Ubicarlos en el lugar de los hechos, dejarlos en prisión preventiva mientras dure la investigación, demostrar que pertenecen a un grupo organizado y que actuaron con dolo y consensuados, era parte de los objetivos del Ministerio Público.
Ello, luego que la fiscalía llegara a la convicción -en esta etapa procesal- respecto a la presunta participación de los cinco detenidos en los delitos de robo con violencia, porte de arma incendiaria e incendio con resultado de muerte, que le fueron imputados ayer en su formalización de cargos.
Sin embargo, los antecedentes expuestos durante la audiencia por el fiscal jefe de Valparaíso, Cristián Andrade, no fueron suficientes para convencer al juez de garantía Juan Carlos Maggliolo, respecto a la vinculación de los sospechosos en los desmanes que terminaron con la muerte del funcionario municipal, Eduardo Lara, el pasado 21 de mayo.
Por ello, estimó que la prisión preventiva solicitada por el ente persecutor penal era desproporcionada y a cambio, decretó como medidas cautelares arraigo nacional y firma mensual.
Lo anterior significó un duro traspié para el Ministerio Público, que, tras estos dos meses de investigación, ahora tendrá otros seis para recopilar nuevas evidencias que le permitan ubicar a Rodrigo Araya (21), Miguel Varela (31), Constanza Gutiérrez (20), Felipe Ríos (23) y Hugo Barraza (23) en el lugar de los hechos y demostrar que tiene algo más que «similitudes y sospechas», como indicó ayer el magistrado tras cuatro horas de audiencia.
El fiscal Andrade sostuvo su exposición que lo ocurrido no fue algo circunstancial, que entre todos los imputados se conocen y descartó que los jóvenes no tuvieran conocimiento sobre la presencia de una persona en el edificio siniestrado, como lo sostuvo la defensa.
Y si bien no tuvo testigos que lo respaldaran, su teoría fue fundamentada por la investigación de Carabineros y la PDI, que incluía escuchas telefónicas, seguimientos, fotografías, archivos de cámaras de seguridad y restos de ADN que se encontraron en prendas de vestir abandonadas en los alrededores de calle Pedro Montt, donde está ubicado el inmueble incendiado el día de las manifestaciones.
ANDRADE VERSUS LEMUS
Según el representante del Ministerio Público, la única mujer del grupo -vestida con un polerón celeste- portaba el pasado 21 de mayo una bolsa azul con botellas rellenas de material combustible.
Para sustentarlo, exhibió ante el tribunal imágenes que la sitúan en la manifestación y luego en registros de noticieros donde se le aprecia en el momento en que se rompieron las cortinas metálicas de la farmacia Ahumada que funcionaba en el primer piso del edificio, que fue totalmente saqueado y donde se originó el incendio.
Sin embargo, la defensa demostró, incluso haciendo posar a Constanza, que la mujer sindicada por la Fiscalía tiene el pelo bastante más corto que el de la estudiante de Pedagogía Básica de la Universidad de Playa Ancha, y que, al mirarla de perfil, su nariz no coincide con la de las fotos. Además, señalaron que el hecho de que sea polola de Hugo Barraza, «no es prueba de nada».
31 AÑOS TIENE EL MAYOR DE LOS DETENIDOS
Respecto a éste último, el Ministerio Público dijo que ese día lucía una chaqueta roja, con la que luego fue visto en la marcha del 24 de julio «No + AFP» y que ahora fue incautada en el allanamiento en su casa.
Además, se señala que es él quien aparece en los registros con una capucha de forma particular rompiendo con un martillo las rejas de la farmacia, donde la anatomía de su cuerpo coincidiría.
Pese a ello, Franco Lemus intentó convencer al juez que los informes de la investigación señalan en este punto que no tienen una opinión concluyente y tampoco coinciden entre sí.
Sobre Felipe Ríos, quien vive junto a Hugo en el cerro Playa Ancha, se usó como argumento en su contra el hecho de que en los videos se observa a un joven en el frontis del edificio utilizando unas zapatillas que tenían «al parecer» una letra N.
Y luego en su Facebook, se puede ver una foto de perfil donde detrás de unos muebles se ve su pié con una zapatilla que pudiera tener una letra N. «No hay personas que lo identifiquen, sólo las marcas», acusó tajante el abogado defensor.
En el caso de Rodrigo Araya, oriundo de Coquimbo, la fiscalía lo ubicó en la escena por una camisa color ocre manga corta que ese día utilizaba supuestamente y porque en su casa se encontraron unos pantalones y camisas oscuras.
