La Fiscalía señaló hoy a la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, como cómplice de un sonado caso de corrupción y tráfico de influencias que ha desatado una fuerte indignación en el país.
El anuncio de los fiscales, que no pueden presentar cargos penales contra la mandataria por la inmunidad que le otorga su cargo, se produce que mientras multitudinarias protestas piden desde hace semanas la dimisión de la presidenta, cuyo mandato de cinco años finaliza en febrero de 2018.
Tras una investigación preliminar, los fiscales encargados del caso aseguraron hoy que Park colaboró con su íntima amiga, Choi Soon-sil, y otros dos excolaboradores en presionar a compañías locales para que donaran dinero.
«La presidenta jugó un papel colusorio en una parte considerable de las actividades criminales que involucraban a las (tres) personas», dijo Roh Seung-kwon, uno de los fiscales encargados del caso, según declaraciones recogidas por la agencia Yonhap.
La Fiscalía acusó hoy formalmente a Choi Soon-sil, la amiga de la presidenta que se encuentra en prisión desde principios de mes, por abuso de autoridad, coerción e intento de fraude, entre otros delitos.
Choi Soon-sil, a pesar de no ostentar ningún cargo público, presuntamente modificó los discursos de Park, intervino de forma oculta en asuntos de Estado y captó fondos de forma ilícita utilizando su influencia.
Se cree que la sospechosa de 60 años llegó a presionar a más de 50 compañías para que donaran un total de 65,7 millones de dólares (62 millones de euros) a dos fundaciones que supuestamente controlaba.
Entre las compañías afectadas se encuentran el fabricante de vehículos Hyundai Motor, el gigante de las telecomunicaciones KT o el productor de acero POSCO.
Choi además está acusada de intentar derivar dinero de una de estas organizaciones sin ánimo de lucro a una compañía controlada por ella.
La Fiscalía presentó también hoy cargos por este caso contra An Chong-bum, un exasesor de la presidenta que supuestamente participó en estas actividades; y contra Jeong Ho-seong, antiguo secretario de Park, al que se le acusa de haber entregado documentos gubernamentales y presidenciales a Choi.
El equipo de fiscales explicó que no puede acusar formalmente a Park porque la Constitución surcoreana otorga inmunidad penal a la presidenta -excepto en casos de insurrección o traición- pero que seguirán investigando su implicación en el caso.
En este sentido se espera que la mandataria sea llamada a declarar la próxima semana con lo que se convertiría en la primera persona en ese cargo en ser interrogada por fiscales en relación a una investigación penal.
Ante las durísimas acusaciones, tanto la oficina de la presidenta como su abogado fueron contundente al rechazarlas y las consideraron invenciones cargadas de intencionalidad política.
«No puedo aceptar ninguna alegación que califique a Park como cómplice», aseguró en un comunicado el abogado de la presidenta, Yoo Yeong-ha, que añadió que el resultado de la investigación estaba «basado en la imaginación y las conjeturas».
Por su parte, los partidos de la oposición aprovecharon las acusaciones para pedir una vez más la dimisión de la presidenta.
«La presidenta se ha convertido en sospechosa, lo que crea las condiciones legales para presentar una moción para su sustitución», declaró a los medios Youn Kwan-suk, portavoz del opositor Partido Democrático.
En este sentido, insistió en que Park debería escuchar «las demandas de la gente» y renunciar voluntariamente en vez de «arrastrar al país a una crisis aún mayor».
Desde que saltara a la luz a finales de octubre, el escándalo conocido como «Choi Soon-sil Gate» ha desatado una enorme indignación entre los surcoreanos que se han manifestado de manera masiva para pedir la dimisión de la presidenta.
El momento álgido de las protestas fue el 12 de noviembre cuando un millón de personas se concentró en el centro de Seúl en la que se considera la manifestación más multitudinaria de la historia de la democracia del país.
Park ha perdido perdón en varias ocasiones y llegó a renunciar a sus poderes en el gabinete para hacer frente a la peor crisis política desde que llegara al poder en 2013. (El Mostrador EFE)
