La perseverancia del Partido Comunista y los grupos a la izquierda de éste y la debilidad del gobierno de Michelle Bachelet y de la clase política en general nos han llevado a discutir una reforma al sistema de pensiones que va más allá de las propuestas de perfeccionamiento que técnicos de diversos sectores han hecho en los últimos años.
La campaña No + AFP y la movilización pública que le ha seguido, han aterrado a los políticos, que se aprestan a legislar presionados por una serie de falsedades que se han dicho sobre el sistema.
La primera falsedad es que este es un sistema privado con una lógica de mercado que deja a los trabajadores a su suerte al hacer depender la pensión de su capacidad de ahorro. Desde sus orígenes, el sistema de pensiones contempló el aporte solidario del Estado para complementar el ahorro de los trabajadores de menor renta, a través de la pensión mínima establecida en el DL 3.500 y la pensión asistencial, anterior a éste. El elemento solidario del sistema, entonces, no fue introducido por Michelle Bachelet en su anterior reforma, como ha sido afirmado por personeros de la Nueva Mayoría y buena parte de la prensa, sino que solamente modificado. A través de la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario se aumentó la incidencia del subsidio estatal en un sistema que ya era mixto, pero se lesionaron los incentivos para ahorrar.
La segunda falsedad es que el promedio de las pensiones de las AFP es de 220.000 pesos y sería similar a las pensiones del sistema de reparto del IPS. Esto es más grave porque proviene de fuentes oficiales. Esa aparente igualdad en el valor de las pensiones entre ambos sistemas está completamente distorsionada, por al menos dos elementos. El primero es que el sistema de AFP incluye como afiliados a todas las personas que cotizaron aunque sea un mes en la AFP. En esa condición hay numerosas mujeres que sin ser parte de la fuerza de trabajo se inscribieron para tener acceso al beneficio del bono por hijo que concedió Michelle Bachelet y que al cumplir 60 años tienen derecho a pensión, que obviamente es muy baja y se toma en cuenta para calcular ese promedio. También hay personas, muchas mujeres, que trabajaron tres o cuatro años y después se dedicaron a cuidar a sus hijos. Todos estos elementos bajan artificialmente ese promedio.
En el sistema de reparto, en cambio, el promedio sólo incluye a personas que cumplen los requisitos mínimos de antigüedad para jubilar (entre 15 y 10 años). De manera que en rigor hay una gran cantidad de personas (se calcula que la mitad de los cotizantes) que tienen pensión cero en el sistema de reparto. Esas no se incluyen en el cálculo del valor promedio que entrega la información oficial, sobreestimando entonces ese valor.
El otro elemento de distorsión es que en el sistema de AFP la pensión se obtiene con 10% de cotización, más las comisiones que llegan a algo más de 2% de la renta en promedio y en el IPS se cotiza en promedio un 20%. Si uno junta estos elementos de distorsión, y los corrige, resulta que el valor de las pensiones de las AFP es el triple del de las del IPS. Si sólo consideramos las pensiones de personas con 20 años de cotizaciones o más en el sistema de AFP, el valor promedio de la pensión no es de $220.000, sino que se empina por sobre los 480.000 pesos y si consideramos los que cotizaron más de 30 años, según lo informado por AFP Habitat, es de 650.000 pesos para hombres y 327.000 para las mujeres.
En forma irresponsable muchos políticos y los líderes del movimiento No más AFP y sus pancartas afirman que las AFP le roban a los afiliados. Esta es una afirmación temeraria y falsa. En 35 años de existencia ni un peso se ha robado a las cuentas individuales de los afiliados a las AFP. Por el contrario, la excelente rentabilidad de 8% anual ha permitido que por cada peso que han puesto los afiliados hoy día tengan tres pesos.
El problema que tenía entonces el gobierno era cómo hacer una reforma previsional que respondiera a las inquietudes de mucha gente, que estaban basadas en un diagnóstico falso. Destruir el sistema de AFP y reemplazarlo completamente por uno de reparto es una alternativa que no es viable sin expropiar los fondos de los trabajadores o inyectar una altísima cantidad de recursos fiscales que se hicieran cargo de pagar las pensiones.
Lo que se ha anunciado hasta ahora por la Presidenta y sus ministros permite concluir que la reforma no resolverá los problemas que tiene el sistema, básicamente el insuficiente ahorro previsional que lleva a bajas pensiones a mucha gente. Había dos posibilidades para hacer eso: incrementar el ahorro o sumar una gran cantidad de recursos al Pilar Solidario. Combinaciones de las dos también servían.
Pero el gobierno no tiene plata en las arcas fiscales, ni siquiera para honrar compromisos anteriores como la gratuidad. ¿Qué hace entonces? Financia el aumento del componente solidario con un impuesto al trabajo. Lo que no puede poner para mejorar las pensiones lo pondrán los propios afiliados y sus empleadores con una mayor cotización previsional. Que esta sea nominalmente de cargo de la empresa, sabemos, no significa que el trabajador no pague parte del costo. A la larga el costo aumenta y lo que no se paga en menores rentas se paga en más desempleo.
En este afán, además, el gobierno está introduciendo el reparto decididamente en el sistema de pensiones. Antes había un componente solidario pero éste se pagaba con rentas generales de la nación. Ahora, como no hay plata, los trabajadores activos, a través de sus empleadores, contribuirán a financiar pensiones de actuales y futuros jubilados según se ha anunciado.
El efecto de esta medida es muy perjudicial para el ahorro y conspira contra el objetivo de aumentarlo en el largo plazo. Obviamente genera incentivos a cotizar menos y a la informalidad o a contratos a honorarios, porque lo que se ahorra ya no irá sólo a financiar la pensión propia sino a un Fondo solidario manejado por los políticos. ¿Cómo sabe cualquier chileno que ese dinero, fruto de su ahorro, no va a financiar la pensión de Myriam Olate?
En el balance entre incentivar el ahorro y promover la solidaridad del sistema, se dará un nuevo paso para lograr el segundo objetivo; lo cual en sí mismo no tiene nada de malo, pero sí tiene costo en términos de menor ahorro. La herramienta elegida, un impuesto al trabajo, es mala porque hace caer el peso en los que producen. Otro incentivo a trabajar menos.
Las demás medidas anunciadas son más bien para la galería, aunque algunas dañinas. Representantes de trabajadores en las decisiones de inversión, devolución de comisiones si la rentabilidad es negativa y AFP estatal entre otras. Ya habrá tiempo de analizarlas pero obviamente la devolución de comisiones induce un comportamiento más conservador de las AFP en las inversiones, lo que afectaría la rentabilidad de todo el sistema llevando a pensiones más bajas. La AFP estatal más el anuncio de nuevas licitaciones de afiliados puede ser la punta de lanza para la estatización del sistema.
En resumen, la reforma previsional de Michelle Bachelet lleva el sello de la impostura, como toda la obra de su gobierno. Una reforma tributaria encubierta y la introducción del reparto.
El Líbero/La Tercera
