La jefa de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, está investigando los presuntos delitos de cohecho y negociación incompatible que se habrían dado en el marco del proceso de evaluación ambiental de la Concesión Américo Vespucio Oriente (AVO). Específicamente, en el tramo que unirá la Avenida El Salto, en Huechuraba, y Príncipe de Gales, en La Reina. La iniciativa ingresó al Sistema de Estudio de Impacto Ambiental en 2015 y se encuentra aún en etapa de calificación.
En el contexto de esta investigación ya se han realizado las primeras diligencias. El viernes pasado, efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI acudieron hasta las dependencias del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para retirar documentación y el computador del imputado en la causa, el ingeniero Christian Bustos Cancino, quien desde 2012 se desempeña en la División de Evaluación Ambiental de los proyectos.
Según se informó, los antecedentes del caso fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público por el propio servicio, tras detectar ciertas situaciones que podrían tener carácter de delito. El epicentro de la indagatoria se encuentra en dos documentos, uno titulado “Estudios de Emisiones en Fase de Construcción” y el “Estudio de Emisiones en Fase de Operación”, que fueron presentados por AVO en 2015 y que son parte del estudio de impacto ambiental que hizo llegar la concesionaria al SEA.
La información que maneja el Ministerio Público es que en la elaboración de ambos documentos, se habría usado, como insumo, un modelamiento del impacto atmosférico de las obras que habría sido elaborado en 2013 y en el que habría participado el propio Christian Bustos, siendo funcionario del SEA.
VERSIONES DEL SEA Y AVO
Respecto a la causa, el SEA indicó que “con fecha 24 de agosto de 2016 se recibió en la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una denuncia dando cuenta de situaciones irregulares que se habrían cometido al interior del Servicio. Como respaldo de dicha presentación se acompañaban una serie de correos electrónicos que daban cuenta de los hechos denunciados”. Añadieron que esta denuncia “daba cuenta de situaciones irregulares que habría cometido un funcionario al interior del Servicio. Analizados los antecedentes presentados y en el supuesto de que los hechos denunciados podrían revestir los caracteres típicos del delito de negociación incompatible o bien del delito de cohecho y, en estricto cumplimiento de la obligación de denunciar por parte de los empleados públicos los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones, este director ejecutivo procedió a efectuar la respectiva denuncia ante el Ministerio Público con fecha 25 de agosto de 2016”.
Indicaron, además, que el 8 de septiembre se inició el sumario contra Bustos.
En tanto, desde AVO señalaron que ellos tercerizaron con otra empresa el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto. Indicaron que la concesionaria “no tiene conocimiento y antecedentes respecto a las labores y trabajos desarrollados por el personero del SEA aludido en la investigación. No se conoce a este funcionario”.
Agregaron que “respecto al Estudio de Impacto Ambiental, AVO contrató a una empresa de primer nivel las ingenierías y estudios ambientales, y ésta a su vez, subcontrató con otros consultores partes del EIA”. La firma también indicó que “AVO llevará a cabo todas las acciones necesarias para esclarecer este tipo situaciones. AVO se pone a disposición de la fiscal para entregar los antecedentes que considere necesarios para el desarrollo de la investigación”.
OTRAS DILIGENCIAS
La incautación realizada en dependencias del servicio no es la única acción legal que ha ejercido la fiscal Chong. La persecutora solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago alzar el secreto bancario de Bustos en cinco entidades, en el periodo que abarca de diciembre de 2012 hasta la fecha. Prácticamente, todo el período en que el evaluador ha trabajado en el SEA.
Si bien en una primera instancia la solicitud fue negada por el tribunal, Chong presentó un recurso de reposición para lograr acceder a esta información. Lo que se busca, según este documento, son “operaciones específicas sobre depósitos, captaciones u otras operaciones de cualquier naturaleza que hayan realizado imputados o partes en la investigación”.
La jueza Marcia Figueroa negó esta arremetida de la fiscal, diciendo que no compartía “el concepto de amplitud” argumentado por Chong, pues si bien se señalan operaciones, “la cantidad de ellas comprende el conocimiento de toda la cuenta bancaria”.
Consultado por esta causa, Chistian Bustos señaló que “fui notificado ayer (el jueves pasado). Hoy estoy en una situación súper complicada, recién estoy tratando de entender lo que pasa. No entiendo la causa y no tengo acceso a la carpeta (investigativa). Entiendo que me trataron de levantar el secreto bancario, ese es único el documento que tengo”.
Bustos, quien es dirigente de la Asociación de Funcionarios del SEA, dijo que “traté de pedir audiencia (en la fiscalía), pero los funcionarios están en paro”. Añadió que “sigo trabajando en el servicio, ayer (el jueves) llegué y me encontré con la novedad de que no tenía mi computador”.
La Tercera
