta, junto a Gajardo y Norambuena; Pablo Gómez, de Valparaíso, heredó SQM, y Emiliano Arias, integrante del equipo que trabajó al mando de Chahuán y nuevo fiscal regional de O’Higgins, tomó Corpesca, una causa que si bien no derivó de Penta, se alimentó de la fuerza con que contaban las investigaciones anteriores.

El debate respecto de la posibilidad del Ministerio Público de actuar penalmente sin una querella nominativa previa de Impuestos Internos se ha arrastrado hasta la fecha, con señales contradictorias dentro de la misma institución y con ciertas ambigüedades, como la noción de poder formalizar a un imputado, pero no poder llevarlo a la etapa decisiva de acusación.

“Todo el proceso ha sido positivo. Lo negativo han sido los intereses que han quedado al desnudo a través de resquicios institucionales, como los requerimientos al Tribunal Constitucional (TC) o los esfuerzos del SII para llevar por la vía administrativa. Eso demuestra que las instituciones no son tan consistentes aún”, opina el abogado querellante de Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza.

Actualmente, un instructivo de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Ulddecco) aconseja “no perseverar” en investigaciones que no cuenten con una acción previa del SII.

Aunque en el caso de Penta hay una imputación por cohecho por los pagos realizados al ex subsecretario Pablo Wagner, su defensa considera que se les ha tratado injustamente en materia de delitos tributarios, ya que, al ser los primeros, no tuvieron la oportunidad de reparar el perjuicio fiscal por la vía administrativa.

“El caso Penta se ha caracterizado por la persecución de conductas que nunca antes fueron consideradas delito y que no han sido consideradas delito después de Penta. Observo que el escenario para los socios de Penta es el peor. No conozco el instructivo de la fiscalía, pero es consecuente con la doctrina tradicional. Se va reafirmando que hubo una sobrerreacción”, argumenta Julián López, representante legal de los controladores de Penta.

En este escenario, los defensores de ex ejecutivos de Penta coinciden en las críticas de López, a pesar de haber comenzado el proceso en veredas opuestas.

“Hay una falta de criterio uniforme explícito y predefinido. La falta de estándares previsibles y la extensión de las investigaciones dan la idea de que la investigación se transforma en un fin y la sospecha no tiene límites ni contornos claros. Eso es un problema y una novedad en nuestro sistema”, comenta Rodrigo de la Barra, abogado del ex contador de Penta Marcos Castro.

Por su parte, Catherine Lathrop, defensora de Hugo Bravo, agrega que “Penta fue apenas la punta del iceberg en una situación que resultó ser transversal. Espero que la norma se aplique de la misma manera para todos. Si algo es sólo delito en el marco de Penta, hay algo que está mal hecho”.

Prognosis

Después de un período sin contacto entre defensa y los fiscales a cargo del caso, en los últimos días se ha retomado el diálogo con miras a un juicio abreviado para los controladores de Penta, Délano y Lavín. El fondo de la discusión es el reconocimiento de los hechos constitutivos de soborno respecto del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner que los acusados no están dispuestos a admitir. Varias otras defensas están en esta misma situación, esperando que se cierre la investigación y que se llegue a una salida alternativa con los socios controladores, lo que fijaría un estándar para todos los demás imputados, en especial para aquellos que la fiscalía cree que han “colaborado sustancialmente” con las pesquisas.

El plazo de investigación será ampliado nuevamente en una audiencia el próximo 16 de agosto, principalmente por las diligencias pendientes solicitadas por las defensas. La indagatoria podría extenderse como máximo hasta marzo, cuando se cumpla el límite de dos años desde la primera formalización.

Desde la oficina que antiguamente ocupaba Hugo Bravo, el hombre que desencadenó las investigaciones por financiamiento irregular de la política, Alfredo Moreno dice que el futuro de Délano y Lavín en la esfera pública del país dependerá de su sentencia. Sí cree que, pase lo que pase, no emigrarán: “No veo en ellos ni en sus hijos la intención de irse de Chile, toda su vida y afectos están aquí”.