El Gobierno de Venezuela exigió al Gobierno de Chile una «exhaustiva investigación» sobre la «brutal agresión policial» perpetrada esta semana en contra de un ciudadano venezolano, acto que calificó de «acción desmedida» por parte de Carabineros.
En un comunicado, la Cancillería venezolana pidió que se determinen las responsabilidades a que hubiere lugar por el «uso excesivo de la fuerza pública y detención arbitraria» del venezolano Carlos Díaz, a quien, aseguran, los policías militares le vulneraron «gravemente» sus derechos fundamentales.
«La República Bolivariana de Venezuela, fiel a su compromiso internacional con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, repudia categóricamente esta acción policial que evidencia una explícita violación a los derechos de nuestro connacional», indicó el comunicado.
Según la Cancillería venezolana, Díaz intervino para «preservar la integridad física» de un ciudadano haitiano que supuestamente también era sometido a un «violento y desproporcionado procedimiento de detención».
Asimismo, el Ministerio de Exteriores señaló que tanto Díaz como el ciudadano haitiano fueron «víctimas» de insultos y de «discriminación racista y xenofóbica».
El Gobierno venezolano también reiteró que aún aguarda por las resultas ante el «trato racista» sufrido por el venezolano Emilio Rentería en noviembre de 2014.
Venezuela manifestó su preocupación por estas expresiones de xenofobia «entre hermanos suramericanos» e hizo un llamado a las autoridades competentes para que actos de esta naturaleza no se repitan.
De acuerdo a información de testigos, el hecho ocurrió el miércoles 18 de este mes en Nueva York con la Alameda, momento en que el haitiano fue detenido por no pagar su pasaje. Posteriormente, el venezolano intentó defenderlo, recibiendo un golpe en el rostro, que lo hizo sangrar.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
Este caso también fue denunciado por Amnistía Internacional, organización que también rechazó el actuar policial en la detención de un joven estudiante en Valparaíso.
La organización aseveró que «estas situaciones no pueden considerarse hechos aislados», y que la impunidad en este tipo de hechos «muestra una peligrosa conducta de funcionarios del Estado de Chile, en ejercicio de sus labores habituales».
«Amnistía Internacional ha exigido a las autoridades en múltiples ocasiones en los últimos cinco años el tomar medidas efectivas para prevenir estos hechos y asegurar que todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza se investiguen de manera independiente e imparcial y se sancione a quienes sean responsables», recordaron.
«Es imprescindible también que Carabineros de Chile revise sus procedimientos y mejore las capacitaciones para que sus funcionarios los apliquen de manera correcta y sin vulnerar los Derechos Humanos de los ciudadanos nacionales y migrantes, así como asegure que quienes vulneren esos derechos reciban las debidas sanciones», recalcaron.
Finalmente, Amnistía Internacional sostuvo que «de no adoptarse medidas para prevenir este tipo de hechos e impedir que cuando sucedan queden en la impunidad, Chile continuará teniendo responsabilidad por no respetar ni proteger los derechos humanos». (Cooperativa)