Además, en los videos sería él quien con un combo rompía los candados de la tienda de Entel, que fue la primera en ser atacada y está sólo a unos metros de la la farmacia Ahumada, donde también habría estado él.
Lemus planteó entonces que la fiscalía «solo tenía imágenes difusas y borrosas» y que con lo argumentado por Andrade, sólo serviría para decir que rompió las rejas.
Miguel Varela, proveniente de La Serena, sería para la fiscalía quien lanzó la bomba molotov que inició el fuego, para eso también se le incrimina en base a su ropa registrada en imágenes de prensa (principalmente unas zapatillas marca Michelin) y también porque su celular fue pesquisado por las antenas locales en diferentes horarios ese 21 de mayo en Valparaíso.
El defensor refutó dicho argumento indicando que el propio informe de la investigación especifica que con este último antecedente no es posible asegurar su presencia. Además, dijo que entre las horas en que fue localizado su teléfono existen vacíos.
Asimismo, Franco Lemus explicó que era imposible que Miguel supiera que Lara u otra persona estaba en el lugar, ya que no es de la ciudad y no tiene «por qué saber, que allí había un guardia 24/7 sólo por tratarse de la oficina del concejo municipal». «Todos se conocen»
Las redes sociales fueron protagonistas en la investigación, ya que de ellas se sacaron no sólo fotos, sino que el fiscal Andrade estableció que entre todos ellos existe un vínculo previo y encuentros después del trágico día para la familia Lara.
Para justificar ese argumento también enseñó al juez unas escuchas telefónicas de terceras personas donde este miércoles, tras ser detenidos, voces femeninas y masculinas hablan de la captura de sus amigos, y se refieren a todos indistintamente.
Además el Ministerio Público relató que Felipe y Miguel se reunieron en La Serena y viajaron juntos a Freirina para una actividad. Lo mismo entre Miguel y Rodrigo quienes, según la parte querellante, asistieron a un acto en defensa del Elqui.
«Este caso podría llegar a ser comparable con el caso bombas», sentenció el abogado defensor, Franco Lemus, haciendo referencia a la derrota que sufrió el Ministerio Público cuando fueron absueltos de todos los cargos Gustavo Fuentes Aliaga, Felipe Guerra, Mónica Caballero, Omar Hermosilla, Carlos Riveros y Francisco Solar, acusados de instalar cuatro artefactos explosivos en Santiago en una investigación que duró tres años.
INTENDENTE FRUSTRADO
El intendente de la Región de Valparaíso, Gabriel Aldoney dijo sentirse frustrado luego de conocerse la resolución del Juzgado de Garantía porteño de dejar en libertad, y solo con la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional, a los cinco imputados de haber provocado el incendio que causó lamuerte del guardia municipal Eduardo Lara, el pasado 21 de mayo.
Aldoney señaló que «como autoridad regional y representante de la Presidenta de la República en la región, tengo que abstenerme a comentar los fallos judiciales. Pero también tengo que representar el sentir de la ciudadanía. Sin duda que se ha logrado un paso, hay cinco personas que están siendo procesadas, que además se les ha imputado su capacidad de movilidad, están con arraigo nacional, y también deben firmar cada 15 días en los lugares que determine el juez, lo cual permite que se pueda continuar con las diligencias y resolver las dudas que pudo haber tenido el juez al tomar esta resolución».
Pero añadió: «También tengo que decir que más allá de ello, uno siente un grado de frustración por lo ocurrido, porque los hechos que se provocaron el 21 de mayo son de extrema gravedad, y creo que lo conveniente es que seamos capaces de darnos todos las facilidades necesarias para que los órganos del Estado puedan cumplir con sus obligaciones».
«Y en ese sentido -continuó- yo espero que a través del accionar nuestro y de los abogados del Ministerio del Interior, tanto de la Intendencia, a través de una apelación que vamos a hacer de la resolución del juez, podamos revertir esta situación y podamos efectivamente dar una señal muy clara, que yo creo está en conformidad de lo que la sociedad chilena espera de este tipo de situaciones, más allá de situaciones que pueden ser comprensibles en el ámbito jurídico, pero que en este caso, pudo haber otras opciones que debieran haberse considerado, y es precisamente porqué creemos que debemos apelar en esto».
El intendente concluyo puntualizando que “no vamos a descansar hasta que los autores sean declarados culpables y sean sancionados como corresponde. Yo creo que ese es el anhelo de todos los ciudadanos y ciudadanas de Valparaíso y del país, porque los hechos fueron de extrema gravedad y cuando las cosas son así hay que actuar en consecuencia, y eso es lo que nosotros haremos como autoridad regional».
